Existe una disciplina científica llamada entomología que se ocupa de clasificar insectos. Con paciencia, lupa y método, los entomólogos han catalogado más de un millón de especies de bichos. Así nos hemos sentido siempre en el ecosistema de emprendimiento innovador, como entomólogos de andar por casa (ponga aquí cualquiera de esos informes acientíficos que pululan entre consultoras de marketing y eventos del sector), tratando de describir el ecosistema y dar con la cifra de startups en España.
Un número que se estira y achica como si tuviese propiedades cuánticas. Así que recuerde, he visto publicados informes que aseguran con rotundidad que en España había 3.000, 5.000, 7.500, 10.000, 11.000, 15.000 e incluso 20.000 y 30.000 startups. A contar la especie con absoluta alegría no nos gana nadie. De ahí mi obsesión en los años previos a la aprobación de la Ley de Startups con la definición y con la metodología de cómputo rigurosas. Me temo que no hemos avanzado mucho.
La semana pasada el Foro Nacional de Empresas Emergentes aprobó su primera evaluación continua de la Ley de Startups. La noticia principal, celebrada con todo el aparato comunicativo del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha sido que España ha pasado de 3.600 startups en 2024 a cerca de 5.000 en 2025.
Un crecimiento del 40% en doce meses, según el Ministerio. El ministro López lleva años acumulando anuncios con similar entusiasmo: “162 millones para tecnologías duales en el South Summit, 800 millones para cuántica”, "la mejor conectividad del mundo", "hoja de ruta clara", "España como Estado emprendedor".
La secretaria de Estado González Veracruz, por su parte, nos ha confirmado que "tenemos un ecosistema más fuerte, más maduro y con más talento". Con semejante racha, me pregunto si el Ministerio no debería autopedirse un Kit Digital para ver si así mejoran en algo los resultados propios antes de seguir contando mal los de los demás.
Vayamos por partes.
Primer punto: el problema de la lupa. Cuando algunos (bien pocos) empujábamos para que la Ley de Startups incluyera una definición jurídica y precisa de Startup, no lo hacíamos por un capricho taxonómico. Lo hacíamos porque sabíamos que sin definición precisa no es posible hacer una medición rigurosa, y sin medición no hay política pública que valga que obtenga resultados y que luego estos sean mensurables.
Lo primero que hizo el Gobierno con nuestro borrador fue eliminar la definición de scaleup que algunos pensábamos que era clave. Pues bien, cuando metes en el mismo saco a startups y scaleups, y a otras especies de la misma u otras familias, y además amplías los criterios de lo que cuenta, puedes fabricar un crecimiento del 40% sin que haya ocurrido gran cosa en el mundo real. La metodología no está publicada, así que no hay forma de saberlo.
Lo que sí sabemos es que ENISA, el único organismo con criterios jurídicos definidos por la propia ley, ha certificado 2.100 empresas emergentes desde 2023. Si el número oficial son casi 5.000, alguien habrá de explicar de dónde vienen las otras 2.900 y con qué vara se han medido.
Informa D&B, con sus propios criterios, identifica 5.315 empresas constituidas entre 2019 y 2024 y un crecimiento del 12%. Dealroom, con los suyos, cuenta 3.300 respaldadas por capital riesgo. Si mezclas churras con merinas puede salir cualquier cosa. El propio informe reconoce, de pasada, que uno de los retos pendientes es "la armonización de la medición del ecosistema". Podían haber comenzado por ahí y se hubieran ahorrado el lío de la nota de prensa. Saben que están contando con lentes diferentes y aun así publican el titular. Eso tiene un nombre, y no es precisamente bonito.
Segundo punto: el informe que no existe. Lo que más sorprende es que se dice que se ha procedido a hacer una evaluación de la ley pero apenas se consignan cuatro datos en una nota de prensa. ¿Dónde está el documento de esa evaluación? ¿Y la metodología? ¿Y los microdatos?
La Secretaría de Estado lo aprobó, los medios lo reprodujeron con diligencia, las notas de prensa circularon. El informe en sí, sin embargo, brilla por su ausencia en cualquier repositorio público. En la página de la Oficina Nacional de Emprendimiento (ONE) aparece una descripción somera de las funciones, la composición y las tareas que está desarrollando el Foro, pero ni un solo informe, ni un solo análisis, ni datos, ni nada. En este país, los informes que avalan la gestión propia se publican con fanfarria; los que podrían cuestionarla, se guardan en el cajón. Es exactamente lo contrario de lo que debería ofrecer una evaluación de una política pública financiada con dinero de todos los ciudadanos.
