La noticia ha pasado desapercibida. La UE, EE. UU. y otros 32 países acaban de firmar una 'Declaración por el futuro de Internet'. No es un hecho menor, y sin embargo apenas ha tenido eco mediático. La aprobación de la Ley de Servicios Digitales ha eclipsado esta declaración, que además está muy alineada con lo que promueve la Digital Services Act.

El documento reivindica las promesas incumplidas de internet frente a las oportunidades y desafíos globales que presenta el siglo XXI. Reafirma la visión de una internet abierta, libre, global, interoperable, confiable y segura, unificada y no fragmentada, que facilita las comunicaciones y el comercio globales, que apoya la libertad, la innovación, la educación y la confianza y que fomenta la competencia, la privacidad y el respeto por los derechos humanos (concepto que aparece en 21 ocasiones en las tres páginas de las que consta el documento).

Los firmantes se comprometen a proteger dichos derechos y libertades fundamentales; a promover una internet global donde haya libre flujo de información; a fomentar la conectividad inclusiva y asequible para que todas las personas puedan beneficiarse de la economía digital; a promover la confianza en el ecosistema digital global (a través de la protección de la privacidad y de otras medidas), y a proteger y fortalecer un enfoque de gobernanza de internet que incluya a múltiples stakeholders (sociedad civil, industria, academia, etc.) "para mantener el funcionamiento de internet en beneficio de todos".

La Declaración establece también que los socios trabajarán juntos para promover dicha visión y sus principios a nivel mundial, eso sí, "respetando la autonomía regulatoria de cada uno dentro de sus propias jurisdicciones y de acuerdo con sus respectivas leyes nacionales y obligaciones legales internacionales".

Entre mucha palabrería, hay un ímpetu que queda claro en el documento. Primero, el de poner por encima de todo los derechos humanos (al menos, sobre papel). Segundo, y quizá detonante de la publicación de esta declaración ahora: la apuesta por una internet global abierta frente al denominado splinternet o balcanización de internet que se ha visto potenciado por la guerra rusa.

El máximo representante del splinternet es China, que ya en 1997 construyó su Gran Muralla Digital. Rusia se unió al club en 2019, con su primera prueba de desconexión de la internet global a través de intranet rusa: RuNet.

Hay un claro riesgo de que la tendencia se exacerbe. O, aún peor, que el modelo autoritario de vigilancia, censura y control online de Rusia, China y otros acabe dominando en el mundo conectado.

El gigante asiático está atrayendo a su órbita a otros países con la excusa de ayudarles a construir su infraestructura digital, en el marco del proyecto de la Ruta de la Seda digital. Son al menos dieciséis naciones las que están ya bajo su estela, aunque se sospecha que puedan ser muchas más. Ninguna de ellas -con la excepción de Kenia- firma la Declaración. Tampoco lo hacen otras como India -que encabeza la lista mundial de países con mayor número de apagones de internet impuestos por gobiernos locales, estatales o nacionales- seguido por Pakistán. En Latinoamérica hay grandes ausentes como Chile o México.

La lista completa de quienes sí respaldan la declaración incluye a: Albania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Cabo Verde, Canadá, Colombia, Costa Rica, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, República Dominicana, Estonia, la Comisión Europea, Finlandia, Francia , Georgia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Kenia, Kosovo, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Maldivas, Malta, Islas Marshall, Micronesia, Moldavia, Montenegro, Países Bajos, Nueva Zelanda, Níger , Macedonia del Norte, Palau, Perú, Polonia, Portugal, Rumania, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Taiwán, Trinidad y Tobago, Reino Unido, Ucrania y Uruguay.

Resulta hipócrita que algunos de esos países firmen una declaración pro derechos humanos mientras en su territorio estos se violan de forma sistemática, en el mundo digital y en el físico. El carácter no vinculante del documento se lo permite, y dicho carácter condiciona enormemente la capacidad transformadora del acuerdo

Si bien se trata de un avance simbólico, la Declaración corre el riesgo de quedar, como la Carta de Derechos Digitales española y tantas otras, en papel mojado. Por eso, es necesario ir más allá. En 'Error 404' reivindico la necesidad de una entidad supranacional multistakeholder dedicada a la gobernanza de internet y a velar por esa visión que promulga la Declaración.

Más en concreto, propongo la creación de una Zona de Comercio Digital que vincule la adopción de valores democráticos en internet con el acceso a los mercados digitales. Esta Zona mantendría el libre flujo del comercio digital a través de las fronteras de los países miembros.

Ello implicaría la implantación y el obligado cumplimiento de estándares y prácticas comunes, así como imponer aranceles sobre productos digitales de estados no miembros, además de sanciones a quienes participen en actividades prohibidas.

Esos estándares y prácticas se dirigirían a garantizar la privacidad y la no discriminación, a prevenir la desinformación, a mejorar la ciberseguridad, a fortalecer la infraestructura y a reducir la dependencia de países no miembros, entre otras cosas. Al vincular el acceso a la Zona de Comercio Digital a las obligaciones asociadas, las naciones socias pueden crear una alternativa convincente a las visiones autoritarias de la gobernanza digital.

Así, y no con una mera declaración, podríamos hablar de avances reales. Como dice la comedia de Lope de Vega: "Obras son amores, y no buenas razones". Necesitamos más acciones y menos "declaraciones" por el futuro de internet.