Madrid, 10 oct (EFECOM).- Los dos peritos cedidos por el Banco de España a la causa que investiga a los antiguos gestores del Banco Popular comparecerán ante la Audiencia Nacional en la semana del 10 al 14 de febrero de 2020, a fin de exponer ante las partes las conclusiones del informe aportado el pasado abril.

En la providencia conocida este jueves, el titular del juzgado central de Instrucción número 4, José Luis Calama, habilita cinco días para el interrogatorio de los expertos Santiago Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández, que en su trabajo descartaban que la entidad fuera inviable en la ampliación de capital de 2016.

No obstante, ambos advertían que durante la presidencia de Ángel Ron las cuentas "no respetaban" ciertos aspectos de la normativa e incluían tasaciones realizadas por empresas no registradas en el regulador, y llamaban la atención sobre el hecho de que el informe de auditoría de las cuentas de 2015 no advirtiera de ello.

Respecto a la ampliación de capital acometida en la primavera de 2016, todavía con Ron al frente y en la que se suscribieron títulos por 2.500 millones de euros, los peritos judiciales sostenían que "con independencia de otros posibles déficits de provisiones" el importe hubiera debido ser mayor para alcanzar sus objetivos.

Un tema al que recientemente ha hecho alusión el posterior presidente del banco, Emilio Saracho, que en su declaración ante el magistrado de la pasada semana aseveró que la cuantía de la operación se había quedado "muy corta", hasta el punto de que sólo las pérdidas de ese ejercicio fueron superiores.

El caso, iniciado en octubre de 2017, consta de dos piezas separadas, la primera por la ampliación, y la segunda por una posible manipulación del mercado tras la publicación de noticias con datos presuntamente falsos para hacer caer el valor de las acciones, ya en los 108 días de gestión de Saracho.

Excúpulas al margen, el procedimiento también se dirige contra el resto de integrantes de los dos últimos consejos de administración, la firma PwC y el socio auditor de las cuentas del Popular, que deberán declarar igualmente ante el juez Calama por supuesta falsedad societaria y administración desleal, entre otros delitos.