Representantes de distintas Comunidades Autónomas debaten sobre soberanía digital en el evento organizado por Liferay.
El reto de la soberanía digital en las administraciones públicas: gobernar la IA sin perder el control de los datos
Mantener la capacidad de decisión y de control sobre las infraestructuras digitales es uno de los grandes desafíos de los organismos públicos, tal y como se ha puesto de manifiesto en el simposio de la tecnológica Liferay.
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Porque, según su exposición en el foro, la mayoría de los datos y servicios críticos los controlan empresas de fuera de Europa, lo que reduce la capacidad de negociación y control de las administraciones. Como ejemplo citado, afirmó que el noventa por ciento de los datos continentales están en manos de empresas norteamericanas.
Ya ocurrido: limita la soberanía sobre datos e infraestructuras y puede condicionar decisiones tecnológicas; potencial: aumenta el riesgo de pérdida de control sobre información sensible y la exposición a políticas de terceros países.
Asturias ha definido un marco regulador interno para el uso de IA y ha lanzado un sandbox con el sector privado para testar casos de uso y negociar condiciones; la estrategia busca controlar la adopción antes de escalarla.
El CSN ha diseñado un plan director que evita automatizaciones aisladas, ejecuta comprobaciones cerradas por diseño sobre las salidas de los modelos y mantiene a la persona como decisora final; aplica controles más estrictos cuanto mayor es el riesgo.
En educación y sanidad condiciona la gestión segura de usuarios y datos: Educamadrid gestiona medio millón de usuarios y cientos de millones de correos, y Salud Informa usa datos para informar clínicamente, por lo que la residencia y la seguridad de los datos son determinantes para su funcionamiento.
El concepto de soberanía digital se ha vuelto tan trascendental en los últimos años que no hay una definición igual a otra. Dependiendo de quién la formule tendrá más o menos implicaciones, laxitud o condicionantes. Pero todas aluden a una misma idea: la capacidad de las organizaciones para mantener el control sobre sus datos, las infraestructuras, las aplicaciones y las decisiones a tomar en torno a ellos.
Sin ceñirnos solo al marco teórico, y poniendo el foco en las administraciones públicas, la aproximación no implica tener que prescindir de proveedores tecnológicos o renunciar a la posibilidad de desarrollar arquitecturas propias. Se trata, más bien, de garantizar la flexibilidad sin dependencias para, en último término, mejorar la relación con la ciudadanía.
Sobre estas premisas, distintos gobiernos locales y autonómicos están impulsando iniciativas para avanzar en soberanía digital. Algunas de ellas se han presentado esta semana en el marco del evento ‘Inspire: Foro de Administración Pública 2026, la era de la soberanía digital’, organizado por Liferay.
Representantes del Principado de Asturias, el Consejo de Seguridad Nuclear, el Servicio Aragonés de Salud o Educamadrid, entre otras entidades, explicaron cómo combinar la autonomía estratégica con elementos transversales como la inteligencia artificial o la resiliencia para lanzar y proteger servicios esenciales para las personas.
El encuentro ha servido también para el primer barómetro de percepción sobre soberanía digital en el sector público de Liferay, solución que ya cala en el 80% de las Comunidades Autónomas.
Como principal conclusión, subrayaba Óscar González, Regional Sales Leader de la compañía, España -como el resto de Europa- corre el riesgo de entrar en una suerte de ‘colonialismo digital’ en el que países terceros dominan el desarrollo de la tecnología.
“Los datos son demoledores”, indicaba: el 90% de los datos continentales están en manos de empresas norteamericanas; el 80% de los servicios de la nube están gestionados por sus empresas; y el 100% de los microchips críticos para defensa proceden de fuera.
Óscar González, Regional Sales Leader de Liferay.
Y, si hablamos de inteligencia artificial, la tendencia no cambia. Estados Unidos y China concentran los principales modelos de negocio, incluidos los grandes modelos de lenguaje (LLM, de sus siglas inglesas).
“Este desafío no es teórico, ya está pasando”, advertía el directivo. “Cuando una administración cede el control de su información, no solo delega tecnología, pierde soberanía democrática”.
En este contexto, el estudio dibuja una industria pública local a dos velocidades, con un 46% de los encuestados que se consideran maduros, mientras que el 49% está en una fase de madurez incipiente. Los principales puntos de criticidad son la independencia frente a los proveedores y las lagunas en las claves de cifrado y la gobernanza de la IA.
De la teoría a la práctica: el gran reto
Estos datos reflejan que el desafío que mantienen las administraciones públicas españolas: conciliar el control sobre sus recursos con la prestación de servicios. Sobre esta cuestión debatieron Javier González, director de la Dirección General de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial del Principado de Asturias; Mónica Martínez; directora gerente del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA); y Manuel Amutio, director del Centro Nacional de Industrias del Español (CNIE).
Javier González (Asturias) puso el foco en la importancia de gobernar la IA. “Tiene muchísimo potencial, y nosotros queremos explotarlo, pero antes de ello había que sentar las bases y ponerla a rodar en la autopista adecuada”.
