Lo que no se mide, no existe: datos estandarizados para luchar contra los feminicidios

El hecho de disponer de cifras con las que comparar la evolución de una injusticia, tanto en una escala de tiempo como frente a otras regiones similares, es una herramienta poderosa para que las entidades pertinentes tomen decisiones o lleven a cabo acciones que permitan reducir el tamaño de la brecha. 

Sin embargo, desde la Dirección General del Dato del Gobierno de España precisan que, actualmente, es muy difícil establecer paralelismos en algunos fenómenos debido a las diferencias en la obtención y clasificación de la información.

8M(ujeres), 8M(iradas): la tecnología, en femenino

En concreto, la entidad analiza el caso flagrante de los feminicidios, entendido como el asesinato de mujeres por razones de género. 

Según explican los expertos, las cifras actuales en relación a este tipo de crímenes son más una estimación que una evidencia debido a dos grandes problemáticas: la ausencia de una definición común y la falta de un estándar internacional. Estos dos desafíos, que son comunes en la recogida y en el análisis de información en todos los campos, son especialmente escandalosos al hablar de una de las formas más extremas de violencia. 

Dos grandes desafíos

Por un lado, desde la Dirección General del Dato señalan que, actualmente, existen “diferencias legales y conceptuales importantes” entre los países en cuanto al concepto. Así, aunque en América Latina muchos países han incorporado el feminicidio como delito específico; en Europa no existe aún una descripción homogénea y, en muchos casos, los asesinatos de mujeres por motivos de género se registran como homicidios generales o violencia doméstica. 

A la falta de un consenso global se une la falta de homogeneidad metodológica, que provoca que las cifras de este tipo de violencia se diluyan entre otros. 

A esto se suma la ausencia de estandarización en la recolección y publicación de datos. Según precisan los expertos, hay países que ofrecen información a través de plataformas u observatorios públicos oficiales, lo que garantiza (en teoría) una mayor fiabilidad y continuidad en su publicación; mientras, hay otros que se apoyan en ONG, redes periodísticas o académicas u observatorios independientes, en los que la cobertura y metodología normalmente varía. 

Los eventos tecnológicos se convierten en un espejo de la brecha de género

Una de las grandes consecuencias de estos dos caminos son las discrepancias en las cifras reportadas, una situación que intentan solventar diferentes organismos multilaterales mediante procesos de armonización, pero que, en muchas ocasiones, son limitados. 

Además de la falta de una definición uniforme y de la estandarización en la recopilación de información, también cabe mencionar la inexistencia de una infraestructura tecnológica útil y común que conecte los sistemas judiciales y policiales y evite duplicidades u omisiones. 

Todas estas barreras no solo suponen la invisibilización del fenómeno, subestimando su magnitud, sino que dificultan el uso de los datos para diseñar políticas públicas efectivas y adaptadas al problema real. 

Iniciativas esperanzadoras 

Cabe mencionar que, lentamente, se están dando pasos para mejorar esta situación. Uno de los máximos ejemplos es el Convenio de Estambul, un instrumento jurídico que busca prevenir, perseguir y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, que entró en vigor a finales de 2023. 

En su capítulo 11, este documento se centra en la obligación de los países que lo han ratificado respecto a la recogida de datos relacionada con este fenómeno, así como en el apoyo a la investigación con el fin “de estudiar sus causas profundas y sus efectos” y “la eficacia de las medidas tomadas”. También, subrayan para “permitir una comparación internacional” en pro de la cooperación. 

Más allá del cauce regulatorio, también destacan iniciativas como Data Against Feminicide (DAF), una plataforma que desarrolla algoritmos de machine learning que ayudan a escanear más de 50.000 fuentes diarias de noticias en varios idiomas para identificar posibles casos de feminicidio; o Feminicidio Uruguay, que ha documentado casos desde 2001 mediante monitoreo de prensa y colaboración con la Coordinadora de Feminismos. 

¿Y España, qué?

Cabe destacar que este país es una de las regiones pioneras en relación al tratamiento de datos relativos a los feminicidios. España cuenta con un portal propio, impulsado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que se ha convertido en la referencia institucional para el seguimiento y análisis de estos crímenes a nivel nacional. 

Este espacio no permite únicamente consultar esta información, sino también cruzarla y descargar informes específicos. 

Colaborar para avanzar

Los expertos señalan que mejorar la recopilación, estandarización y el procesamiento de los datos de los feminicidios no solo es útil para disponer de una mayor información, sino que es un acto “de justicia y memoria colectiva”. 

Ante el contexto actual, precisan que los retos presentes solo se podrán resolver mediante la colaboración internacional, definiendo y adoptando estándares comunes que permitan transformar “la indignación en acción y contribuir a erradicar una de las formas más extremas de violencia de género”. 

Y es que, de acuerdo con los datos que dispone la Organización de las Naciones Unidas (que, hay que recordar, son solo una estimación), en 2023, se estima que aproximadamente 85.000 mujeres y niñas fueron asesinadas en el mundo y de estas, el 60% murieron a manos de parejas íntimas o familiares, lo que equivale a 140 víctimas diarias en su entorno cercano.