La pandemia de la Covid-19 ha evidenciado, más que nunca antes, que la brecha digital revierte en exclusión social. Aquellas personas que no pueden acceder a la información, a la educación o a los servicios que presta la economía digital quedan inmediatamente excluidas de ésta.

Por eso, reducir la brecha digital que sufren partes de la España vaciada constituye un asunto absolutamente prioritario. No en vano, la inclusión digital aparece en todos los planes estratégicos nacionales presentados en los últimos meses, tanto de conectividad como de capacitación digital, digitalización de las pymes…

El impulso de los despliegues de fibra óptica es también un argumento recurrente en las campañas electorales recientes, incluyendo la actual campaña a las elecciones catalanas. Asimismo, aparece en los compromisos adquiridos por el Gobierno de España con Teruel Existe para su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez.

Este debate político suele pasar por alto, sin embargo, la existencia de un programa estatal por el que cualquier ciudadano, hoy mismo, tiene derecho a reclamar que se le instale banda ancha en su casa, negocio, ONG o administración. La primera y principal condición es estar ubicado en un municipio (o entidad singular de población) inferior a 5.000 habitantes.

El Estado se compromete a estudiar cada solicitud y, cuando se cumplan los debidos requisitos, facilitar esa conectividad a través de la tecnología que lo haga posible. 

Concretamente, el Programa ‘Ayudas Banda Ancha Fija 30Mbps’ lo gestiona Red.es, el brazo ejecutor del Gobierno para proyectos de digitalización. Red.es es una empresa pública adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e IA.

Este programa se puso en marcha en 2017, fue descontinuado en marzo de 2020, después de que el real decreto del estado de alarma obligara a suspender la tramitación de todos los procedimientos de las entidades del sector público, pero fue nuevamente retomado después. Desde Red.es han confirmado a D+I que estas ayudas continuarán vigentes este año y que desde el 14 de diciembre se encuentra abierta una nueva convocatoria. 

Se confirma así que el Gobierno dará continuidad a esta iniciativa, al menos, hasta el próximo 31 de diciembre. El real decreto 898/2017 ya abría esa posibilidad, al establecer lo siguiente: "El presente programa de ayudas se extenderá hasta el día 31 de diciembre de 2020, si bien el órgano competente para la convocatoria, gestión y resolución de estas ayudas podrá ampliar dicho plazo hasta un período adicional de dos años". 

Subvenciones

Se trata de un plan tecnológicamente neutral, siguiendo las directrices marcadas por la Comisión Europea. En la práctica, un porcentaje elevado de las solicitudes -salvo, por ejemplo, en aquellos casos donde haya un despliegue de fibra previsto a corto plazo- se resuelven mediante una conexión por satélite.

En virtud de este programa estatal, los ciudadanos, autónomos, pymes y pequeños ayuntamientos de la España rural tenían también derecho a percibir una subvención para cubrir el coste de la instalación de los equipos. Concretamente:

- 400 euros cuando los servicios se provean con tecnología satelital.

- 150 euros cuando los servicios se provean con tecnología terrestre inalámbrica.

- 50 euros cuando los servicios se provean con tecnología terrestre cableada.

Este programa de subvenciones fue puesto en marcha en 2017 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y mantenido por el equipo de Gobierno actual, si bien ambos equipos le han concedido escasa publicidad. Tiene una dotación máxima de 5 millones de euros anuales.

Los operadores son los responsables de reclamar la subvención a Red.es, en representación del potencial beneficiario. Por tanto, en primer lugar, los usuarios interesados tienen que elegir un operador de comunicaciones electrónicas de entre los más de 50 que están adheridos al programa, y firmar un contrato. Para más información, pinche aquí.

El satélite, alternativa 'rápida' a la fibra óptica

Con o sin subvención de por medio, la conexión por satélite gana enteros como alternativa para vertebrar digitalmente la España vaciada. Eurona, el operador de satélite más conocido en nuestro país, ofrece desde este año velocidades de banda ancha de 100 Mbps en el medio rural.

En marzo de 2020, a pesar de la mencionada interrupción del programa de ayudas del Gobierno durante el estado de alarma, Eurona registró un incremento del 60% en las altas de sus servicios en zonas rurales, “motivado por el confinamiento y la necesidad de una conexión a Internet de calidad en los hogares ubicados en zonas rurales sin acceso a servicios de banda ancha fija o terrestre”, según la compañía.

“De hecho, la pandemia y el confinamiento convirtieron a Internet en un bien de primera necesidad, en un servicio esencial como la electricidad, el gas o el agua corriente, y en la única solución para posibilitar el teletrabajo en ciertos sectores profesionales, la educación a distancia, la telemedicina e incluso el entretenimiento”, continúan las mismas fuentes.

Una de las principales ventajas que presenta el satélite fuente a las conexiones terrestres es la rapidez en su despliegue. Un usuario puede empezar a recibir señal de Internet en cuestión de días. Otras fuentes del sector destacan a D+I que “la conexión por satélite fue la única que no sufrió parones durante el temporal de nieve Filomena”.