España afronta una nueva etapa política en un momento decisivo para su transformación digital. El horizonte de la próxima legislatura coincide con el cierre de España Digital 2026 y con la conclusión del impulso extraordinario de los fondos europeos de recuperación. Es una oportunidad para hacer balance, pero sobre todo para plantearnos qué país queremos construir de aquí a 2030.
Los avances de los últimos años han sido notables. España cuenta con algunas de las infraestructuras de conectividad más avanzadas de Europa, ha progresado en la digitalización de los servicios públicos y ha acelerado la incorporación de tecnología a la actividad empresarial. Son logros fruto del esfuerzo de empresas y administraciones que nos sitúan en una buena posición de partida. Pero el éxito de una etapa no garantiza el de la siguiente.
Ya no basta con extender la conectividad o facilitar el acceso a herramientas digitales. El desafío es convertir esa capacidad en productividad, innovación y bienestar: que una pyme mejore sus procesos, que una industria sea más competitiva, que los servicios públicos ahorren tiempo a los ciudadanos. En definitiva, que la transformación digital se traduzca en resultados para el conjunto de la economía y de la sociedad.
Hay un dato que ilustra la urgencia de abrir ese nuevo capítulo. Según el informe de la Década Digital 2026 de la Comisión Europea, el 87% de las medidas incluidas en la hoja de ruta digital española tiene prevista su finalización este año; representan, además, el 98% de su financiación pública. Pero los compromisos europeos no terminan en 2026.
La Unión Europea cuenta con objetivos de transformación digital para 2030 y la Comisión ha pedido a los Estados miembros que actualicen sus hojas de ruta nacionales con nuevas medidas e inversiones. España debe aprovechar ese marco para renovar su ambición y dar continuidad a lo conseguido.
Los fondos NextGenerationEU han permitido acelerar inversiones, modernizar infraestructuras y desarrollar capacidades. Su ejecución, sin embargo, también deja lecciones importantes. No todos los recursos inicialmente previstos han llegado a utilizarse y han existido dificultades para trasladar la financiación con suficiente agilidad a la economía real. La próxima etapa debe servir para mejorar la capacidad de ejecución y garantizar que cada inversión se traduzca en resultados concretos y sostenibles.
La digitalización no es un proyecto que pueda darse por concluido: evolucionan las redes, crecen las necesidades de computación, surgen nuevas aplicaciones de inteligencia artificial y cambian las competencias profesionales. Una ventaja tecnológica solo se mantiene si seguimos invirtiendo e innovando.
También cambia el contexto internacional. Europa compite por atraer inversiones, desarrollar capacidades propias y reforzar su autonomía tecnológica. La Comisión Europea ha propuesto para el presupuesto comunitario 2028-2034 un Fondo Europeo de Competitividad de 409.000 millones de euros, que contempla la transformación digital entre sus prioridades, junto con nuevas inversiones en investigación, innovación y tecnologías estratégicas. Aunque su configuración definitiva está todavía en negociación, la propuesta refleja la importancia que Europa concede a estas capacidades para su futuro económico.
España debe prepararse para aprovechar esas oportunidades, reforzar su capacidad para atraer inversiones y generar tecnología y valor desde nuestro país. Para ello, la digitalización debe entenderse como una prioridad económica y social transversal, vinculada a la industria, la educación, la innovación y el empleo.
Este horizonte exige continuidad, visión estratégica y consensos que vayan más allá de una legislatura. La transformación digital es una tarea de largo recorrido que necesita objetivos compartidos y una colaboración estrecha entre instituciones, empresas y centros de conocimiento e investigación.
Pero también exige recordar su propósito. El liderazgo tecnológico no debería medirse únicamente en infraestructuras desplegadas, inversiones movilizadas o tecnologías adoptadas. Debe reflejarse en empresas más competitivas, mejores empleos, servicios públicos más eficaces y oportunidades de desarrollo para todos los territorios y ciudadanos.
La próxima legislatura ofrece la oportunidad de renovar nuestra ambición digital y convertir los avances de los últimos años en una ventaja económica y social duradera.
Europa está definiendo sus prioridades para la próxima década. España debe estar preparada para desempeñar un papel protagonista.
*** Miguel Sánchez Galindo es director general de DigitalES.
