Economía

El Estado colombiano deberá devolver 19,1 millones USD a multinacional suiza

28 agosto, 2019 04:27

Bogotá, 27 ago (EFECOM).- El Estado colombiano deberá devolver 19,1 millones de dólares a la multinacional suiza Glencore después de que el tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) resolviera una demanda que interpuso la compañía en 2016 contra un fallo de la Contraloría.

"El Tribunal Arbitral del CIADI dictó el día de hoy el primer laudo de inversión en un caso colombiano", informó este martes la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en un comunicado.

Según esa entidad, Glencore buscaba cobrar al Estado colombiano 575 millones de dólares por daños y perjuicios, así como la devolución de 19,1 millones que el Grupo Prodeco, a cargo de las operaciones de la multinacional suiza en Colombia, había pagado a este país por el fallo de "responsabilidad fiscal emitido por la Contraloría General de la República" en enero de 2016.

Ese fallo fue aplicado a Prodeco por el presunto detrimento patrimonial causado al Estado tras la negociación y suscripción del otrosí de un contrato de concesión que según la agencia "modificaba injustificadamente" a su favor "el sistema de cálculo de las regalías para la explotación de carbón" en una mina de la región Caribe colombiana.

Esa empresa también pidió al tribunal que ordenara al país andino "abstenerse de iniciar nuevos procedimientos en la Contraloría y desistir del procedimiento de nulidad" del otrosí.

No obstante, el tribunal arbitral del CIADI sólo ordenó la devolución de los 19,1 millones de dólares y desestimó las demás reclamaciones.

"La efectividad de la estrategia de defensa jurídica del Estado redujo en un 97 % las pretensiones económicas reclamadas por Glencore. La defensa estuvo a cargo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y de la firma Dechert LLP", agrega la información.

Según el tribunal, la medida adoptada por la Contraloría se realizó "con estricto apego a la ley y al debido proceso", aunque cuestionó el cálculo que hizo esa entidad para determinar el detrimento del patrimonio público y por ello ordenó la devolución del monto pagado.