Madrid, 13 feb (EFECOM).- Peritos de la Agencia Tributaria han asegurado hoy en la Audiencia Nacional que Hercobús funcionaba como sociedad pantalla de Petromiralles "con vocación de defraudar IVA desde el minuto uno", como muestran las irregularidades que detectaron ya en la primera declaración de este impuesto.

Un discurso por el que la fiscal Teresa Sandoval ha ratificado su petición de seis años de cárcel para los dueños del grupo petrolero, los hermanos José María y Pedro Torrens, por el presunto fraude de 5,7 millones de euros y blanqueo, delitos por los que reclama idéntica pena para otras cuatro personas y tres años para los dos supuestos colaboradores restantes.

Según han explicado a la sección tercera de la sala de lo Penal los técnicos de Hacienda, Petromiralles se benefició de lo defraudado por Hercobús (3,4 millones en 2009 y 2,3 millones, un año más tarde), sociedad que presentó declaraciones de IVA con cantidades que "venían manipuladas" por escrito "en un papel".

Sobre la venta de la última compañía en 2009 a Brian Ruffle, han aseverado que "desde el primer momento" el fisco tuvo claro que actuaba como testaferro de la trama, tal como apuntaron los investigadores de la Guardia Civil, que vincularon su nombre a otra decena de sociedades instrumentales en España y al escándalo de los Papeles de Panamá.

Aunque actualmente se encuentra en situación de rebeldía, la Fiscalía ha anunciado que está en trámites de solicitar la extradición de Ruffle, contra el que también se dirige el proceso, tras localizarlo en Suiza.

Para el Ministerio Público, "ha quedado claramente establecida la cuantía del fraude", el cual ha calificado de "sencillísimo" ya que bastaba con "crear una empresa pantalla e inventarse un IVA soportado".

Respecto al papel del resto, los considera "colaboradores necesarios" sin los cuales no se hubiera podido llevar a cabo el delito, incluido el que fuera primer administrador de Hercobús y amigo de la familia Torrens, Emili Miramunt.

"Todos sabían la procedencia ilícita de los bienes", ha señalado Sandoval a la sala en alusión al blanqueo de capitales.

En la misma línea se ha manifestado la Abogacía del Estado, en calidad de acusación particular, que ha sostenido que con su actuación Hercobús pretendió crear un régimen fiscal ventajoso, motivo por lo que se ha adherido a la petición de la Fiscalía y solicita una responsabilidad civil de 5,7 millones de euros.

Por su parte, la defensa de los Torrens ha negado que "participaran en este negocio", y ha afeado a la Agencia Tributaria por no tener en cuenta que Petromiralles "se convirtió en el principal facilitador de la información del fraude", un "extremo importante que ni tan siquiera se menciona".

Mientras que la letrada de Miramunt ha matizado que su cliente reconoció, tanto en su escrito de defensa como antes en la fase de instrucción, haber defraudado IVA, por lo que le pidió que se pusiera en contacto con Petromiralles para evitar las consecuencias legales que podría acarrearle.

"Es consciente de que no abonó el pago, pero no lo hizo voluntariamente sino que, ilusoriamente, pensó que lo podía hacer", ha resaltado.

La anécdota de la sesión la ha protagonizado el presidente de la sala, el juez Alfonso Guevara, durante la pericial conjunta.

"Sea más amable con los peritos, no son enemigos aunque con Hacienda siempre temblemos", ha espetado a uno de los expertos propuestos por las defensas.