¿Debemos ir preparando los responsos por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública? A falta de que las urnas del próximo 29 de noviembre dicten sentencia y de que los inevitables contubernios parlamentarios permitan alumbrar un nuevo Gobierno, todo apunta a que esta cartera tiene los días contados.
Apenas tres años después de alcanzar la ansiada categoría ministerial, la digitalización española amenaza con regresar al lugar del que salió, ese segundo escalón de la Administración donde las secretarías de Estado hacen y deshacen cuanto pueden mientras sus superiores se entretienen con los asuntos que verdaderamente conceden lustre político. Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal ya han anunciado su intención de reducir el número de ministerios, una promesa que suscitará el aplauso de quienes confunden la eficiencia administrativa con la aritmética de las carteras y que, de materializarse, tendrá en la estructura creada por Pedro Sánchez una víctima propiciatoria. Tampoco hace falta demasiada presciencia para imaginar semejante desenlace.
Reconozco que siento una cierta desazón ante esta perspectiva, aunque tampoco voy a entregarme a los ditirambos por la supervivencia de un ministerio cuya existencia independiente apenas se remonta a noviembre de 2023. Fue entonces cuando Sánchez decidió emancipar la digitalización de Economía y concederle aposento propio en el Consejo de Ministros, primero con José Luis Escrivá y después con Óscar López, tras incorporar por el camino las competencias de Función Pública. Hasta ese momento habíamos sobrevivido con la transformación digital bajo el paraguas económico, particularmente desde enero de 2020, cuando Carme Artigas asumió la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Y convendrán conmigo en que buena parte de las grandes apuestas tecnológicas de los últimos años se concibieron precisamente durante aquella etapa, sin necesidad de sumar otro ministro a la mesa de la Moncloa.
La existencia de una cartera propia tampoco ha obrado el sortilegio de convertir España en una superpotencia de la innovación, por más que algunos de sus inquilinos hayan tenido a gala presentarnos como poco menos que la envidia del orbe digital.
El problema, en mi humilde juicio, reside en esa pertinaz costumbre de nuestra clase política de confundir las prioridades nacionales con la distribución de despachos, chóferes y tratamientos protocolarios. Tan absurdo sería defender la permanencia de un ministerio por el mero hecho de llevar la palabra digital en su denominación como pretender que su supresión constituye, por sí misma, un ejercicio de austeridad y buen gobierno. España necesita una política tecnológica seria, ambiciosa y sostenida en el tiempo, algo que puede perfectamente articularse desde una Secretaría de Estado si quien la dirige dispone de presupuesto, ascendencia política y capacidad para hacerse escuchar. También puede periclitar en el seno de un ministerio con toda su pompa institucional si termina convertido en una sinecura para algún gerifalte del partido de turno, como ha ocurrido con Óscar López.
Por los mentideros de la política nacional, de hecho, comienza a darse por descontado que, si Feijóo logra instalarse en la Moncloa, la digitalización perderá su rango ministerial y volverá a integrarse en una Secretaría de Estado dependiente de Economía o Industria. La primera opción tendría la virtud de recuperar una estructura conocida y razonablemente funcional, vinculando las capacidades tecnológicas con las grandes decisiones sobre productividad, inversión y competitividad. La segunda me resulta incluso más sugerente, a condición de que sus responsables entiendan la política industrial como algo más sofisticado que repartir subvenciones, visitar fábricas y fotografiarse junto a los robots de una cadena de montaje. Porque si Europa está poniendo en solfa su dependencia tecnológica de Estados Unidos y China, y si España pretende desempeñar algún papel relevante en semiconductores, inteligencia artificial o infraestructuras digitales, tal vez convenga que quienes gestionan la industria y quienes impulsan su transformación tecnológica compartan algo más que las reuniones del Consejo de Ministros.
No parece que al PP vayan a faltarle candidatos para asumir semejante responsabilidad. Juan Bravo lleva tiempo cultivando el perfil de gestor económico solvente que tanto gusta proyectar a los populares, aunque su trayectoria y especialización fiscal lo acercarían más naturalmente a Hacienda. Elías Bendodo dispone de experiencia política y administrativa suficiente para desenvolverse en los vericuetos de un ministerio de peso, si bien me cuesta imaginarlo enfrascado personalmente en las tribulaciones de los semiconductores o la soberanía del dato. Y Francisco Conde, antiguo responsable de Economía e Industria en la Xunta de Galicia, reúne unas credenciales que lo convierten en una opción particularmente razonable para dirigir una cartera industrial con competencias digitales. Cualquiera de ellos podría terminar ejerciendo de superior jerárquico de un secretario de Estado especializado en tecnología, presumiblemente alguien de perfil técnico, con conocimiento del sector y suficiente capacidad para lidiar con los arcontes comunitarios.
Empero, hay un elemento que puede convertir estas quinielas en papel mojado y que merece bastante más atención de la que está recibiendo: Vox. Porque damos por supuesto con demasiada ligereza que Feijóo podrá reservarse a voluntad los grandes ministerios económicos y repartir a sus eventuales socios las carteras de menor relevancia, como si Santiago Abascal fuese a conformarse con las migajas del banquete gubernamental. ¿Y si Vox exige Economía como condición para investir al líder popular? ¿Y si entre las cesiones necesarias para alcanzar la Moncloa termina figurando precisamente el departamento del que depende nuestra política tecnológica? No tengo constancia de que semejante reclamación se haya formalizado, pero tampoco encuentro motivos para descartarla antes de que comience la negociación. Vox lleva años tratando de construir un discurso económico propio y José María Figaredo, uno de sus portavoces más conspicuos en estas materias, representa un perfil que podría aspirar a responsabilidades gubernamentales de cierta enjundia.
