Las crisis recientes en España —la DANA de Valencia, el gran apagón eléctrico que afectó a la península o los incendios de este verano— han evidenciado hasta qué punto nuestra vida cotidiana depende de la fortaleza de las infraestructuras críticas. Son estas las que garantizan el acceso a servicios esenciales como la salud, la seguridad, el bienestar económico o el funcionamiento de las instituciones públicas.

Su relevancia va más allá de los fenómenos naturales: también están expuestas a ataques delictivos o terroristas. Por ello, entre otros, existe en España el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC), responsable de coordinar y supervisar las políticas destinadas a proteger tanto las infraestructuras críticas como las llamadas estratégicas, aquellas instalaciones, redes y sistemas físicos y digitales sobre los que descansa el funcionamiento de los servicios esenciales.

Energía, transporte, agua, comunicaciones, tecnología, sistema financiero… Todas ellas conforman la columna vertebral de la sociedad. Y cualquier interrupción en su funcionamiento tiene un impacto inmediato en la vida de millones de personas.

Dentro de este entramado, las infraestructuras de comunicaciones ocupan un lugar singular: son el sistema nervioso que conecta y sostiene a todas las demás. Sin conectividad —y sin la tecnología que la habilita— se resiente la capacidad de coordinar emergencias, garantizar la seguridad ciudadana, prestar asistencia sanitaria o incluso mantener la confianza social.

Lo hemos comprobado en cada crisis reciente, cuando en cuestión de minutos se alteraron los servicios digitales y de comunicaciones que hoy consideramos imprescindibles.

En cada uno de estos episodios, los operadores de telecomunicaciones demostraron una capacidad de reacción ejemplar: activaron planes de contingencia y protocolos de emergencia, movilizaron generadores, desplegaron estaciones móviles temporales —algunas satelitales— y ofrecieron datos y llamadas gratuitas a la población afectada y a los equipos de emergencias.

Todo ello apoyado en un despliegue tecnológico que permitió actuar con rapidez, adaptarse a la contingencia y garantizar la continuidad de los servicios.

De estas experiencias se desprende una lección clara: los servicios de comunicaciones electrónicas deben ser tratados con el mismo carácter estratégico y equivalente a los demás servicios esenciales en situaciones de crisis.

Consciente de este reto, el Gobierno de España ha lanzado una consulta pública sobre un proyecto normativo en materia de seguridad y resiliencia de redes y servicios de comunicaciones electrónicas y determinadas infraestructuras digitales. En paralelo, la Comisión Europea ha abierto otra consulta centrada en la resiliencia de las redes eléctricas, con el objetivo de “evitar nuevas crisis, dar estabilidad al sector y atraer inversiones millonarias”.

La seguridad de las redes ya está contemplada, entre otras normativas, en la Ley General de Telecomunicaciones de 2022, pero tras los últimos episodios críticos la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones estudia impulsar una normativa complementaria que incluya planes de seguridad, plazos y procedimientos de notificación, y mecanismos de colaboración entre administraciones y operadores.

Desde DigitalES apoyamos los aspectos incluidos en esta consulta. Destacamos especialmente la importancia de los planes de seguridad y emergencia, que en la práctica ya aplican los operadores siguiendo estándares internacionales como las normas ISO, la gestión de continuidad de la cadena de suministro o los programas de formación y pruebas.

También consideramos esencial reforzar la cooperación público-privada, tanto para mejorar los procedimientos de notificación a la administración y a la ciudadanía como para facilitar la recuperación del servicio. Igualmente, creemos necesario impulsar canales de colaboración e información verdaderamente bidireccionales entre la administración y los operadores de infraestructuras.

Reiteramos, además, la necesidad de que los servicios de comunicaciones electrónicas reciban un trato equivalente al de los servicios esenciales en situaciones de crisis como las que hemos vivido recientemente.

No conviene olvidar que ya existen normativas europeas de aplicación directa —como la Directiva (UE) 2022/2555, conocida como NIS 2, o la normativa CER— que prevén mecanismos para reforzar la seguridad y la resiliencia. Lo adecuado sería partir de este marco común europeo, asegurando su efectiva implementación y evitando duplicar legislación.

El debate no es exclusivo de España. Como señala el informe de la OCDE Enhancing the resilience of communication networks (2025), varios países miembros están introduciendo medidas para reforzar sus redes de comunicación, apostando por políticas públicas más flexibles y ofreciendo incentivos financieros que reconozcan el elevado coste de modernizar infraestructuras y adoptar tecnologías resilientes.

Ese es el camino que debemos seguir: consolidar la fortaleza de nuestras infraestructuras de comunicaciones a través de la inversión, la colaboración público-privada y un marco regulatorio estable. Solo así podremos garantizar un futuro digital seguro, sostenible y resiliente para toda la sociedad.

*** Miguel Sánchez Galindo es director general de DigitalES.