Madrid, 25 feb (EFECOM).- La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha reclamado este lunes al Gobierno la aprobación de un real decreto que establezca un régimen sancionador para la morosidad, ante el aumento de los plazos medios de pago detectado en 2018.

En un encuentro con medios, el presidente de la plataforma, Antoni Cañete, ha pedido la regulación por decreto ante la inminente disolución de las Cortes, que hará decaer la proposición de Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad donde se incluía el régimen sancionador.

La Plataforma también reclamará a todos los partidos políticos que sitúen la lucha contra la morosidad entre sus prioridades, ya que "el 80 % del trabajo está hecho", a pesar de los "intereses y presiones" que han intentado una involución de la normativa durante la tramitación de la proposición de Ley.

Cañete ha presentado el informe sobre plazos de pago de 2018, que arroja un aumento en los períodos medios tanto en el sector privado (81 días, 4 más que en 2017 y 21 por encima del plazo legal) como en el público (68 días, 3 más y 38 por encima del plazo legal), lo que ha considerado "preocupante".

Respecto al sector privado, Cañete ha explicado que el aumento del plazo medio se debe sobre todo al comportamiento de las grandes empresas -los encuestados alegan que sólo el 19 % de ellas paga a tiempo, frente al 42 % de pequeñas y medianas empresas (pymes)-, que en un entorno de pérdida de márgenes han optado por la gestión financiera de los pagos para mantenerlos.

"O hay un control del cobro" a través de un régimen sancionador o "el que tiene posición de dominio" va a pagar más tarde, lo que redunda en una pérdida de competitividad de la economía en su conjunto, ha asegurado.

El estudio también arroja otros datos "preocupantes", como el repunte de los impagos, que alcanzaron el 2,9 % del total de facturación, medio punto más que en 2017, y que si continúa al alza podría llevar a "empezar a ver quiebras".

Aunque insiste en que España no está en crisis y que la situación es muy diferente a la de 2007, alerta de "nubes en el horizonte" y del riesgo de adoptar "medidas populistas" como aumentar los salarios sin que mejore la competitividad empresarial.

Cañete también ha destacado que el 63 % de los encuestados asegura haber firmado contratos con plazos de pago por encima del límite legal -lo que ha considerado un "escándalo"-, que el 86 % nunca o casi nunca exige intereses de demora y que el 92 % nunca pide indemnización por costes de recobro.

El presidente ha alertado de que existen grupos de presión que pretenden "controlar" sus márgenes de negocio mediante los plazos de pago, como se demostró durante la tramitación de la proposición de ley contra la morosidad en el Congreso, donde se iba a introducir una enmienda para restaurar la posibilidad de pactar plazos por encima del límite legal, lo que habría sido una "catástrofe".