María Dolores Pescador, presidente ejecutiva del Grupo Logalty.
El pasado mes de julio, el Parlamento francés aprobó la prohibición de acceso a las redes sociales para los menores de 15 años, convirtiéndose en el primer país europeo en adoptar una medida de este alcance. La nueva ley, que sigue la línea iniciada por Australia y se anticipa al marco regulatorio de la Comisión Europea, plantea un reto relevante al exigir que cada plataforma implemente su propio sistema de verificación de edad.
Este enfoque puede derivar en la creación de múltiples repositorios de datos sensibles, criterios heterogéneos y una recopilación de información superior a la estrictamente necesaria. Como consecuencia, podrían aumentar los riesgos para la privacidad y la seguridad, además de fragmentarse la experiencia de los usuarios y debilitarse su confianza en las plataformas digitales. Por tanto, este primer esfuerzo plantea un reto importante más allá de verificar la edad: cómo hacerlo equilibrando los componentes del trilema de la verificación: la seguridad, la privacidad y la facilidad de uso.
Los sistemas más seguros son invasivos y recopilan datos innecesarios, mientras que los más sencillos ofrecen garantías insuficientes; y los que maximizan la privacidad, suelen ser demasiado complejos para implantarse de forma generalizada. En este contexto, el objetivo es compatibilizar eficazmente estos tres requisitos, por lo que cobra especial relevancia el modelo que impulsa la Unión Europea mediante iniciativas como la Age Verification App y su integración con el marco de identidad digital europea (eIDAS2).
Su objetivo es acreditar únicamente el atributo necesario —por ejemplo, ser mayor de 16 años— sin revelar datos como el DNI o la fecha de nacimiento. Se trata de un cambio de paradigma que deja de identificar a la persona para verificar únicamente el atributo imprescindible, aplicando de forma efectiva el principio de minimización de datos.
Para que este sistema funcione de forma homogénea y genere confianza entre usuarios, plataformas y reguladores, resulta esencial la figura del Prestador Cualificado de Servicios de Confianza (QTSP). Estos prestadores actúan como intermediarios que aportan garantías legales y técnicas, permitiendo que las plataformas reciban una acreditación fiable del requisito de edad sin convertirse en custodias de información sensible.
De este modo, se evita que cada servicio digital tenga que gestionar, almacenar y proteger grandes volúmenes de datos personales, reduciendo tanto los riesgos de seguridad como el impacto sobre la privacidad.
La lógica es similar a la de comercio electrónico, donde las tiendas recurren a pasarelas de pago especializadas que procesan la información de forma segura, sin almacenar directamente los datos bancarios de los clientes. Del mismo modo, la verificación de edad puede apoyarse en una "pasarela de confianza" que certifique el cumplimiento del requisito que se necesite, edad, identidad, etc. sin necesidad de exponer datos personales y los mismos queden almacenados en la plataforma.
El verdadero desafío va más allá de verificar la edad. Las organizaciones deben estar preparadas para poder demostrar ante distintas supervisiones regulatorias la correcta aplicación de los controles conforme a la normativa con evidencias sólidas. Así, el valor principal no reside únicamente en limitar el acceso, sino en disponer de pruebas verificables que acrediten el cumplimiento de las obligaciones legales con modelos de confianza y evidencia que permitan elevar el nivel de protección con una verificación robusta y trazable, al mismo tiempo que se reduce el riesgo sistémico que podría conllevar la acumulación masiva de datos personales en múltiples plataformas.
La verificación de edad debe servir como mecanismo que permite aplicar medidas de protección adaptadas al riesgo. Una acreditación fiable facilita activar configuraciones de privacidad reforzadas, mejorar la supervisión de contenidos y prevenir interacciones perjudiciales y proteger a los usuarios.
La experiencia francesa ha acelerado un debate inevitable en Europa: no se trata de decidir si habrá verificación de edad, sino qué modelo se adoptará. Un sistema basado en soluciones propias de cada plataforma podría generar nuevos riesgos mediante la acumulación de datos personales. En cambio, un modelo respaldado por un Prestador Prestador Cualificado de Servicios de Confianza (QTSP) y atributos acreditados permitiría reforzar la protección de los menores y garantizar un entorno digital más seguro, preservando la privacidad como principio esencial del desarrollo tecnológico.
***Mª Dolores Pescador es presidenta ejecutiva del Grupo Logalty.
