El secretario del comité de empresa de La Naval, Juanjo Llordén, ha asegurado este martes que recurrirán ante el Tribunal Superior del País Vasco el despido de la totalidad de la plantilla si antes no hay un "gesto" de los gobiernos vasco y central para salvar la empresa.

Los trabajadores de La Naval han celebrado hoy una asamblea en Sestao y posteriormente una manifestación en Bilbao, desde la subdelegación del Gobierno de España hasta las oficinas del Ejecutivo vasco.

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao, que lleva el proceso de liquidación de La Naval, ha comunicado el auto de extinción de los contratos de los 173 empleados de la empresa, de los que 150 tienen garantías de empleo para ser recolocados en el grupo público Navantia.

En cuanto reciban la notificación del despido, los sindicatos tienen 5 días para comunicar al juez concursal la decisión de recurrir y después un plazo para presentar la demanda ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

"La judicialización no es un capricho, es un arma que tenemos los trabajadores para defender al astillero. Si no vemos ningún gesto lo vamos a judicicializar sí o sí, luego hay plazo para quitarlo en cualquier momento. Si nos sentamos a dialogar con inversores y gobiernos en un minuto se puede desjudicializar", ha declarado Llordén a los periodistas.

El dirigente del sindicato CAT ha explicado que ese recurso es un "as en la manga", por el que renunciaron a negociar una mayor indemnización por despido, para evitar que un inversor se haga con el astillero sin trabajadores para contratar a quienes quiera y en unas condiciones laborales peores.

Ha insistido en que la solución pasa porque los gobiernos vasco y central compren el astillero y acabar en los próximos veinte meses la draga que está a medio construir, plazo en el que se elaboraría una plan de viabilidad.