Eugenio Picón.
La pericial informática, garantía de los derechos de las personas
Los algoritmos y sistemas informáticos influyen cada día en decisiones que afectan directamente a derechos fundamentales. En este contexto, la labor de los ingenieros e ingenieras en informática como peritos por designación judicial o propuestos por las partes se convierte en una garantía imprescindible para la justicia.
Cuando se habla de peritajes informáticos, muchas veces la sociedad lo asocia automáticamente con procesos penales. Sin embargo, lo cierto es que la labor de los peritos ingenieros e ingenieras en informática por designación judicial o propuestos por las partes abarca un campo mucho más amplio.
Nuestra función no es perseguir delitos -esa misión corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado-, aunque sí podemos colaborar en ello cuando se nos solicita. Lo importante es destacar que el mundo pericial cuenta con una infinidad de ámbitos de actuación ajenos a lo penal, como el contencioso-administrativo, el civil, el laboral o el mercantil.
La justicia necesita del conocimiento experto de los ingenieros e ingenieras en informática.
El reciente fallo del Tribunal Supremo sobre la transparencia de algoritmos públicos ha marcado un antes y un después. El caso del algoritmo BOSCO, que determina qué hogares pueden acceder al bono social de la luz, evidencia cómo una decisión aparentemente técnica puede afectar de lleno a derechos fundamentales de la ciudadanía.
En este ámbito, la labor del perito ingeniero o ingeniera en informática es esencial. Somos quienes podemos analizar el funcionamiento interno de un algoritmo, verificar si aplica correctamente los criterios para los que fue diseñado y detectar posibles sesgos o errores que afecten a los resultados. Nuestro dictamen técnico permite a jueces, fiscales y abogados comprender un terreno complejo y altamente especializado, garantizando que decisiones críticas no queden sometidas a procesos opacos o incomprensibles.
El mito del 'fallo informático'
El llamado 'fallo informático' no existe. Detrás de esa etiqueta mediática se esconden, en realidad, deficiencias evitables de diseño, falta de control de calidad o ausencia de responsabilidad profesional en el desarrollo y gestión de sistemas que afectan a la vida y la seguridad de las personas. En estos escenarios, un perito ingeniero o ingeniera en informática puede aportar un análisis técnico independiente que identifique y documente esas deficiencias, ofreciendo a los tribunales la base objetiva para valorar su impacto en cada caso.
Por ello, reclamamos la regulación plena de la profesión de ingeniero en informática, como única vía para garantizar a la sociedad que quienes desarrollan los sistemas cuentan con la cualificación, la ética y la responsabilidad necesarias.
Tecnología, justicia y Constitución
La Constitución Española reconoce en su artículo 24 el derecho de todas las personas a obtener la tutela judicial efectiva, sin que pueda producirse indefensión. Para que ese derecho sea real y no meramente formal, jueces, fiscales y abogados necesitan comprender y valorar pruebas que, cada vez más, tienen una naturaleza tecnológica.
Ahí entra en juego la peritación en ingeniería informática. Los ingenieros e ingenieras en informática, mediante dictámenes periciales, analizamos de forma objetiva y técnica el funcionamiento de sistemas, aplicaciones o pruebas digitales. No realizamos valoraciones jurídicas —eso corresponde únicamente a jueces, fiscales y abogados—, pero sí proporcionamos la base técnica imprescindible para que la justicia pueda pronunciarse con rigor y garantizar derechos.
Como ingenieros e ingenieras en informática colegiados contamos con la titulación adecuada, formación continua y estamos sometidos a un código deontológico que protege al ciudadano. La colegiación constituye además la primera línea de defensa frente al intrusismo, impidiendo que personas sin la preparación necesaria se presenten como “peritos informáticos” y comprometan la seguridad jurídica de los procesos.
En definitiva, las listas oficiales de peritos informáticos por designación judicial deberían nutrirse de ingenieros e ingenieras en informática colegiados, porque solo nosotros aportamos la combinación de formación, experiencia y responsabilidad ética que la justicia necesita. Así se garantiza que cada dictamen pericial informático cumpla con el nivel de calidad y rigor que exige la defensa de los derechos fundamentales de las personas.
*** Eugenio Picón es ingeniero en informática colegiado, ejerce como perito desde 2004. Ha intervenido en más de 950 procedimientos judiciales en toda España y fue galardonado con el premio a la 'Empresa éTICa' por el Consejo General de Colegios de Ingeniería Informática en 2023.