Bruselas pone a dieta toda su regulación digital tras la desconcertante vorágine legislativa del último lustro

Tras los excesos navideños toca ponerse a dieta, y tras la vorágine regulatoria que la Unión Europea ha protagonizado en materia digital, también. Tras el tirón de orejas de documentos como la Brújula de la Competitividad o el 'informe Draghi', Bruselas está afanada ahora en reducir el extenso y vasto catálogo normativo que obstaculiza la innovación en el Viejo Continente y, más grave todavía, trae de cabeza a todo el tejido empresarial al cumplir con normas diversas y hasta contradictorias entre sí.

La dieta de la Comisión Europea lleva como muy pertinente nombre el de Digital Fitness Check y pretende ser un proceso formal para medir hasta qué punto el entramado normativo digital europeo es coherente, aplicable y sostenible para las empresas en su operativa diaria.

El primer paso de este ejercicio se activó el pasado 19 de noviembre, como continuación directa del proceso de simplificación iniciado con los paquetes 'ómnibus'. Bruselas abrió entonces una petición de informes y una consulta pública para evaluar los solapamientos, incoherencias y efectos reales de todas las regulaciones digitales de la Unión Europea.

La Comisión quiere analizar, de forma explícita, la consistencia de las definiciones jurídicas, la alineación de los ámbitos de aplicación y la lógica regulatoria que subyace a normas que, en muchos casos, se han aprobado de forma acelerada y acumulativa en los últimos años. A ello se suma una revisión del grado de cooperación entre los distintos organismos europeos y de las prácticas administrativas que afectan a la claridad legal, un aspecto que la industria considera crítico para reducir fricciones innecesarias.

Como ha constatado DISRUPTORES - EL ESPAÑOL, desde la industria digital se reconoce la sensación de estar atrapados en un entramado normativo ajado, donde distintas reglas persiguen objetivos legítimos pero acaban generando cargas duplicadas, interpretaciones divergentes y un tráfago administrativo difícil de justificar. El Digital Fitness Check pretende precisamente poner orden en ese paisaje, identificando incoherencias y evaluando si las obligaciones actuales responden realmente al riesgo que dicen mitigar.

La consulta pública permanecerá abierta hasta el 11 de marzo, aunque la Comisión ya anticipa que no será el único canal de participación. El proceso se completará previsiblemente con diálogos de implementación y sesiones de reality check, pensadas para contrastar sobre el terreno cómo se están aplicando las normas y qué problemas generan en la práctica. Un enfoque que, al menos sobre el papel, busca huir de la regulación en abstracto y aterrizar en la realidad operativa de las empresas.Quizás sea la primera vez que se va a mirar la regulación digital desde el prisma de las empresas y no desde el de la burocracia comunitaria.

El calendario, no obstante, invita a la cautela. El resultado final del Digital Fitness Check no se espera hasta el primer trimestre de 2027. Hasta entonces, el ejercicio funcionará como un gran paréntesis de análisis en un momento en el que la Unión Europea sigue desplegando normas clave en ámbitos como la inteligencia artificial, los datos o la ciberseguridad. Para la industria, el riesgo es evidente: que el diagnóstico llegue cuando muchas de las cargas ya estén plenamente en vigor y el margen de corrección sea limitado.

Un sinfín de normas en apenas cinco años

En apenas un lustro, la Unión Europea ha levantado el mayor andamiaje regulatorio digital de su historia reciente, hasta configurar un auténtico manual de leyes en materia tecnológica que atraviesa de forma transversal la economía.

Así, desde 2021, Bruselas ha aprobado una cascada de reglamentos y directivas que van desde la gobernanza de datos y los mercados digitales hasta la ciberseguridad, la inteligencia artificial o los semiconductores, con piezas bien conocidas como el Digital Services Act (DSA) y el Digital Markets Act (DMA) para plataformas, el Data Governance Act y el Data Act para el uso y compartición de datos, la directiva NIS2 y el Cyber Resilience Act para reforzar la ciberseguridad, DORA para blindar el sector financiero, MiCA para los criptoactivos, el Chips Act para la soberanía industrial, el Reglamento de Identidad Digital Europea (eIDAS), el European Media Freedom Act o el AI Act como culminación del giro regulatorio en inteligencia artificial.

A este entramado se suman iniciativas sectoriales como el Espacio Europeo de Datos de Salud, el Gigabit Infrastructure Act o la Cyber Solidarity Act. El resultado es un cuerpo normativo denso, ambicioso y sin precedentes, que busca ordenar el mercado único digital pero que también ha generado un creciente debate en la industria sobre los riesgos de la sobrregulación. Precisamente el caldo de cultivo que ha llevado a la Comisión a lanzar ahora el Digital Fitness Check para evaluar si este despliegue regulatorio, tan excelso en sus objetivos, es realmente aplicable en la práctica o empieza a mostrar signos de fatiga.

Si esta revisión acaba traduciéndose en simplificación real o se queda en una salmodia tecnocrática es todavía una incógnita. Lo que sí parece claro es que, por primera vez, la Comisión ha asumido de forma explícita que regular no basta; también hay que comprobar, con datos y experiencia, si lo regulado funciona.