Cuando me uní a un pequeño grupo de emprendedores e inversores en el que me sentaba como experto en “tratar con políticos”, empeñados como estábamos en dar forma a través de unos cuantos bullets a lo que acabaría siendo el germen de la futura ley de Startups, propuse que, entre nuestras reivindicaciones, debería estar la creación de una mesa de trabajo permanente de debate y diálogo con el gobierno de turno.

Ante las miradas extrañas que me dirigieron mis compañeros como diciendo “Agustín, déjate de tocar el violín y vamos a cosas concretas y tangibles, como que nos bajen los impuestos”, les comenté que la mejor forma de asegurar el cumplimiento efectivo de las disposiciones de una ley, así como influir en las futuras correcciones de la misma, pasaban porque la futura norma obligara al gobierno a convocar con periodicidad al ecosistema de emprendimiento innovador y no que el ejecutivo lo hiciera a su libre albedrío, cuando ellos quisieran tener una foto amable, o pedir aplauso para sus planes.

Aquella mesa de trabajo permanente fue mutando de nombre a lo largo del tiempo hasta que la Ley de Startups aprobada en 2022 en su artículo 25 crea el flamante “Foro de empresas emergentes”. Un Foro que celebró su reunión constitutiva el pasado martes 27 de mayo. Un espacio que haciendo deshonor a su nombre, tiene entre sus miembros más representantes del sector público que de las empresas emergentes, lo cual es el mejor indicador de la intención con la que ha sido creado.

Los que trabajamos en asuntos públicos, o como suelo decir cuando explico a qué me dedico, los que hacemos de conectores entre espacios privados y públicos que tienen dificultades para entenderse, solemos proponer la creación de estos espacios de diálogo y debate no como una forma de justificar lo que nos pagan, ni tampoco para poner una muesca más en nuestro listado de KPIs alcanzados.

Por el contrario, lo hacemos convencidos de que en sociedades complejas, llenas de conflictos de intereses, estos espacios son el único instrumento que tenemos para conformar proyectos, leyes, planes y programas que tengan en cuentan las distintas visiones y sensibilidades.

Y aunque para los “más pragmáticos del ecosistema” estos espacios y foros no sirven para nada, conviene detenerse brevemente en explicar la importancia de los mismos, pues la evidencia internacional demuestra que estos espacios de diálogo estructurado (cuando se hacen las cosas bien) generan beneficios tangibles tanto para la administración pública como para la sociedad civil organizada, creando sinergias que potencian el desarrollo económico y social.

En primer lugar, porque fortalecen la participación de la sociedad civil en las políticas públicas, democratizando la toma de decisiones, la representatividad sectorial diversa y plural de las distintas perspectivas existentes en cada sector, y la formación de capital social pues se acaban creando redes de confianza y confianza entre distintos.

En segundo lugar, sirven para hacer más eficiente la colaboración público-privada, pues institucionalizan la comunicación entre los ámbitos públicos y privados, impulsan la transferencia estructurada y bidireccional de conocimiento, reducen los malentendidos y la asimetría en el acceso a información de calidad, y alinean los incentivos comunes y con espíritu colaborativo.

Finalmente, mejoran la calidad de las políticas y planes para el sector, pues garantizan el diseño de políticas más basadas en evidencias empíricas, anticipan los impactos no deseados de las propuestas, legitiman socialmente las medidas que emergen de esos espacios, permiten el monitoreo y la evaluación de forma participativa, mejoran la coordinación entre agencias públicas y privadas, impulsan la sostenibilidad en el tiempo de las políticas diseñadas y fomentan la innovación en las mismas.

