Madrid, 31 ene (EFECOM).- El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha dicho este jueves en el Congreso que si en Madrid se ha regulado la actividad de un millar de patinetes eléctricos también es posible "hacer lo mismo" con los vehículos de VTC.

Ha subrayado que la norma que transfiere las competencias a las comunidades autónomas (CCAA) en materia de VTC "no es una ofensiva a las plataformas digitales" como Cabify o Uber, y ha diferenciado la labor de estas empresas con las que poseen licencias de VTC.

En el turno de preguntas durante la comparecencia del ministro, el portavoz de Ciudadanos Fernando Navarro ha criticado la norma de VTC por "multiplicar el problema evidenciado con el caos en Barcelona y Madrid".

Navarro ha subrayado que el Gobierno "está abandonando" a los trabajadores de VTC y ha calificado como el "mayor ERE de la historia en Cataluña" el anuncio de abandono de operaciones en Barcelona por Uber y Cabify.

Ábalos ha recordado que la nueva norma sobre VTC "da libertad pero no obliga" a las CCAA a regular esta actividad y ha precisado que disponen de 4 años para hacerlo y no generar un vacío legal que haría trasponer la norma al ámbito nacional.

El portavoz del PSOE César Ramos ha indicado que en el conflicto del taxi "solo hay un problema en Madrid, en donde no se hace nada".

Ha responsabilizado al PP de la situación actual y ha destacado que Cataluña "se ha puesto a trabajar en ello".

El ministro ha apuntado que el foco del problema del incremento de los VTC se dio con la irrupción de las aplicaciones para móviles o "app" en el año 2013 y con el PP en el Gobierno.

Guillermo Mariscal, en representación del PP, ha hecho responsable al ministro de Fomento de la marcha de Uber y Cabify de Barcelona y se ha mostrado partidario de "dar libertad de elección al usuario para conseguir mejores precios y servicio junto con normas de convivencia".

Ha añadido que su formación es partidaria de derogar la actual norma sobre VTC de traslado de competencias, la creación de un fondo nacional para el taxi y la prohibición de medidas administrativas que puedan restringir la digitalización de la economía.

Gabriel Rufián (ERC) ha comentado que el problema no es Uber "sino el afán del neoliberalismo por precarizar nuestras vidas".

Por Unidos Podemos, su portavoz Rafael Mayoral se ha mostrado partidario de "regular y poner límites" para no ir a "ciudades sin ley".