Hay una narrativa tediosa, cansina y absurda que se ha instalado en los foros climáticos, en la mente de algunos gobiernos populistas y en las redacciones autodenominadas progresistas de medio mundo: la inteligencia artificial, esa misma gestada por los tecnooligarcas, es una amenaza para el planeta.
Repetiré rápido sus argumentos: los centros de datos devoran electricidad como si no hubiera un mañana, los modelos de lenguaje que procesan consumen ingentes cantidades de agua para refrigerarse, y el capitalismo tecnológico se disfraza de verde mientras acelera la catástrofe. Y, vaya por delante, que en parte esas afirmaciones son ciertas. En esta misma columna, hace apenas unas semanas, hemos incluso ido más allá al cuestionar los efectos no sólo medioambientales de esta ola digital, sino de tensión sobre la red eléctrica y quién debe responsabilizarse de ello.
Pero desgraciadamente para aquellos que afirman conocer y defender la verdad absoluta, la realidad no es binaria y la escala de grises en este asunto (como en casi todas las cuestiones vitales) obliga a reflexionar de forma más pausada, viendo todas las aristas del problema. La cerrazón en banda a sólo contemplar los efectos que concuerdan con sus premisas de partida, replicadas en cámaras de eco, son un flaco favor al debate propositivo y basado en la lógica y la ciencia.
Para reflejar la necesidad de que el debate vaya más allá de los argumentos fáciles, voy a proponerles la lectura de una investigación recientemente publicada en la revista Nature. Unos científicos chinos analizaron quince años de datos en las treinta provincias chinas (a la sazón, el mayor laboratorio energético del planeta, simultáneamente el mayor emisor de carbono y uno de los países con mayor despliegue de IA) y midieron la denominada justicia energética. Esto es, si la luz es accesible, limpia, transparente en su gestión y reparadora con quienes fueron dañados por la energía del pasado.
El resultado es desconcertante para los profetas de ambos bandos (he ahí la magia de la vida real, difícil de encasillar). La inteligencia artificial mejora, en términos agregados, la justicia energética, pero lo hace de manera profundamente desigual. Agrava la brecha distributiva -los ricos se benefician antes y más- y, al tiempo, mejora la transparencia procedimental y visibiliza a los grupos vulnerables ante los diseñadores de políticas públicas.
En otras palabras: la IA es simultáneamente un instrumento de exclusión económica y una herramienta de empoderamiento cívico en materia energética. O quizá la inteligencia artificial sea lo que muchos defendemos desde el principio, una herramienta potentísima pero incapaz de hacer nada (bueno o malo) por nadie. Es, tan sólo (y ya es decir mucho) un amplificador de las estructuras preexistentes.
Trasladar las conclusiones de los investigadores chinos a Europa requiere los evidentes y múltiples matices, pero la lógica subyacente es perfectamente válida. El Viejo Continente lleva años construyendo su transición energética sobre un doble discurso: la descarbonización como imperativo moral y el mercado como mecanismo de asignación. El resultado es que los hogares con tejados y capital instalan paneles solares, venden excedentes a la red y reducen su factura. Los pisos de alquiler en periferia urbana, habitados por quienes menos emisiones generaron históricamente, pagan la electricidad más cara de su vida mientras subvencionan con sus impuestos la infraestructura que otros aprovechan.
La IA profundiza esta lógica. Los llamados prosumidores -neologismo que debería sonrojarnos por su candidez- son, en su inmensa mayoría, propietarios de clase media-alta con liquidez para invertir en sistemas domóticos, tarifas dinámicas y baterías de almacenamiento. Los algoritmos que optimizan su consumo en tiempo real son sofisticados, eficaces y completamente inaccesibles para quien vive en un bloque de los años setenta sin aislamiento térmico y con una caldera que debería estar jubilada.
Empero, esa misma inteligencia artificial está cartografiando la pobreza energética con una precisión que nadie había logrado antes. Está identificando qué hogares corren riesgo de corte de suministro antes de que el corte se produzca, al tiempo que optimiza redes de distribución que, sin esos algoritmos, desperdiciarían entre un 15% y un 30% de la electricidad generada. Una IA que también acelera el desarrollo de materiales para baterías y células fotovoltaicas que, en una o dos décadas, podrían abaratar la energía limpia hasta hacerla verdaderamente universal.
Por tanto, la cuestión no es frenar la IA o los centros de datos sobre los que se entrena y hace inferencia. La cuestión debería ser cómo condicionamos para que estas instalaciones se alimenten de energías renovables por defecto, que aprovechen su desperdicio de calor para devolverlo a las comunidades donde se ubican o que se limite el consumo de agua. Es evitar que se usen las compensaciones de carbono como excusa para el 'todo vale'. Pero, también, es demandar que cuando la inteligencia artificial optimice las redes eléctricas, ese impacto se traslade de algún modo al consumidor, no únicamente a la compañía energética.
Y exigir, por encima de todo, que el debate deje de ser un combate entre tecnófilos entusiastas y tecnófobos apocalípticos para convertirse en lo que debería haber sido siempre: una conversación adulta sobre quién gana, quién pierde, y cómo diseñamos las reglas para que el resultado sea, si no igualitario, al menos no escandalosamente injusto. Porque la inteligencia artificial, como ninguna otra tecnología, no es enemiga del clima, ni tampoco su redentor. Servirá al propósito y la misión que nosotros le indiquemos, en base a los límites que decidamos como sociedad.
