Economía

Cs centra su programa en bajar IRPF, ayudar a familias y luchar contra fraude

16 abril, 2019 12:56

Madrid, 16 abr (EFECOM).- Ciudadanos ha centrado sus propuestas económicas frente a las elecciones del 28 de abril en rebajar el IRPF a las rentas altas, a los trabajadores del mundo rural, ayudar a las familias y a los autónomos y en medidas para evitar el blanqueo y la lucha contra el fraude.

Estas son las principales medidas económicas de su programa "Nuestro compromiso con los españoles".

- Bajar el tramo máximo del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) un punto, al 44 %, a partir de rentas de 60.000 euros anuales y establecer deducciones fiscales de 1.200 euros anuales para familias con dos hijos y monoparentales con 1 hijo, y de 2.400 euros para familias numerosas con 3 hijos y monoparentales con 2 hijos.

- Bajar el 60 % el IRPF para los municipios que hayan tenido pérdidas de población en los últimos 10 años, que tengan menos de 5.000 habitantes, una densidad inferior a 8 habitantes por kilómetro cuadrado y con una renta inferior al 75 % de la renta nacional.

- Ampliar a 2 años la tarifa plana para nuevos autónomos y poder aplazar el pago del IVA de facturas impagadas. Si se superan 60 días, los autónomos podrán solicitar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) que reclamen al deudor.

- Los autónomos con ingresos reales inferiores al salario mínimo anual no pagarán cuotas ni tampoco los que sean padres o madres durante los tres años siguientes a la finalización de sus permisos por el nacimiento de un hijo.

- Los autónomos podrán realizar su actividad y recibir el 100 % de la pensión contraten o no a un trabajador por cuenta ajena.

- Establecer un régimen sancionador para los deudores morosos y flexibilizar los requisitos para condonar las deudas con Hacienda y la Seguridad Social a todos los deudores de buena fe.

- Eliminar deducciones fiscales en el Impuesto de Sociedades, liberar del Impuesto de Sociedades a las "startup" durante los dos primeros años de su creación, bonificar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y reformar el Impuesto de Sociedades para "cerrar agujeros" y hacer que las pymes no paguen tipos efectivos superiores a los de las grandes empresas.

- Reforzar con más medios el trabajo que hace la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) para revisar el gasto en subvenciones y eliminar el gasto superfluo, así como suprimir las diputaciones provinciales.

- Restringir el pago en efectivo entre empresas y entre particulares y empresas a 1.000 euros y mantener el límite de 2.500 euros en los pagos realizados por particulares así como garantizar el derecho de los consumidores a pagar cualquier bien o servicio con tarjeta de crédito, limitando las comisiones.

- Extender la lista de morosos con Hacienda, reduciendo su umbral a 600.000 euros y ampliar la información para incluir a los responsables solidarios de los deudores. Endurecer las penas del delito fiscal y limitar los supuestos en los que se pueda rebajar la pena del delito mediante el pago.

- Revisar el diseño y la aplicación de la regla de gasto y armonizar y simplificar las normas autonómicas con la aprobación de un Código Mercantil y otros en tributos, finanzas, energía, consumo, competencia o transportes.

- Elevar el umbral de facturación en los pagos fraccionados en el Impuesto de Sociedades y en la liquidación del IVA y crear un nuevo tipo de auditoría abreviada para pymes.

- Único contrato indefinido y bonificación de cotizaciones por desempleo de las empresas que despidan menos. Creación de cuentas personales para cada trabajador que financiará su indemnización y la prestación por paro siguiendo el modelo de la "mochila austríaca".

- Implantación progresiva del complemento salarial garantizado para luchar contra la pobreza laboral, empezando por los jóvenes, y compatibilizar el trabajo con el 100 % de la pensión.

- Implantación del cheque-formación para poder elegir los cursos de formación.

- Garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas según establezca el Pacto de Toledo e implantación de la Tarjeta Social para tener información de todas las prestaciones sociales en España, así como de unos requisitos comunes para las rentas mínimas de inserción social de las CCAA.

- Sustituir el sistema actual de cálculo quinquenal del cupo vasco por una metodología elaborada por AIReF y aplicar la misma reforma en el caso de la aportación navarra.

- Plan de Estrategia Nacional de Administración Digital para que todos los trámites puedan hacerse por teléfono.

- Ley de fomento del Ecosistema de Startups que incluye que las innovadoras no paguen impuestos durante los 2 primeros años, fondos de inversión públicos de coinversión, fórmulas de financiación participativa y la regulación de los bancos de pruebas (sandbox) para desarrollar proyectos innovadores.

- Ley ‘Antidedazos’ en los Organismos Reguladores para garantizar la independencia y autonomía presupuestaria y que sus responsables sean elegidos mediante un procedimiento de selección transparente y meritocrático.

- Convertir la Oficina de Regulación y Supervisión de la Contratación Pública en una autoridad independiente encargada de garantizar la publicidad, neutralidad y transparencia de los contratos públicos y controles de la normativa de contratación a los partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicatos.

- Dotar de un marco regulatorio nacional al alquiler de viviendas de uso turístico y una nueva Ley de Mecenazgo que incremente los incentivos fiscales.

- Desarrollar la figura de las viviendas dotacionales públicas para ofrecer un servicio de alquiler temporal a todas las personas con especiales dificultades para acceder a una vivienda en alquiler.

- Eliminar el copago para los dependientes severos y grandes dependientes.

- Equiparación salarial de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

- Premiar la eficiencia en el consumo para reducir su precio más de un 30% y una senda de reducción de la deuda tarifaria, así como la reforma del sistema de tarifa eléctrica para hacerla más transparente.

- Inversión en I+D+i hasta el 2 % del PIB al final de la legislatura.