Banderas de la Unión Europea.
Forrester: la soberanía tecnológica apenas avanzará hasta 2030 y Europa seguirá dependiendo de EEUU y China
Según los expertos, España sigue muy lejos de las dos grandes potencias y dependerá de alianzas para cerrar sus brechas en inteligencia artificial, computación en la nube, chips y centros de datos.
Más información: Europa paga 265.000 millones a las 'big tech' de Estados Unidos cada año mientras presume de su soberanía digital.
La carrera digital se mide, desde hace unos años, en forma de soberanía tecnológica. O, lo que es lo mismo, por la capacidad de cada polo regional por autoabastecerse y liderar los principales puntos de una cadena de suministro que cada vez es más débil y sujeta a vaivenes geopolíticos. La propia Unión Europea -y, por extensión, el Ejecutivo de Pedro Sánchez- ha hecho bandera de este principio como un eje vertebrador de su política de futuro.
Y, sin embargo, ni había una unidad de medida estándar de ese grado de autonomía estratégica ni se sabía a ciencia cierta el nivel de dependencias que tenemos respecto a otras potencias.
Esa laguna de conocimiento es la que pretende cubrir Forrester con una particular unidad de medida en la que ha analizado a 14 países y regiones del globo en cuanto a su capacidad para desarrollar, operar y proteger tecnologías críticas de forma independiente. Y los resultados no dejan en buen lugar al Viejo Continente ni a nuestro país.
A escala global, ese grado de soberanía tecnológica apenas mejorará durante el próximo lustro, pasando del 39% en 2025 al 40% en 2030. China encabeza la clasificación con una puntuación del 82%, seguida de Estados Unidos con el 79%, manteniendo ambos una ventaja muy amplia sobre el resto de economías del planeta.
Según Forrester, esta situación obligará a la mayoría de países a apoyarse en alianzas estratégicas para reducir sus dependencias en ámbitos críticos de la carrera digital, especialmente en todo lo que concierne a la inteligencia artificial.
En ese segundo bloque, el de las regiones dependientes, están los principales países europeos. Alemania y España pasarán del 34% al 36% de soberanía tecnológica entre 2025 y 2030, mientras que Francia avanzará del 33% al 35%; Reino Unido, del 30% al 32%; e Italia, del 27% al 29%.
Lo irónico es que, pese a estas mejoras, los analistas consideran que todos ellos seguirán siendo altamente dependientes de proveedores extranjeros en componentes esenciales como los semiconductores, el software empresarial, los servicios cloud o la capacidad de centros de datos.
De hecho, el informe sostiene que el objetivo de alcanzar una independencia tecnológica completa resulta poco realista incluso para las economías más avanzadas. E incluso apelan ya a una suerte de pragmatismo en las políticas públicas que no busque eliminar esas dependencias, sino gestionarlas de forma estratégica para reducir los riesgos derivados del contexto geopolítico.
Los chips son el nuevo oro
La fabricación de semiconductores será el área donde se producirá el mayor progreso en soberanía tecnológica durante los próximos cinco años. O al menos eso afirma el estudio de Forrester, porque recordemos que España ha sido incapaz de materializar la mayor parte del PERTE Chip o de cumplir la promesa del presidente Sánchez de traer una fábrica de chips a territorio patrio, incluso con el regadío de fondos europeos.
No es de extrañar, por tanto, que si analizamos el desglose por países sean Estados Unidos y Corea del Sur los que realmente dan el mayor salto, elevando sus indicadores desde el 45% hasta el 79%. Japón mejorará del 36% al 53%, China pasará del 40% al 51% e India comenzará a desarrollar capacidad propia, avanzando del 0% al 13%. España y Europa, como pueden comprobar, ni están ni se las espera en esta contienda.
El paquete de soberanía europeo
Este jarro de agua fría llega apenas un mes después de que la Comisión Europea presentara el Tech Sovereignty Package. Se trata de la mayor apuesta continental por alcanzar la ya mentada soberanía tecnológica y reducir las dependencias digitales de Estados Unidos y Asia. Empero, ni su desarrollo (plagado de retrasos) ni su posterior puesta en marcha terminan de convencer al sector.
El paquete se articula a través de cuatro iniciativas interconectadas que cubren toda la cadena de valor digital, desde los semiconductores hasta el software y la energía.
La primera y más polémica es la Ley para el Desarrollo de la Nube y la Inteligencia Artificial, conocida como Cloud and AI Development Act o CADA. La norma establecerá criterios más estrictos para seleccionar proveedores de cloud en licitaciones estatales de alta criticidad, incluyendo requisitos obligatorios que no sólo atañen al precio: que el software y el hardware hayan sido desarrollados dentro de la UE, que el proveedor esté bajo control europeo en materia de datos, y que el país de origen del proveedor permita a su vez acceso al mercado para servicios cloud europeos.
![Banderas de la Unión Europea.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11017901.jpg?p=w:320\/h:240&h=TY4j0URl"])
En sectores como la banca, la energía, la sanidad o la defensa, estos criterios podrían excluir de facto a Amazon, Microsoft y Google de los contratos más relevantes. Y la amenaza no es menor: el incumplimiento conllevará multas de hasta 35 millones de euros o el 7% de la facturación global.
La segunda pata es el Reglamento de Chips 2.0, que amplía y endurece la primera Ley Europea de Chips. La principal novedad es que la Comisión se otorga el poder de anular contratos de suministro de semiconductores en situaciones de emergencia o escasez, multar a empresas que oculten información sobre su cadena de suministro y actuar como comprador central para los 27 estados miembros, replicando el modelo que funcionó con las vacunas durante el covid. La novedad estructural, sin embargo, es más sutil: incorpora mecanismos para estimular la demanda interna de chips fabricados en la UE, algo que ya se intentó con los fondos europeos de recuperación sin demasiado éxito que digamos.
La tercera iniciativa es la Estrategia de Ecosistemas Digitales Abiertos, concebida para impulsar el uso del software de código abierto en administraciones públicas e instituciones comunitarias. La meta es alcanzar 30 millones de usuarios activos para 2030 en herramientas europeas de colaboración digital, mensajería instantánea y correo electrónico seguro. Asimismo, se creará un Instrumento Europeo de Mantenimiento de Código Abierto que proporcionará apoyo financiero estable para mantener proyectos críticos y desarrollar bifurcaciones independientes cuando existan riesgos de dependencia o vulnerabilidades de seguridad. A esto se suma una nueva Organización Europea para la Custodia de Infraestructuras Digitales Públicas que garantizará el mantenimiento a largo plazo de estos activos.
Por último, la cuarta iniciativa es la hoja de ruta para la digitalización e inteligencia artificial en el sector energético, dotada con 20.000 millones de euros para ejecutar planes de IA soberana en uno de los sectores más críticos para la autonomía continental.
