Guiomar Todó, directora general adjunta de Educo.
Pronto hará un mes que los niños y niñas empezaron la escuela. Y lo hicieron con ganas de reencontrarse con sus amistades, dispuestos a encarar un nuevo curso, unos con más ganas de aprender que otros. Sea como sea, en España la infancia disfruta de un derecho, el de la educación, que, aunque mejorable en muchos aspectos, les permite entrar en la edad adulta formados, preparados para el futuro y con una cesta llena de aprendizajes – no solo curriculares – que les acompañará a lo largo de su vida.
Pero, si miramos lo que ocurre en el mundo, el caso de España es casi una excepción. Especialmente, en los países más pobres, sumidos en conflictos armados o gravemente afectados por el cambio climático, los niños y niñas no tienen asegurado ir a la escuela. No pueden disfrutar de este derecho.
Laboni tiene 14 años y vive en el sur de Bangladesh. Allí está el delta más grande del mundo y es uno de los países más vulnerables a la emergencia climática. Este verano, por culpa del monzón, que ha sido especialmente intenso, ha perdido muchas clases. El camino que la llevaba a la escuela estaba constantemente inundado, lo que hacía imposible el acceso. En el caso de Koega, que vive en Burkina Faso, los ataques constantes a las escuelas la obligaron a abandonar las clases en su pueblo natal e irse a la capital.
En El Salvador, Rosa tuvo que huir con sus hijos de un entorno de violencia de todo tipo. Cuando tuvo la oportunidad, escapó con ellos a otro pueblo en busca de refugio. Lo dejaron todo atrás – también la escuela – para salvar la vida. Afortunadamente los niños han vuelto a estudiar en la comunidad que les ha acogido y Rosa trabaja en un puesto de comida que le permite tener algunos ingresos.
Las historias son la cara de las cifras, muchas de ellas, escalofriantes. En el mundo hay 272 millones de niños y niñas sin escolarizar. Aunque ha habido avances en los últimos años, una de cada cinco niñas es obligada a casarse siendo eso, una niña, que, entre otras muchas cosas, deja de ir a la escuela.
También han sido pocos los progresos en cuanto al trabajo infantil. Los últimos datos dicen que 138 millones de niños, niñas y adolescentes están trabajando en vez de ir a clase y, de estos, 54 millones llevan a cabo tareas muy peligrosas. Situaciones que empeoran en crisis humanitarias.
Acabar con estas realidades no es una tarea fácil, y tampoco solitaria. El primer paso es tomar conciencia de la existencia de las mismas, de las dificultades que enfrentan millones de niños y niñas cada día en el mundo. Y más, en un contexto lleno de recortes de presupuesto para el desarrollo global.
La educación es un bien público y, como tal, su financiación debería estar asegurada. Los estados deberían destinar entre el 4% y el 6% de su PIB y asegurar que este sea un derecho universal y de calidad. Hace años que las organizaciones defendemos la implicación y la coordinación de diferentes actores en la defensa de la educación y otros derechos de la infancia.
Conseguir que todos los niños y niñas tengan la oportunidad de ir a la escuela, que aprendan y opten a un futuro mejor es un reto para todos y todas. Un reto que solo puede lograrse entre todos; las organizaciones, la ciudadanía, los gobiernos y, también las empresas, con nuevas estrategias y herramientas como la inversión de impacto.
Como sociedad debemos apostar por esta innovadora práctica que moviliza recursos públicos y privados hacia objetivos sociales. Una forma de inversión que busca generar retornos financieros junto con un impacto social o medioambiental positivo y medible.
La educación no puede parar. Es importante que trabajemos conjuntamente. Cada día que pasa, es un día perdido para estos niños y niñas. Tenemos que conseguir cambios, reales, que puedan medirse para poder ir mejorando y adaptándonos, que permitan mejorar la vida de estos niños y niñas. Nadie merece que su futuro, su educación y su bienestar dependan del azar y del lugar en el que se ha nacido.
***Guiomar Todó es directora general adjunta de Educo.