Estas ideas generales son válidas para todos los sectores, pero en el caso que nos ocupa, el fomento del ecosistema de empresas emergentes que da título a la famosa ley de startups, es absolutamente decisivo. ¿Por qué? Entre otras cosas porque cuando se diseñó la estructura de la ley (el gobierno en esto sí nos hizo caso, de tal forma que la ley primero define lo que es una startup, luego crea un sello para la misma y después enumera una serie de medidas económicas, fiscales y sociales para todas las startups que tengan dicha certificación, tal y como pedimos), en realidad estábamos “innovando”.

Ningún país había desarrollado como tal una ley de startups. Ningún país había definido en un texto jurídico normativo lo que era una startup. Tuvimos que construir una ley sin ningún modelo de referencia a nivel internacional. Como solía repetir en los bolos frenéticos en aquellos años (2019-2022), y utilizando la jerga del sector: la ley de Startups era un MVP.

La ley había que someterla a prueba con la realidad, pues aunque muchos ven algunos de sus preceptos como axiomas, tampoco hay evidencias tan contundentes sobre el impacto que tiene la mejora de la fiscalidad de las stock options, o la desgravación fiscal para business angels. Menos aún de hacer un registro público de Startups.

Así pues, la idea era ir pivotando la criatura que acababa de nacer, evaluando continuamente su aplicación y modificando (aunque fuera con los ritmos lentos del gobierno y el parlamento) lo que fuera menester. Y era en todo este contexto, donde el Foro de Empresas Emergentes se constituía en un factor decisivo (aunque nadie se fijó en este órgano, ni resaltó suficientemente su importancia, cuando se aprobó la ley en diciembre de 2022), pues debía ser el encargado de llevar a cabo esa evaluación y mejora continuas.

¿El Foro que se ha creado cumple con esas bondades generales que antes he enumerado y es útil para hacer este trabajo de evaluación? En mi opinión, y con total honestidad, he de decir que no. Y no lo digo porque haya leído las críticas lanzadas estos días por parte de algunos actores privados del ecosistema que se han visto excluidos, ni por los nombres propios de las personas y organizaciones que sí han sido invitados a formar parte de la sesión constitutiva.

Muchos de ellos, amigos y colegas de profesión, todo hay que decirlo. Mi crítica tiene que ver con la forma en la que el gobierno incorporó el Foro al articulado de la ley, la redacción del Real Decreto que aprobó dos años más tarde, en noviembre de 2024, y la gestión de su composición.

Primero: no queríamos un Senado romano. El gobierno rechazó dos pilares esenciales de nuestra propuesta: una mayoría privada en la composición del Foro y la vinculación jurídica de sus informes y recomendaciones. Sin estos cimientos, el edificio consultivo construido se tambalea como un castillo de naipes ante el primer soplo de realidad legislativa. El gobierno no debe confiar mucho en sus fuerzas, pues ha elegido a 11 representantes de ministerios, 7 de agencias públicas, 1 de los Ayuntamientos y 1 de las CCAA.

En total, 20 representantes gubernamentales, y sólo entre 7 y 9 agentes privados. ¡A ver, que los del emprendimiento innovador no son tan peligrosos como los pintan! ¡No hace falta semejante despliegue, por favor! Estos números no suman colaboración: restan credibilidad.

Segundo: a buenas horas mangas verdes. La ley remitió a la elaboración de un Real Decreto la definición del modo de funcionamiento y la composición del Foro de Empresas Emergentes, y daba 6 meses de plazo al gobierno (nosotros pedíamos 3 meses, porque era necesario que el Foro estuviera operativo desde el minuto uno en que se desplegara la ley).

El gobierno aprobó dicho Real Decreto en noviembre del año pasado, ¡sólo 2 años después de aprobar la ley! (sic). Y lo ha terminado constituyendo dos años y medio más tarde. El Foro llegó con la puntualidad que tienen últimamente los trenes en España: dos años y medio tarde, y cargado de vagones burocráticos.

