Argel, 13 oct (EFECOM).- El gobierno de Argelia aprobó este domingo la nueva y polémica ley para la explotación de los hidrocarburos pese a la protesta de miles de personas que salieron a las calles de Argel y otras ciudades del país para protestar contra lo que consideran "un nuevo robo" al pueblo argelino.

La nueva disposición, redactada y aceptada por el consejo de ministros interino formado tras la dimisión el pasado abril del presidente Abdelaziz Bouteflika, abre el mercado energético a las empresas extranjeras al eliminar la norma que establecía que el reparto de las empresas debía ser al menos del 51 por ciento para el inversor argelino.

También facilita la búsqueda y explotación del controvertido gas esquisto en un intento por mantener en liza la única riqueza que explota el país, ya que el petróleo y el gas suponen más del 90 por ciento de las exportaciones nacionales en un país que apenas tiene otras industrias y está abocada a la importación.

Al tiempo que el Ejecutivo discutía la propuesta, miles de manifestantes se congregaban en torno al Parlamento en Argel al grito de "los traidores venden Argelia" y pedían que el nuevo texto legal "vaya el basurero", rodeados por un amplío dispositivo policial.

Una concentración convocada por el movimiento popular de protesta (Hiak) durante la manifestación celebrada el pasado viernes pese al aumento de la represión policial, en el trigésimo cuarto fin de semana consecutivo de una movilización contra el régimen militar que estalló el 22 de febrero.

A los tradicionales gritos contra un estado militar, los manifestantes sumaron este domingo el eslogan "no a la entrega de las riquezas de Argelia" a empresas extranjeras.

"Están vendiendo los hidrocarburos en una concesión de 90 años a los franceses. Nos oponemos a esto porque es el futuro de nuestros hijos el que está en juego. Quieren aprobar esta ley antes las elecciones, que serán una farsa que nos imponen", dijo a Efe Samir, un comerciante de 50 años.

Los manifestantes lanzaron, asimismo, consigna contra los diputados, a los que consideran responsables de la firma y que en su opinión deben ser juzgados.

Las protestas que se repiten desde hace ocho meses lograron en abril la caída de Bouteflika, forzada por el jefe del Ejército, general Ahmed Gaïd Salah, nuevo hombre del país, al que el mandatario nombró en 2004.

Desde entonces, decenas de opositores, miembros del Hirak, periodistas, militares, empresarios y políticos han sido cesados, arrestados y en algunos casos juzgados y condenados a penas de prisión.

Entre ellos destacan el hermano del presidente, Said Bouteflika, al que se consideraba el verdadero poder en la sombra, y el general Mohamad Mediane "Tawfik", durante 25 años jefe de los influyentes servicios secretos, que han sido condenados a diez años de prisión.