Lisboa, 30 ene (EFECOM).- El consejo de administración de la estatal Caixa Geral de Depósitos, el mayor banco de Portugal, busca eventuales "responsables civiles" de la deficiente gestión de la entidad entre 2000 y 2015, periodo en el que se registraron pérdidas de más de 1.000 millones de euros en créditos de riesgo elevado.

Así lo avanzó hoy el ministro de Finanzas, Mário Centeno, en una comisión parlamentaria en la que se abordaron las posibles consecuencias de este mal resultado, evidenciado en una auditoría elaborada por la consultora Ernst & Young que, de forma parcial, se filtró la semana pasada.

"El consejo de administración de la CGD está trabajando para apurar responsabilidades civiles, porque el Ministerio de Finanzas dio esa indicación", aseguró Centeno.

El ministro reaccionaba así tras el polvorín levantado por la filtración de algunas partes del informe preliminar, cuya versión definitiva no se ha hecho pública y ha sido remitida al Banco de Portugal, al Banco Central Europeo y a la administración de la propia CGD.

Con todo, algunos de los datos conocidos han levantado una fuerte polémica, especialmente los más de 1.000 millones de euros que, según la auditoría, se perdieron en la concesión de créditos de riesgo elevado entre los años 2000 y 2015.

La cifra supone un nuevo golpe en la imagen de la CGD, una entidad que ha generado numerosos problemas al Estado luso en los últimos tiempos y que en 2017 tuvo que ser recapitalizada con cerca de 5.000 millones de euros.

"Esa mala gestión existió y tuvo costes", admitió sin ambages el ministro.

Durante su intervención hoy en la comisión de Finanzas, Centeno recordó que ésta es la primera auditoría que se realiza al banco "en veinte años", y subrayó que ha sido el Gobierno del socialista António Costa el que finalmente ha pedido una revisión de las cuentas.

"Nadie en este Gobierno tiene ningún problema con la cuestión de la autoría y con las consecuencias que ésta pueda tener", agregó.

Por ello, apuntó que desde el Ejecutivo se ha dado indicación a los responsables de la entidad "para llevar hasta las últimas consecuencias todas las acciones que sean necesarias" en relación con quienes estuvieron involucrados en esa deficiente gestión.

Tras el debate generado en el país sobre las conclusiones del análisis, la consultora Ernst & Young publicó una nota en la que señaló que la versión final de la auditoría fue emitida en junio de 2018 y todos los documentos preliminares no deben tenerse en cuenta.