Tercero; todo no se puede. El Real Decreto establece tantos criterios sobre sectores y ámbitos que deben estar representados en esos exiguos y escasos “7 o 9 agentes privados", que me ha hecho acordarme del famoso Teorema de Imposibilidad de Arrow, que establece que “es imposible diseñar una regla de elección social que satisfaga simultáneamente todas las condiciones deseables”.

Juzguen ustedes mismos: 4º del Real Decreto: “De siete a nueve vocalías, que representan al ecosistema del emprendimiento innovador, a lo largo de toda la cadena de valor, atendiendo a su relevancia en el ámbito nacional, pudiendo ser designadas las personas representantes de empresas emergentes; inversores; academia, incluyendo bajo dicho término a los agentes ejecutores del sistema español de ciencia, tecnología e innovación; centros tecnológicos; corporaciones o de cualquier otro agente que, por su importancia, se determine. En todo caso, deberá incluirse alguna persona representante del ecosistema del emprendimiento innovador cuya misión y valores estén específicamente alineados con la eliminación de la brecha de género, con la promoción de la diversidad, la inclusión y los principios democráticos o con el desarrollo del emprendimiento innovador en entornos rurales, especialmente en aquellas zonas que están perdiendo población”. Una ecuación imposible de resolver.

Cuarto: un brindis por la arbitrariedad. Pedimos al gobierno que, además de una mayoría privada en la composición del Foro, ésta debía ser representativa de la pluralidad del ecosistema, pero, sobre todo, la selección de los vocales integrantes procedentes del sector privado debía estar presidida por un criterio absolutamente objetivo y transparente (en cómo se elijan los del sector público no nos íbamos a meter).

Pues bien, el Real Decreto dice (admito que no tengo claro si fue una forma de burlarse de nuestra propuesta original) que dichos vocales serán propuestos y nombrados por el ministerio a propuesta de las agencias públicas. Es decir: literalmente a quien ellos quisieran; y así lo han hecho, sin que sepamos a estas alturas ni los criterios ni razones para que estén los 10 seleccionados (lo más gracioso de esta cifra, es que incumplen su propio Real Decreto que dice que deben ser entre 7 y 9), y que no aparezcan otros.

No hablo de nombres propios, ese no es el debate. No se puede obligar a los agentes privados a pelearse por las vocalías como si fuera el juego de las sillas al que jugábamos de pequeños. Algunos de los agraciados claramente deben estar, otros que se quejan por no estar no entrarían en ningún criterio objetivo, incluso podríamos comentar los que están por partida doble o triple, por no hablar de las grandes ausencias que tienen que ver con los centros tecnológicos, las universidades y sus spin-offs, y otro tipo de agentes importantes del ecosistema.

Es lo que tiene santificar en una norma la arbitrariedad a la hora de nombrar a representantes privados en un foro de colaboración público-privada.

No conozco bien el trabajo que se ha hecho de forma conjunta o individual entre los agentes del ecosistema privado en los últimos dos años y medio, pero considero que cuando vieron el resultado final del Real Decreto aprobado en 2024 deberían haberse ido todos unidos al gobierno a decirle que ese modelo de elección y funcionamiento era inaceptable, y exigido una rectificación, llegando incluso al extremo de negarse a participar en dicho Foro hasta que no fueran subsanadas estas graves deficiencias.

En resumidas cuentas, visto lo que ha pasado desde que se aprobó la ley hace dos años y medio, creo que el gobierno nunca se tomó muy en serio el espíritu original con el que se les propuso la creación del citado Foro, pues ha tardado una eternidad en decir cómo lo iba a hacer, y cuando finalmente lo ha hecho ha puesto de manifiesto la peor de las formas de entender estos instrumentos de participación social y de colaboración público-privada, y que podemos resumir con una mítica expresión: ¡Aquí mando yo!

Desde hoy, este ejercicio gubernamental pasa a formar parte de los casos reales prácticos que suelo poner en mis clases de Asuntos Públicos, como buen ejemplo de lo que nunca hay que hacer en materia de colaboración público-privada.