Imagen de recurso de un almacén de patentes.
España lidera el crecimiento de la innovación pública en Europa, pero seguimos lejos de nuestros vecinos en patentes
Los entes públicos de innovación españoles registraron 2.994 patentes entre 2000 y 2020, frente a las 25.352 y 18.276 solicitudes de Francia y Alemania.
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Una de las particularidades del modelo de investigación e innovación europeo es la preponderancia del sector público en estos menesteres. Frente a dinámicas mucho más orientadas al mundo privado, como las que ocurren en Estados Unidos, en el Viejo Continente seguimos confiando gran parte de los esfuerzos en I+D+I a organismos estatales diseñados para estas tareas.
De ahí que sea relevante el papel que cada país ocupa en esta particular clasificación de innovación pública. Y las noticias para España son positivas desde una perspectiva inmediata, más agridulces si seguimos mirando la panorámica completa.
El dato grueso: los organismos públicos de investigación españoles han multiplicado por cuatro sus solicitudes de patentes europeas entre 2001 y 2020 (de 57 a 265, un aumento del 365%). Esta evolución sitúa a España como el quinto país europeo con más solicitudes provenientes de estos entes, con un total de 2.994 patentes en ese período.
Son cifras que publica hoy la Oficina Europea de Patentes, en colaboración con Fraunhofer ISI, según las cuales podemos saber, además, que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) figura entre los diez organismos públicos europeos más activos, con 1.069 solicitudes.
Los hospitales de investigación españoles también han contribuido a este hito con 726 solicitudes entre 2001 y 2020, con lo que España ocupa el séptimo puesto europeo en innovación hospitalaria.
Luis Berenguer, portavoz de la Oficina Europea de Patentes, explica a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL que "España no sólo se sitúa entre los líderes europeos en cuanto a actividad de patentes académicas, sino que también destaca por su entorno propicio para el emprendimiento basado en la investigación, con casi un centenar de startups vinculadas a instituciones científicas y una sólida red de colaboración con equipos internacionales".
Hasta aquí las buenas nuevas, pero no es oro todo lo que reluce. Para empezar, y si comparamos en términos relativos, el peso de las patentes provenientes de organismos públicos sobre el total nacional es del 11,9%, sólo superado por Francia (13,9%). Lejos de ser algo bueno, constata la débil posición innovadora del sector privado o el desinterés del tejido empresarial por invertir en I+D+I.
Además, este extraordinario crecimiento de las patentes públicas en España en las dos últimas décadas nos acerca a la cabeza europea, pero la distancia con los grandes referentes comunitarios sigue siendo abismal.
Por ejemplo, en ese mismo período de tiempo, Francia acumuló 25.352 solicitudes de patentes, por las 18.276 de Alemania. Es cierto que nuestras 2.994 solicitudes nos sirven para ganar a Italia (1.722) y acercarnos a Bélgica y Países Bajos (3.084 y 3.803, respectivamente). Empero, es un triste consuelo para un país tan necesitado de reinventar su modelo productivo a hombros de la innovación como es nuestro caso.
Y por rematar, la situación general de la I+D+I en España sigue siendo muy mejorable. Nuestro país arrastra un déficit estructural en inversión en estos lares: en 2023, el gasto interno en I+D alcanzó los 22.379 millones de euros, lo que representa el 1,49 % del PIB, según datos del INE. Este porcentaje está muy por debajo de la meta fijada por la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación (EEC TI), que aspira a alcanzar un 2,12 % del PIB en 2027.
Todo ello sin contar el enorme reto que supone convertir el conocimiento público en innovación empresarial. No podemos obviar que el hecho de que una patente sea solicitada no garantiza que derive en productos comercializados o impacte en las cadenas industriales. El enlace entre la investigación y la industria en España sigue siendo una de las sempiternas asignaturas pendientes.
