Nos ponen 140.000 millones de euros encima de la mesa y a nosotros sólo se nos ocurre echarnos los trastos a la cabeza: lamentable. Los neoliberales que repudian cualquier cosa pública los rechazan sin pensárselo dos veces y los extremistas de lo público sueñan con intervenirlos hasta la extenuación, hasta que no quede aire.

Pero los que más me preocupan son los oportunistas que los vigilan por encima para dar con el titular que les asegure otro puñado de votos. Se les reconoce fácil, pues están todo el día en los medios afirmando que no se ejecutan, que se devuelven, que se reparten mal, que no llegan a las pequeñas empresas… Ayudar, lo que se dice ayudar, nada de nada: mientras quienes tienen que asumir su gestión se topan con un marco jurídico decimonónico basado en la desconfianza a ellos sólo se les ocurre llamar a Bruselas para denunciar nimiedades y así hacerse ver y poco más… Mal. Muy mal.

Es de vergüenza que un país que estaría en la ruina si no fuera por Europa (por la UE y por sus instituciones y por su apoyo económico y por la estabilidad del euro) salga del largo túnel de esta pandemia maldita por la misma puerta por la que se adentró en su incertidumbre: dividido, antagónico, anclado a las soflamas, hablando de oídas, incapaz de encontrar vías de consenso para gestionar la última oportunidad que tenemos de subirnos a la nueva modernidad.

Si seguimos incapaces, nuestra brecha con quienes sí lo son y lo hacen será cada vez más grande: caeremos aún más en educación y en servicios esenciales, nuestros trabajos serán más precarios y más dependientes del exterior (turismo y servicios ligados a las hordas de visitantes que nos exigen cada vez más a cambio de menos), no podremos desarrollar nada parecido a industrias sustentadas en la innovación y la tecnología y nuestras empresas serán cada vez más pequeñas (más aún), o serán por el contrario unicornios inflados por el capital sin patria, sin nombre, que no dejan hilos sobre los que colgar las nuevas columnas del desarrollo.

Kit digital, bajas temerarias y doble contratación

Claro que, luego vamos a ver qué es lo que pasa y nos encontramos con una realidad dolménica, inamovible, inexpugnable en sus procesos. Vemos algunos ejemplos.

Recientemente se ha lanzado el programa Kit Digital: unos 3.000 millones de euros para promover la digitalización de nuestras empresas (autónomos, micros y pequeñas) y que éstas pongan en marcha proyectos de ciberseguridad, oficinas virtuales o tiendas on line,  entre otras cosas. Pues bien, aún no se ha publicado el proceso íntegro de solicitud y ya han proliferado las ofertas para tramitarlas, gestionarlas, justificarlas y auditarlas a cambio de generosos fees de tramitación y márgenes sobre lo obtenido.

A ver, que está bien que consultores y gestores hagan su trabajo y lo facturen, pero estamos hablando de una ayuda directa, que se debería poder solicitar casi de forma automática y habría de tener una justificación de “cosa hecha” o “producto comprado”, es decir, es una ayuda en la que no caben márgenes del 5% más la justificación más el canon por trámite cercano a los 300 euros. Porque de asentarse esos esquemas de gestión, de los 3.000 millones de euros más de 300 millones se irán a lo gestores y entonces el impacto esperado, la digitalización de nuestra economía, será 300 millones de euros menor.

Vayamos a otra realidad. Imagínense que tienen que contratar una obra en casa porque tienen goteras. Lo que les pasaría si tuvieran que hacerlo con procedimiento público es lo siguiente: tendrían que escribir un documento para explicar lo que buscan/qué problema tienen, alguien se lo tendría que validar/firmar internamente, luego lo publicarían y recibirían propuestas de empresas/autónomos y ustedes tendrían que elegir no la mejor sino por lo general la más barata.

Es decir, si ustedes estimaron que eso podría costar unos diez mil euros y alguien se lo ofrece por dos mil euros es muy probable que, aunque esa rebaja fuera excesiva (temeraria) alguien les dijera que se puede/debe aceptar si la empresa lo justifica (un documento breve sin muchos argumentos puede ser suficiente). Una vez asignara el proyecto a la empresa ganadora (por lo general entre tres y seis meses después de tener noticias de las goteras), se empezarían a firmar un montón de papeles tal y como establecen los cánones de las liturgias burocráticas y ustedes se quedarían con el marrón de ver cómo alguien que dijo que lo haría por dos mil no hace sino deshacer lo hecho, incumplir con lo prometido en su solvencia… ¿Solución? ¡Volverlo a contratar! ¿Esto podría ser real? Por supuesto que sí. Todos los días.

Que cada cual extraiga sus propias conclusiones, pero desde mi punto de vista hay una evidente: los tiempos han cambiado y la economía ha cambiado y la sociedad ha cambiado y la tecnología nos ha cambiado, así que no podemos seguir con un sistema de contratación pública basado en el control y en la sospecha. ¿Cómo se puede estar al cabo de la calle con cualquier tema si el tiempo medio de contratación es de seis meses?

Hay que agilizar y desburocratizar la administración con urgencia porque no nos vale de nada tener un caballo que ansía galopar si no somos capaces de levantar todas las vallas del campo.

*** Fran Estevan es escritor y fundador de LocalEurope.