Los trabajadores de la planta que la multinacional del aluminio Alcoa tiene en San Ciprián, en el municipio de Cervo (Lugo), consideran que el alto precio de la electricidad supone una amenaza para el futuro de sus puestos de trabajo.

El presidente del comité de empresa, Xosé Paleo, ha dicho a Efe que los trabajadores se sienten "con la cabeza debajo del agua" y que no saben "cuánto tiempo" podrán aguantar.

Alcoa, que tiene previsto cerrar sus instalaciones de La Coruña y Avilés (Asturias), alertó la semana pasada de que la viabilidad de la planta de aluminio de San Ciprián estaba en riesgo si el Gobierno no adopta medidas adicionales a las incluidas en el borrador del Estatuto de Consumidores Electrointensivos.

La planta de Lugo, la mayor de Alcoa en España, da empleo a 1.300 trabajadores de manera directa y a 600 a través de empresas auxiliares, más del doble que las otras dos juntas: A Coruña (369) y Avilés (317).

Paleo ha explicado que el borrador del estatuto específico para empresas electrointensivas presentado por el Gobierno no "genera certidumbres" y, además, "no llega" ni siquiera para "tener un precio de la electricidad que se aproxime al que hay en Francia" para ese tipo de industrias.

"Llegar a ese precio nos permitiría sacar la nariz y la boca de debajo del agua, aunque continuásemos teniéndola a la altura del cuello, mientras que en otros países, como Noruega, la tienen al nivel del ombligo", ha apuntado.

A su juicio, llegar a una tarifa que se aproximara a la francesa sería un alivio para los empleados de la factoría.

Paleo ha expresado su esperanza en que el Gobierno central "tenga capacidad de maniobra" y "margen" para "salvar a la industria del aluminio" en España con ese estatuto.

Según Paleo, los sindicatos han presentado alegaciones en las que explican que en la producción de aluminio el 40 % de los costes de producción son de energía eléctrica, a diferencia de otras empresas electrointensivas en las que el porcentaje es menor.

En su opinión, abaratar el coste de la energía tiene que ir acompañado de "contraprestaciones" por parte de las empresas en forma de "garantías de inversión y de continuidad de los puestos de trabajo".