Madrid, 21 ene (EFECOM).- La Audiencia Nacional ha pedido a las partes personadas en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia que aporten soluciones que permitan retomar la vista, suspendida al menos hasta la próxima semana por motivos de salud de la fiscal del caso, Carmen Launa.

En una providencia conocida hoy, la sección cuarta de la sala de lo Penal busca solventar "la situación de paralización por tiempo incierto", no convencida de la propuesta de Alejandro Luzón, jefe de Anticorrupción en la instrucción, de celebrar una única sesión entre los próximos 4 y 8 de febrero que permita concluir el interrogatorio del expresidente de la entidad Rodrigo Rato.

En concreto, la sala que preside la jueza Ángela Murillo considera que la medida de Luzón "puede resultar inadecuada a los intereses de las otras partes" especialmente de la treintena de exdirectivos, el socio auditor, así como Bankia, su matriz, BFA, y la auditora Deloitte, sobre los que no pesa acusación de la Fiscalía.

El pasado 11 de enero, el tribunal acordó suspender las sesiones al menos durante dos semanas, tras lo cual remitió un oficio al Ministerio Público con el fin de que informara de la fecha del juicio en la que podría contar con un nuevo representante.

En su respuesta, Luzón apuntaba que el plazo de recuperación de la fiscal "no debería ser superior a un mes", periodo en el que "no es posible su reemplazo debido tanto a la indiscutible complejidad del procedimiento como a los limitados medios personales disponibles".

La incorporación pública de Launa al procedimiento se produjo el pasado 26 de noviembre en una jornadaa, la primera de la vista, en la que estuvo acompañada en el estrado por Luzón.

Especialmente notoria resultó su exposición de cuestiones previas, en la que anunció un posible cambio de calificación del escrito inicial, que sólo se dirige contra Rato y los otros tres exadministradores de hecho del banco, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú por estafa a los inversores.

Con ello abría las puertas a ampliar los cargos inicialmente atribuidos y contemplar un posible delito de falsedad contable que afectaría a la treintena de exdirectivos del grupo financiero y al socio auditor, que se enfrentan a penas de hasta doce años de cárcel solicitadas por las acusaciones particulares y populares.