La defensa de BFA se ha erigido este miércoles protagonista en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, en una sesión en la que ha afeado a los peritos judiciales ser más rigurosos que el Banco de España que, tras dos años de inspección en cuatro de las principales cajas del grupo, concluyó que no tenían problemas significativos.

Durante la prueba que celebra desde el lunes la sección cuarta de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, los expertos cedidos por el organismo a la causa, Antonio Busquets y Víctor Sánchez Noguera, han afirmado que "no es habitual tener dos años abierta una inspección", como sucedió en Caja Madrid, Bancaja, Caja de Canarias y Caja Ávila, las cuales finalmente no fueron sancionadas.

Así lo han explicado a preguntas del letrado de BFA, Alberto Gómez Fraga, al que han admitido que el Banco de España "ni sancionó ni abrió expediente disciplinario" una vez concluido su trabajo en las cuatro entidades.

"Yo creo que es que vieron una situación difícil y la jefatura dijo: 'vamos a seguir la inspección'", ha relatado Busquets, que ha añadido que el regulador optó por ampliar el plazo habitual de cuatro o cinco meses "para ver cómo seguían evolucionando determinados temas".

A lo largo de la mañana, ambos peritos han ratificado algunos de los extremos planteados en las dos jornadas anteriores, y han incidido en que los estados consolidados de BFA a 31 de diciembre de 2010 presentaban algunos "errores contables".

También han vuelto a criticar que el recién surgido grupo cargara contra reservas y no contra resultados los ajustes de la integración.

Sin embargo, ante la insistencia de las defensas, ninguno de los dos ha podido precisar si esta práctica contable era normal en el contexto de la época, cuando proliferaron los procesos de fusión fría entre antiguas cajas, tal como sostienen los acusados.

Tanto Busquets como Sánchez Noguera han comparecido por tercer día consecutivo a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que solicita hasta cinco años de cárcel para los exgestores de BFA-Bankia (Rodrigo Rato, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú) por presunta estafa a inversores.

Delito al que se suma el de supuesta falsedad contable, como achacan las acusaciones particulares y populares, entre ellas la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que eleva su solicitud de pena hasta los doce años de cárcel para una treintena de directivos y el socio auditor.