Una charla sobre IA generativa en Cáceres.
El año en el que la IA generativa se coló en la Administración: de evaluaciones ambientales a redacción de informes
Compañías especializadas y ejemplos concretos en gobiernos autonómicos confirman que la inteligencia artificial ya facilita y agiliza determinados trámites burocráticos.
Más información: IA generativa para acortar los farragosos plazos de evaluación ambiental: el ejemplo de Red Hat y Castilla-La Mancha
Quizá la sanidad fue el primer sector público que confirmó la importancia que puede tener la inteligencia artificial a la hora de agilizar procesos. En este caso, se puede decir que en estos momentos la práctica totalidad de servicios de salud autonómicos aplican ya en centros de salud y hospitales diversos proyectos disruptivos relacionados con este ámbito.
Pero poco a poco, el impacto de la IA se ha ido extendiendo a otros sectores que tienen que ver más con la eliminación de trabas burocráticas en determinados trámites que realizan tanto los funcionarios como los propios ciudadanos.
Estos últimos meses han demostrado, a través de ejemplos en varias comunidades autónomas, que la IA ha venido para quedarse.
Opinan sobre ello los creadores de Maite.ai, una inteligencia artificial especializada en el ámbito jurídico. "Lo que hasta hace poco parecía reservado a grandes organizaciones o ministerios comienza a utilizarse en ayuntamientos y organismos de distinto tamaño para agilizar tareas administrativas, siempre bajo supervisión humana", explican.
Así, reconocen que "un indicador de esta tendencia es el número de organismos públicos que ya trabajan con herramientas especializadas". En el caso de esta IA concreta, "cada vez son más las administraciones públicas que la incorporan como apoyo en su trabajo documental, consolidando una tendencia de adopción que continúa al alza".
Maite.ai cuenta con una amplia implantación en el sector público español, trabajando con organismos de la Administración General del Estado y Defensa, administraciones autonómicas y empresas públicas estratégicas, así como con diputaciones y ayuntamientos, desde grandes capitales hasta municipios rurales.
Su tecnología también presta servicio a Autoridades Portuarias dependientes de Puertos del Estado, universidades públicas, fundaciones sanitarias y de investigación vinculadas a hospitales de alta complejidad, colegios oficiales de médicos, cámaras de comercio e industria y comunidades de regantes.
![Un autobús urbano en Barcelona.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11337663.jpg?p=w:320\/h:240&h=3RLan9mh"])
En la práctica, el uso más habitual se concentra en estructurar y disponer de una primera versión de informes, decretos y propuestas de acuerdo sobre la que trabajar. El valor no reside en sustituir el criterio profesional, sino en disponer antes de un documento bien estructurado para dedicar más tiempo a revisar el fondo del asunto.
"La cautela sigue presente en un entorno donde el rigor es innegociable. En la revisión de pliegos y contratos menores, la inteligencia artificial aporta una capa adicional de comprobación y ayuda a detectar posibles omisiones, pero la revisión y la validación jurídica final se mantienen siempre en manos del profesional habilitado", argumentan las fuentes consultadas.
La adopción suele comenzar como una prueba individual y extenderse después a otros perfiles dentro de la organización, incluidos los que inicialmente se mostraban más prudentes ante la inteligencia artificial.
Vayamos a ejemplos concretos. Hace unos meses, conocimos cómo la Junta de Castilla-La Mancha, de la mano de la tecnológica Red Hat, había implementado una herramienta para posibilitar una mejora de los trámites de declaraciones de impacto ambiental de proyectos urbanísticos o de cualquier otra índole.
Esto supone un ahorro de tiempo muy considerable a la hora de tramitar, por ejemplo, ese tipo de planes urbanísticos en zonas de influencia de entornos naturales, que son los que suelen retrasar la ejecución de estos planes.
Y, ya se sabe, hay veces que la disrupción crea tendencia. Y eso es lo que se demuestra ahora ante el hecho de que otra administración autonómica, en este caso la Generalitat de Cataluña, ha presentado una herramienta similar.
Otro ejemplo
El Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, a través de la Dirección General de Políticas Ambientales y Medio Natural, realiza anualmente miles de informes ambientales para actividades como carreras de montaña, vuelos con drones, excursiones a motor o gestión forestal en los espacios naturales protegidos de Cataluña.
Tradicionalmente, los técnicos revisaban manualmente la normativa, analizaban las capas geoespaciales y redactaban la documentación para cada aplicación, un proceso propenso a redundancias y que implica una elevada dedicación a tareas de poco valor añadido.
El proyecto piloto centrado en las autorizaciones de carreras de montaña incorpora un asistente de IA generativa que automatiza la redacción de informes ambientales mediante la integración del análisis geoespacial de rutas y áreas protegidas y el razonamiento jurídico basado en la normativa digitalizada, entre otros, de modo que el sistema puede consultarlos, compararlos y entender qué normas se aplican con el fin de facilitar las decisiones de los técnicos.
Se estima que el uso de la herramienta puede suponer un ahorro medio del 45% del tiempo de redacción de los informes, lo que equivale, sólo para estos casos, a unas 800 horas anuales de tareas técnicas de poco valor añadido.
La inteligencia artificial se consolida, pues, como un aliado estratégico esencial para la modernización de nuestras instituciones, impulsando una administración más ágil y orientada al bienestar del profesional público. Al delegar las tareas más mecánicas, el funcionario refuerza su papel central y su capacidad de análisis, garantizando en todo momento la seguridad jurídica y el rigor que sólo el criterio humano puede aportar en la construcción de un sector público de vanguardia.
