Rebuscando entre las noticias curiosas (porque difícilmente la encontrarán en el bloque de noticias con empaque, esas que se visten con el esmoquin del rigor) igual descubrieron el nombre de un diminuto archipiélago, en el Pacífico Sur, llamado Vanuatu. Vanuatu es uno de los países más pequeños del mundo.

Para que lo sitúen, se encuentra al sur de las Islas Salomón, y a 500 kilómetros de Nueva Caledonia, en el mismo entorno que Tonga o Samoa. Si miran el mapa de la zona y para que se hagan una idea: a unos 2.000 kilómetros, 2 horas y media de vuelo, de la ciudad australiana de Brisbane.

De Vanuatu se dice que es el país con mayor riesgo de desaparecer por los efectos del cambio climático. ¿Y por qué? Porque son islas bajas, susceptibles de ahogarse por el aumento del nivel del mar por el deshielo de los glaciares y la expansión térmica de los océanos.

También por los ciclones tropicales, habituales en la zona; porque el aumento de las emisiones de carbono está acidificando los océanos y, con ello, poniendo en peligro los ecosistemas marinos y por la alteración general de los ecosistemas marinos y terrestres, con impacto directo en la seguridad alimentaria y la economía local.

Por todas estas circunstancias, por el riesgo cierto de desaparición, sus habitantes están especialmente sensibilizados y demandan acciones urgentes a nivel global para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y limitar el calentamiento global.

En ese ambiente germinó un grupo de estudiantes que decidió impulsar un interesantísimo movimiento de 27 estudiantes activistas que logró promover el que se ha conocido como "Juicio climático del siglo".

La demanda, encabezada por el Gobierno de Vanuatu, reclamaba a la Asamblea General de la ONU el derecho a protegerse de la amenaza que suponen para su supervivencia las emisiones de dióxido de carbono de otros países. Y la asamblea decidió consultar a los 15 jueces de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, el tribunal más alto de Naciones Unidas, que convocó a expertos de más de 100 países durante dos semanas de audiencias.

Y ese "juicio del siglo" dio lugar a una sentencia que, si bien no tiene consecuencias directas, sí ha sentado una jurisprudencia que, por su contundencia y claridad respecto a la responsabilidad de los estados en el uso de combustibles fósiles, ha sorprendido incluso a los más experimentados expertos en derecho ambiental.

En síntesis, el histórico fallo indica que el hecho de que un Estado no adopte “medidas apropiadas" para proteger el clima de los efectos nocivos de los gases de efecto invernadero, en particular mediante la producción de combustibles fósiles o la concesión de permisos de exploración, puede constituir un hecho internacionalmente ilícito atribuible a ese Estado.

Por supuesto, se debe introducir el matiz: las opiniones consultivas de la Corte Internacional no son jurídicamente vinculantes. Pero ofrecen una interpretación del derecho con un peso jurídico considerable. Ahora pueden ser utilizadas por parlamentarios, abogados y jueces de todo el mundo para impulsar leyes o decisiones judiciales que apoyen la acción climática.

Otra puntualización obligada. Algunos de los países más contaminantes, como EEUU, China, Rusia, o Israel no reconocen a la Corte. Pero sí otros, como Francia, Argentina o los Países Bajos, también España, en los que los jueces podrían empezar a tener en cuenta esta opinión en casos contra compañías petroleras.

La interpretación más avanzada de dictamen estaría abriendo la puerta a impugnar los permisos concedidos a nuevos proyectos de combustibles fósiles. Pero, además, los países amenazados por petroleras, cuentan con nuevos apoyos para reforzar su defensa.

El año pasado, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, el tribunal supremo del mundo encargado de los océanos, ya concluyó que los gobiernos deben tomar medidas para abordar las emisiones de gases de efecto invernadero.

Para entender todo mejor, un ejemplo. En 2022, un tribunal ordenó a Italia pagar 200 millones de euros a la petrolera británica Rockhopper por denegarle un permiso de perforación. Ahora, sobre el papel, será más difícil para un industrial afirmar que tiene una expectativa legítima de explotar un proyecto de combustibles fósiles sin obstáculos.

En otro, el principal tribunal de derechos humanos de Europa determinó que el gobierno suizo había violado los derechos humanos de sus ciudadanos al no hacer lo suficiente para detener el cambio climático.

Quizás deberíamos ir empezando a agradecer a los Estados que protejan a las personas de la amenaza urgente y existencial del cambio climático.

En Italia ya emerge el movimiento. Recientemente, el máximo tribunal de Italia dictaminó que los jueces pueden conocer de demandas por cambio climático para proteger los derechos humanos. La acción es Greenpeace Italia y de ReCommon, contra la empresa energética Eni. Vanuatu mediante.