El banco italiano Carige informó este lunes en un comunicado de que convoca a sus accionistas el próximo 20 de septiembre para aprobar una ampliación de capital de 700 millones de euros, en la que participarán el Fondo Interbancario de Garantía de Depósitos (FITD), entre otros.

La ampliación de capital forma parte del acuerdo al que llegaron el pasado 10 de agosto este fondo, la Cassa Centrale Banca-Crédito Cooperativo Italiano (CCB), la Sociedad de Gestión de actividades (SGA) y otras instituciones financieras, con el objetivo de evitar la quiebra de la entidad italiana.

La ampliación prevé la emisión de 700.000 millones de nuevas acciones a un precio de 0,001 euros cada una, señaló e comunicado.

Los accionistas que se unan a la operación en el tramo reservado para ellos también recibirán 21.250 millones de warrants gratuitos en la proporción de uno por cada cuatro acciones ordinarias, suscritas con un aumento adicional de capital de 21,250 millones.

Los medios italianos explican que, si se aprueba la ampliación de capital, la familia Malacalza, accionista mayoritario de la antigua Caja de Ahorros genovesa, verá diluida su participación del actual 27,5% al 2%, si no participa en el proceso de salvamento del banco.

Si suscribe el 27,5% de los 85 millones de euros en su tramo reservado, su participación caerá inicialmente al 5,1% y después será inferior al 5,9 %, cuando compre las acciones con descuento vinculadas a los warrants gratuitos con un desembolso adicional.

El banco italiano Carige está intervenido desde enero por el Banco Central Europeo (BCE), después de que en diciembre la Junta de Accionistas no consiguiera aprobar una emisión de bonos y una ampliación de capital por valor de 400 millones de euros, lo que derivó en la posterior dimisión de la mayoría de los directivos.

La familia Malacalza bloqueó estas iniciativas porque consideró que no eran suficientes, pues el banco ya tuvo que ampliar su capital en 500 millones de euros a finales de 2017 y recibió en julio de 2018 una advertencia del BCE para que solucionara su situación de crisis.

En enero, el Gobierno italiano aprobó un decreto ley que abría a una posible recapitalización cautelar con dinero público si fuera necesario, opción que la entidad ha rechazado por el momento.