La Audiencia Nacional ha condenado a José María Torrens, uno de los dueños del grupo Petromiralles, a 18 meses de prisión por defraudar a Hacienda 5,7 millones de euros en IVA entre 2009 y 2010 a través de la sociedad Hercobús, creada de espaldas a su hermano para multiplicar sus ganancias personales.

En la sentencia conocida este viernes, la sección tercera de la sala de lo Penal impone penas que oscilan entre el año y los cuatro meses de cárcel para otros tres acusados, que deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria al fisco con la cantidad defraudada, y a los que aplica como circunstancia atenuante las dilaciones sufridas por la causa.

Los magistrados absuelven, en cambio, al resto de implicados en la trama, incluido a Pedro Torrens, otro de los dueños del grupo, del que "no consta que tuviera participación alguna en el fraude urdido y ejecutado por José María".

De hecho, prosiguen, la defraudación del impuesto del impuesto sobre el valor añadido (IVA) "se efectuó en favor de una empresa fantasma que sólo benefició a su hermano, en perjuicio de los intereses de Pedro Torrens como dueño de Petromiralles", que incurrió en gastos y perdió los beneficios que podía haber ganado con la venta minorista del hidrocarburo a terceros.

Durante el juicio, el ahora absuelto se desmarcó de cualquier tipo de irregularidad ya que, como encargado de la logística de la compañía, no estaba al tanto de la gestión administrativa del negocio, argumentos que avala la sala.

El relato entiende probado que José María Torrens creó "ad hoc" Hercobús para culminar su plan de crear una sociedad "trucha", dirigida por él, que hiciese la competencia al propio grupo familiar vendiendo carburantes a precios más bajos, consiguiendo unos "enormes beneficios" que se multiplicaban, "al no tener que repartir las ganancias con su hermano".

Fue así como se alió, al menos desde principios de 2008, con un antiguo colaborador de Petromiralles, Mohammad Reza, "hombre de paja" de la nueva empresa.

Incumpliendo la normativa, ambos consiguieron "no sólo captar al mercado, sino obtener unas ganancias impensables con dicha actividad al vender el producto sin cumplir con las cargas fiscales, a sabiendas de que sería detectado".

A pesar del riesgo continuaron con la operativa contando con que Hacienda tardaría "un tiempo" en investigarles, el suficiente para obtener "sustanciosos beneficios ilícitos con la evasión del pago de impuestos", ocultando la titularidad real de Hercobús y confiando en que, cuando se descubriese, "no se encontraría persona solvente alguna a quien poder reclamar".

Para garantizar este último extremo, contactaron con Emili Miramunt, al que se nombró administrador y propietario único de la compañía pese a que "carecía de trabajo y de dinero para tal adquisición" ficticia.