Volatilidad y freno al talento: las consecuencias del cierre del gobierno de Estados Unidos para Silicon Valley

¿El resultado? Un cierre del gobierno central que afecta prácticamente a todos los sectores: aeropuertos, seguridad, organizaciones como la NASA, el FBI, la CIA, parques nacionales y un largo etcétera.

Se trata de una paralización que impacta directamente también a las empresas privadas. Silicon Valley, en particular, no ve con buenos ojos este tipo de bloqueos, que interrumpen el funcionamiento del gobierno federal.

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Uno de los primeros efectos en la meca tecnológica del país es la ralentización del procesamiento de las visas H-1B, una herramienta indispensable que el sector emplea para contratar talento tecnológico extranjero altamente cualificado.

Las startups también suelen temer este tipo de cierres federales. Aquellas que dependen de fondos o contratos públicos pueden enfrentar retrasos en los pagos o la suspensión de proyectos en curso.

A esto se suma la incertidumbre económica y la volatilidad en los mercados bursátiles, factores que golpean directamente a la inversión en tecnología. Esto afecta tanto a rondas de financiación como a decisiones estratégicas de crecimiento.

Con el país parcialmente paralizado, muchas empresas se ven obligadas a frenar su expansión ante la inestabilidad que genera un “shutdown” (cierre de gobierno). Y las actividades no se reanudan hasta que ambos partidos logran un acuerdo.

El cierre de gobierno más largo en la historia de EE.UU. se produjo durante el mandato anterior de Donald Trump. Duró 35 días, entre el 22 de diciembre de 2018 y el 25 de enero de 2019, y afectó a 800,000 empleados públicos, muchos de los cuales se quedaron sin sueldo durante más de un mes.

En aquella ocasión, la paralización tuvo un coste económico estimado de más de 11.000 millones de dólares, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, de los cuales 3.000 millones se consideraron pérdidas permanentes.

Esta vez, la presión de los empresarios podría ser clave para alcanzar un acuerdo más rápido. El punto de fricción gira en torno a los programas de ayuda pública a la salud: los republicanos buscan recortarlos, lo que implicaría un aumento significativo en los costos que los ciudadanos pagan por un seguro; los demócratas, por su parte, se oponen firmemente a esta medida.

California marca el rumbo de la IA

Mientras el gobierno federal continúa atascado en disputas presupuestarias, el estado de California (bajo el control demócrata) avanza con nuevas regulaciones que buscan poner un poco de orden al crecimiento descontrolado de la inteligencia artificial.

En los últimos tres años, la IA ha evolucionado con tal rapidez que los gobiernos no han conseguido mantener el “ritmo regulatorio”. Esto ha dejado a las empresas del sector operar con escasos límites y una supervisión prácticamente inexistente.

La nueva ley de inteligencia artificial aprobada en California establece un marco pionero para regular el desarrollo de modelos avanzados de IA. La norma exige a las grandes compañías que publiquen cómo están integrando estándares nacionales, internacionales y mejores prácticas del sector, reforzando así la transparencia.

En el ámbito de la seguridad, se creará un canal oficial para que tanto empresas como ciudadanos avisen de incidentes críticos a la Oficina de Servicios de Emergencia de California.

Además, se añade protección legal a quienes denuncien riesgos graves derivados del uso de modelos avanzados y se contemplan sanciones civiles en caso de incumplimiento.

“California ha demostrado que podemos establecer regulaciones para proteger a nuestras comunidades y, al mismo tiempo, garantizar que la creciente industria de la IA siga prosperando”, aseguró el gobernador Gavin Newsom en un comunicado. “Esta legislación logra ese equilibrio. La IA es la nueva frontera de la innovación y California no solo está aquí para apoyarla, sino que también se mantiene firme como líder nacional al promulgar la primera legislación estatal de seguridad en inteligencia artificial”.