La patronal de la banca española, la AEB, y la de las antiguas cajas de ahorros, CECA, han destacado este martes que el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no ha considerado que el índice hipotecario IRPH sea "nulo ni abusivo".

En un comunicado conjunto remitido hoy, ambas patronales recuerdan que se trata de una cuestión prejudicial, planteada por un juzgado de Barcelona, que pese al aval dictado meses antes por el Tribunal Supremo español, quiso conocer la opinión europea sobre la legalidad y transparencia del índice.

El Abogado General reafirma en su valoración no vinculante que "los tribunales españoles son los competentes para analizar en cada caso particular el cumplimiento de las obligaciones de transparencia".

Añaden que el Abogado General del TJUE considera que sí se han cumplido las exigencias de transparencia de la Directiva 93/13/UE, teniendo en cuenta que el IRPH es un índice de referencia oficial que se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), Santos González, ha considerado, en declaraciones a Efe, que la opinión del letrado es "muy saludable", "puede que sea lógica" y "hay que tenerla en cuenta", pero ha señalado que es mejor esperar a la sentencia del TJUE, que se demorará unos meses.

"Nosotros tenemos que valorar las sentencias", ha insistido González, para quien "cualquier conjetura es prematura".

También ha destacado que hay "cierta tendencia" a que la opinión del abogado sea tomada en consideración por el TJUE y la sentencia vaya en la misma línea.

En cuanto al impacto económico que podría tener la sentencia para las entidades afectadas, ha explicado que si las consecuencias económicas fueran "considerables" sería "lógico" que tuviera "alguna repercusión en Bolsa pues sería un compromiso económico que habría que resolver".

Algunas asociaciones de consumidores calculan que las entidades podrían tener que devolver a los titulares de estas hipotecas en torno a 25.000 millones de euros, aunque Goldman Sachs calcula que serían unos 44.000 millones, si bien esto sería en el peor escenario previsto.

Por eso, "predecir lo que va a suceder en Bolsa en relación con una sentencia para la que quedan cuatro meses es especular e introducir elementos de incertidumbre que ahora debemos intentar evitar", ha señalado.