Confieso que este último escenario me produce una curiosidad considerable, puestos a comprobar cómo se conciliarían las posiciones del partido de Abascal con el galimatías regulatorio europeo. Bruselas ha abrazado una proliferación normativa que merece críticas fundadas por sus costes de cumplimiento, su complejidad y sus posibles efectos sobre la competitividad. Vox, por su parte, ha hecho de la oposición a buena parte de las imposiciones comunitarias una bandera política. Entre ambos extremos se encuentran miles de empresas españolas obligadas a aplicar reglamentos de inteligencia artificial, exigencias de ciberseguridad y obligaciones digitales que ningún Gobierno nacional puede hacer desaparecer mediante una diatriba parlamentaria.
Sería igualmente interesante constatar qué entiende un eventual Ejecutivo de coalición por soberanía tecnológica. La expresión ha alcanzado tal grado de popularidad que hoy la pronuncian con idéntico entusiasmo los partidarios de aumentar la intervención pública y quienes reclaman una retirada generalizada del Estado de la actividad económica. Entretanto, seguimos dependiendo de tecnología extranjera en ámbitos fundamentales, nuestras empresas tropiezan con dificultades para ganar escala internacional y una parte sustancial de las iniciativas recientes ha descansado sobre la cornucopia de los fondos europeos, cuyo ciclo extraordinario se aproxima a su fin. Los proyectos de microelectrónica, las inversiones en inteligencia artificial y los compromisos de modernización administrativa van a necesitar algo más que entusiasmo electoral, proclamas patrióticas o la enésima reorganización del organigrama. También harán falta decisiones menos agradecidas políticamente, desde establecer prioridades presupuestarias hasta renunciar a algunas de las ocurrencias que han prosperado al calor del dinero comunitario.
Aquí es donde personalmente encuentro el principal óbice a la desaparición del ministerio. Me preocupa bastante menos el destino del sillón de Óscar López que el riesgo de que la digitalización vuelva a quedar subordinada a las urgencias cotidianas de departamentos con demasiados asuntos sobre la mesa. Ya sabemos lo que sucede cuando las prioridades tecnológicas compiten por la atención de un ministro con la política fiscal, la inflación, las relaciones empresariales o las negociaciones europeas: salvo honrosas excepciones, pierden. Y tampoco ayuda que buena parte de nuestra clase política siga contemplando la tecnología como una colección de cachivaches, plataformas y subvenciones vistosas, cuya gestión puede delegarse alegremente en el primer ingeniero con buena reputación que acepte cambiar la empresa privada por un despacho ministerial. La solvencia técnica es indispensable, pero un secretario de Estado necesita además autoridad para discutir presupuestos, negociar regulaciones y, llegado el caso, contrariar a su propio ministro.
Por eso me parecería una estulticia que PP y Vox convirtieran la supresión del Ministerio de Transformación Digital en uno de los trofeos de su anunciada reducción del Gobierno. Se pueden eliminar carteras perfectamente prescindibles y racionalizar una Administración de proporciones discutibles sin menoscabar las políticas que condicionan buena parte del crecimiento económico de las próximas décadas. Incluso me atrevería a defender el regreso a una Secretaría de Estado si la operación viniera acompañada de una estructura mejor coordinada, una selección verdaderamente meritocrática de sus responsables y una estrategia menos entregada al tráfago de los anuncios grandilocuentes. Pero sospecho que pedir semejante grado de coherencia a nuestros partidos durante una campaña electoral equivale a reclamar frugalidad en un ágape de bodas.
Y, por supuesto, queda la cuestión de Función Pública, esa curiosa compañera de viaje que Sánchez decidió engarzar con la transformación digital a finales de 2023 y cuyo destino probablemente se negociará por cauces distintos. Su presencia en el ministerio responde a una lógica administrativa defendible, dada la necesidad de modernizar las estructuras del Estado, aunque siempre he tenido mis dudas sobre la conveniencia de agrupar bajo un mismo titular la interlocución con las grandes empresas tecnológicas, la política de telecomunicaciones y la gestión de los empleados públicos. Una eventual reestructuración ofrecería una oportunidad razonable para revisar ese reparto competencial, siempre que el propósito sea mejorar el funcionamiento de la Administración y evitar duplicidades, en lugar de satisfacer las veleidades orgánicas de quienes vayan a ocupar los nuevos puestos.
El reparto entre Economía e Industria, la identidad del ministro del que dependerá la digitalización y la posibilidad de que Vox reclame alguna de esas carteras terminarán condicionando también el nombramiento del futuro secretario de Estado. Personalmente, preferiría a alguien que conozca las empresas tecnológicas desde dentro, entienda el funcionamiento de Bruselas y no necesite varios meses de abluciones burocráticas para comprender la diferencia entre una fábrica de chips y un centro de datos. Y sería deseable que su designación respondiera a esas competencias antes que a los equilibrios territoriales del PP, las cuotas de Vox o la necesidad de encontrar acomodo a algún dirigente damnificado por las listas electorales. Ya tuvimos suficiente de esto último en demasiados ámbitos de nuestra Administración.
