Carlos Artal es director general de Ayming España.
El Premio Nobel de Economía de este año, concedido a Joel Mokyr, ha reconocido una contribución tan simple en su formulación como profunda en sus implicaciones: la innovación es el verdadero motor del crecimiento económico. Mokyr no sólo ha descubierto este vínculo estructural; ha demostrado que las sociedades que prosperan no son las que acumulan recursos, sino las que generan ideas y las transforman en progreso.
Aunque pueda parecer evidente, que la innovación sea reconocida como eje del crecimiento por la academia económica más influyente no es un gesto menor. Es, de hecho, una señal de que, ante la complejidad y la incertidumbre del mundo actual, debemos reafirmar nuestras convicciones más fundamentales: sin innovación, no hay prosperidad sostenible.
Mokyr no está solo. Su trabajo entronca con una tradición económica que remite a Joseph Schumpeter, autor del ya clásico Capitalismo, socialismo y democracia.
En sus páginas formuló el principio de la destrucción creativa: el progreso no es una línea recta ni un consenso continuo, sino una fuerza de renovación constante. Las innovaciones más avanzadas reemplazan –y casi siempre destruyen– tecnologías, modelos productivos e incluso empresas enteras. Pero es precisamente en esa destrucción donde nace la semilla del crecimiento, del empleo y del futuro.
Hoy, vivimos una época que bien podría haber sido escrita por Schumpeter. Cada día amanecemos con un nuevo titular geopolítico, una nueva urgencia, un nuevo reto tecnológico. En ese entorno, la capacidad de innovar ya no es una ventaja competitiva: es una cuestión de supervivencia. Y, por tanto, de soberanía.
La innovación como política de Estado
En España, los últimos datos del VII Barómetro Internacional de la Innovación confirman una tendencia positiva. El 85% de las empresas españolas prevé aumentar su presupuesto en innovación en 2026, la cifra más alta desde que se realiza esta encuesta, y cinco puntos por encima de la media global. Esto posiciona a nuestro país como líder europeo en intención de inversión, por delante de Francia, Italia o Alemania.
Este compromiso empresarial con la innovación llega en un momento decisivo. La agenda nacional comienza a asumir, con más claridad, que no podemos depender de terceros países para producir nuevas tecnologías o proteger nuestras infraestructuras críticas.
La autonomía tecnológica ya no es una aspiración, sino una obligación. Según el informe, las principales prioridades en materia de innovación son la adopción de nuevas tecnologías, la implementación de la IA y la optimización de procesos, lo que demuestra que la transformación tecnológica es una palanca esencial para las empresas.
Y eso nos lleva a un concepto que conviene subrayar: la innovación no es solo una cuestión económica o empresarial; es una cuestión de Estado. Por eso, es urgente tener la altura de miras suficiente para alcanzar un verdadero pacto de Estado por la innovación. Una nueva Ley de Industria que impulse la transformación del modelo productivo, refuerce los incentivos fiscales y dote de estabilidad jurídica a quienes arriesgan y apuestan por el futuro. No es casual que la segunda barrera más señalada por las más de 900 empresas encuestadas sea la burocracia y los procesos ineficientes.
Oportunidad geoestratégica de las tecnologías de doble uso
En este contexto, una de las grandes palancas de transformación será, paradójicamente, la inversión en defensa. En 2025, España ha alcanzado por primera vez el 2 % del PIB en gasto militar. Pero más allá del hito presupuestario, el nuevo Plan Industrial y Tecnológico de Seguridad y Defensa abre una vía clara para el desarrollo de tecnologías de doble uso: soluciones concebidas para entornos militares que, con el tiempo, transforman también nuestra vida cotidiana.
No es un fenómeno nuevo. Tecnologías hoy imprescindibles como el GPS o internet nacieron en ecosistemas militares. Lo mismo puede suceder con los avances actuales en ciberseguridad o salud. El desarrollo de estas soluciones puede situar a España como un actor relevante en la nueva geopolítica de la innovación.
Ahora bien, la innovación necesita un entorno fértil para desarrollarse. Un contexto donde administraciones públicas, empresas y centros de investigación trabajen de forma coordinada, compartiendo objetivos y visión de futuro. No se trata solo de ser buenos, sino de ser excelentes; ni de competir exclusivamente en costes, sino en agilidad, ambición y capacidad de ejecución. No podemos permitirnos que los instrumentos fiscales –como las deducciones por I+D– se vean frenados por barreras burocráticas, inseguridad jurídica o interpretaciones restrictivas sobre aspectos como el efecto incentivador o la elegibilidad del gasto.
Tampoco podemos aceptar que la administración vea con desconfianza al sector privado. España cuenta con uno de los sistemas de incentivos más potentes del mundo, pero lo empaña una sombra de sospecha que no responde a la realidad del ecosistema innovador. Lo que necesitan las empresas es seguridad jurídica, claridad normativa y un entorno estable que premie la inversión y la excelencia.
España cuenta con talento, empresas punteras, un tejido investigador sólido y un ecosistema emprendedor en crecimiento. Pero falta una visión de país que conecte las piezas, una política industrial ambiciosa que coloque la innovación en el centro de nuestra soberanía económica y estratégica. La innovación no es solo una línea en los presupuestos. Es una decisión política, empresarial y colectiva. Porque solo los países que apuestan por innovar –con decisión, con convicción y con cooperación– son los que acaban escribiendo el futuro.
*** Carlos Artal es director general de Ayming España.