En el último Consejo de Ministros, el Gobierno dio luz verde al Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones. Arranca ahora su tramitación parlamentaria, que durará meses y de la que resultará el texto definitivo.

Qué mejor momento para resaltar que en España tenemos la suerte de contar con las mejores infraestructuras de conectividad de Europa. Lo hemos visto durante la pandemia de la covid-19: a pesar de que vivimos picos de tráfico sin precedentes en la historia, las redes resistieron. Ni siquiera hizo falta que las plataformas de vídeo bajaran la resolución de sus contenidos para evitar la congestión de las redes, como sí tuvieron que hacer en la mayoría de otros países europeos.

Qué mejor ocasión, también, para recordar lo mucho que debemos los ciudadanos en España a la primera Ley General de Telecomunicaciones, todavía en vigor. No podemos obviar que el marco normativo condiciona el ánimo inversor de un sector, máxime cuando hablamos de inversiones absolutamente descomunales, como las que requieren las redes de telecomunicaciones.

Por poner un orden de magnitud, para el desarrollo de las redes 5G harán falta entre 5.000 y 6.000 millones de euros, solo en infraestructuras, para conseguir una cobertura similar a la que existe para la 4G. Algunos operadores aumentan la estimación de inversión hasta los 10.000 millones, considerando también el caso de uso del coche conectado, que requiere una cobertura más amplia para abarcar todas las carreteras y autopistas nacionales.

En 2018, con motivo del vigésimo aniversario de la liberalización del sector en España, Deloitte realizó un estudio en el que estimaba que, entre 1998 y 2016, las telecos habían invertido la friolera de 126.000 millones de euros. O lo que es lo mismo, un 14% de sus ingresos. Son, en definitiva, inversiones muy elevadas, con tiempos de amortización muy largos e inciertos, y que no pueden imaginarse si no es en un contexto normativo estable, sensato y equilibrado.

La Ley General de Telecomunicaciones de 2004 estableció un mecanismo innovador y muy proactivo para agilizar y simplificar la tramitación de las autorizaciones necesarias para el despliegue de las redes de telecomunicaciones, facilitando la coordinación interadministrativa. Se cuenta en la industria tecnológica que las posibilidades abiertas por esa regulación fueron tantas que algunas aún no han sido plenamente utilizadas.

Esta ley fue histórica, asimismo, por el consenso político con el que se fundamentó. Un entendimiento basado en criterios técnicos y que se ha mantenido intacto hasta el día de hoy. Así, los sucesivos secretarios de Estado responsables del ramo han seguido una línea continuista, tomando sus decisiones sobre los aciertos de su predecesor.

Gracias a todo lo anterior, la red de telecomunicaciones supone una innegable ventaja competitiva para nuestro país. Una ventaja que gana importancia día a día, a medida que crece el peso que la digitalización tiene sobre el conjunto de la economía.

En los próximos días, el Congreso de los Diputados hará público el texto del nuevo Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, que transpondrá a nuestro ordenamiento el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas. En este sentido, esta nueva ley nos acercará un paso más a la construcción de un verdadero Mercado Único Europeo.

Costará un tiempo analizar su contenido en detenimiento, pero si conseguimos nuevamente que primen los consensos técnicos, lograremos consolidar esa ventaja competitiva, en beneficio de todos. Así, si la primera Ley General de Telecomunicaciones ayudó a que España sea hoy referente en fibra óptica y en 4G, la nueva ley nos ayudará a serlo en 5G.

*** Elena Arrieta es directora de Comunicación de DigitalES