En este sentido, el Principado ha establecido un marco regulador para su uso en la Administración. “Las instrucciones son fundamentales”, añadió. Además, ha puesto en marcha un sandbox junto con el sector privado para ver en qué casos de uso puede ser más útil. “Al final, esto es de lo que trata la soberanía: saber el camino que tienes que elegir y cómo aprovechar las nuevas tecnologías. Se trata de tener capacidad de negociación en todo momento”.
Por su parte, Mónica Martínez (IMIDRA) subrayó la importancia de “pensar global y actuar local”. Es decir, para la Comunidad de Madrid, indicó, es vital que las empresas puedan compartir los datos, pero también su seguridad. “En las administraciones tenemos la mejor información, y si la IA no tira de ellos los buscará en otro lugar”. Por ello, se necesitaba una ley que protegiese los derechos fundamentales para que a su vez permitiese esa compartición para ganar competitividad.
Javier Fernández (Principado de Asturias), Mónica González (IMIDRA), Manuel Amutio (CNIE) y Yolanda Vega (Burson).
Asimismo, defendió el compromiso de la región con el sector primario. “Hemos hecho cosas interesantes, como la posibilidad de hacer a los agricultores dueños de sus datos a través de un cuaderno de campo”. Al final, concluyó: “Tenemos que digitalizar muchos procesos con el objetivo de que lleguen a la gente”. Sin olvidar, además, que el suministro agroalimentario es fundamental, también en cuestiones de defensa, y que hay que “cuidarlo y protegerlo”.
Y, Manuel Amutio (CNIE) presentó el proyecto del espacio de datos de su organismo, orientado a impulsar la lengua española en los modelos fundacionales de inteligencia artificial, la mayoría en inglés. “Nuestro idioma se ha convertido en una traducción en internet”, aseveraba.
“Si queremos tener una IA fiable en castellano tenemos que saber de dónde saca los datos y las condiciones de uso: con quién se comparten y de qué forma”, indicaba. Para el responsable del CNIE resulta fundamental que el consumidor de esta información sepa cuál es su origen, su trazabilidad y, en definitiva, saber qué está manejando.
Confiar sí, pero siempre verificar
La inteligencia artificial también está llegando a organismos reguladores críticos como el Centro de Seguridad Nuclear (CSN). Su jefa en esta tecnología, Patricia López Benedi contó cómo el organismo ha llegado a confiar en la máquina con una mirada particular.
Por una parte, es necesario saber de dónde sale el dato, cómo va a llegar a la respuesta para, por último, introducir a la persona como decisora final del proceso. “La IA miente muy bien, y además lo hace con mucha seguridad”, argumentaba. “Nunca dice ‘no lo sé’ o ‘no tengo esa información”.
Por ello, el modelo del CSN pasa por un plan director para toda la casa en el que se evita cualquier tipo de automatización aislada que luego no se pueda gobernar. De este modo, se han identificado tres grandes líneas de trabajo con sus respectivos riesgos.
En primer lugar, si el ciudadano quiere preguntar en la página web con lenguaje natural, el desafío es que la IA no de respuestas falsas. En segundo término, el empleado tiene que mejorar su productividad sin volcar información confidencial. Y, por último, las decisiones que tienen que ver con el regulador no pueden estar tomadas sobre datos irreales.
“Hemos creado varias soluciones distintas: todo lo que genera el modelo pasa por unas comprobaciones cerradas por diseño”, dijo. “Tenemos claro que nuestros datos no van a salir de nuestra casa. A mayor riesgo, mayor control”.
En este marco se desarrolla Radia, la solución del CSN, que es capaz de consultar la información en lenguaje natural, comprenderla, analizarla y redactar.
“Lo que tiene que ser confiable es el sistema. Trabajamos en un sector muy crítico y nos hemos dado cuenta que lo que es confiable no es eliminar el riesgo, sino controlarlo”.
Sanidad y educación, sectores clave
La jornada finalizó con la experiencia de dos ámbitos esenciales para nuestra sociedad: educación y sanidad. Ricardo Cantabrana, responsable del servicio Salud Informa del Servicio Aragonés de Salud, explicó que “la información vive en las personas. Y nuestro objetivo es curarlas”.
Por ello, necesitan utilizarla, siempre con los máximos controles de seguridad y residencia, para informarles sobre aspectos importantes para su salud. “Tenemos que hacer que todo sea fácil de entender y utilizar porque si no la gente no adopta los nuevos canales digitales. […] Queremos que la gente utilice nuestro servicio en internet y evitar que tenga que venir presencialmente para cuestiones que no necesita”.
Por último, Adolfo Sanz de Diego, jefe de servicios de Plataformas Educativas de la Consejería de Digitalización de la Comunidad de Madrid, narró el caso de Educamadrid, el entorno digital de la región para facilitar la enseñanza y la comunicación entre centros educativos, profesorado y familia, que cuenta en la actualidad con 500.000 usuarios activos.
Asimismo, gestionan 400 millones de correos por curso lectivo y sirven más de 10.000 millones de páginas vistas. Todo ello gracias a una evolución gradual en la que se han ido incluyendo recursos tecnológicos hasta llegar a la era de la inteligencia artificial.