Tercer punto: el juez que evalúa su propia sentencia. Hace un año escribí en estas mismas páginas que el Foro de Empresas Emergentes había llegado tarde, mal configurado y sesgado: veinte representantes del sector público frente a siete u nueve privados.
Como aseveré entonces y me reafirmo ahora: un senado romano en lugar del foro de diálogo que pedíamos. Podría haberse llamado Foro del Sector Público para hablar de lo que queramos sobre Empresas Emergentes. Ahora, ese mismo senado, presidido por la Secretaría de Estado, produce la evaluación de la ley que su ministerio impulsó. El evaluador y el evaluado son la misma persona. Debe tratarse de otra innovación marca España. Esto no es un detalle menor de diseño institucional: es la diferencia entre una evaluación pública y un comunicado de prensa con metodología opaca.
Cuarto punto: para esto pedíamos el Foro. Conviene recordar por qué algunos (muy muy poquitos) propusimos en su día la creación de este Foro. No era para que el gobierno tuviera otro —como si no tuviera ya pocas comisiones, mesas y chiringuitos donde celebrar y anunciar pomposidades— sino porque la Ley de Startups era, por definición, un MVP: ningún país había aprobado antes una norma así, no había modelos de referencia internacionales en materia legislativa, y lo sensato era desplegarla con humildad, escuchar al ecosistema, detectar lo que no funcionaba y corregirlo.
Para eso necesitábamos un Foro, sí, ¡pero con mayoría del sector privado!, informes con capacidad vinculante y voluntad política de pivotar. Nada de esto está ni en el espíritu ni en la letra del Real Decreto que creó este Foro. Lo que tenemos es un órgano consultivo donde manda el gobierno, que produce evaluaciones que confirman que el gobierno lo ha hecho bien. El MVP lleva cuatro años en versión 1.0, y es probable que si siguen así las cosas, el proyecto muera o se convierta en un zombi. No es la primera vez que ocurre algo así.
Quinto punto: todo va viento en popa (y, por tanto, nada hay que reformar). La lectura política del informe fantasma de evaluación sí es transparente: la Ley de Startups funciona, el ecosistema florece, pueden seguir adelante sin tocar nada. Disuélvanse.
Lo que no cabe en ese relato es que cualquiera que ponga la oreja en el sector sabe que la ley necesita reformas urgentes: los incentivos fiscales reales para inversores siguen siendo insuficientes, el salto de startup a scaleup sigue siendo un punto débil de nuestro ecosistema, la problemática singular de estas últimas nunca se quiso que apareciera en la ley, y la excesiva concentración territorial en Madrid y Barcelona no acaba de resolverse.
Y mientras el Ministerio celebra que, según ellos, hay casi 5.000 startups, el mercado de capital riesgo registró en el primer trimestre de 2026 una caída del 30% en volumen de inversión. Más empresas, menos dinero. Esa sería la conclusión si nos creemos todos los datos.
La madurez de un ecosistema no se mide por el número de empresas que nacen sino por cuántas escalan, cuántas generan exits y cuánto capital reciclan. De nada de esto habla la nota de prensa ministerial.
Sexto punto: el fin de ciclo y sus contables. La nave de este ministerio navega en un contexto político particular. Un gobierno con problemas de supervivencia parlamentaria, un presidente que lleva meses con el agua al cuello y un ministro que necesita titulares que justifiquen su gestión, porque en realidad está dedicado a otras cosas.
En ese contexto, publicar que el ecosistema startup creció un 40% bajo tu mandato es exactamente el tipo de noticia que necesitas, pero también es una tomadura de pelo para un sector donde anida una parte importante del futuro económico y social del país.
La metodología no existe públicamente, los números no son comparables con los del año anterior, pero el titular es impecable. Los gobiernos en fase terminal tienen una relación peculiar con las estadísticas: las tratan como munición de comunicación, no como herramientas de análisis. Aunque por lo menos deberíamos exigir que la nota de prensa estuviera bien redactada: no pasaría un examen básico en cualquier facultad de comunicación del mundo.
Séptimo y último punto: la promesa incumplida
Pedíamos un foro y nos dieron un decorado. Pedíamos una evaluación y nos dieron una nota de prensa. Pedíamos una definición y nos dieron una que suma lo que conviene sumar. Pedíamos transparencia metodológica y nos dieron un informe invisible. La Ley de Startups fue, en su momento, un paso genuinamente importante.
Cuatro años después, el instrumento que debía garantizar su mejora continua se ha convertido en el instrumento que certifica que no hace falta mejorar nada. Ese es, quizá, el indicador más revelador del estado real de las políticas públicas para el fomento del emprendimiento innovador: no las 5.000 empresas contadas a ojo de buen cubero, sino la incapacidad institucional de mirarse al espejo con honestidad.
