Cada vez son más las administraciones públicas regionales que fían a un proceso de Compra Pública de Innovación (CPI) la búsqueda de soluciones tecnológicas a problemas del día a día.

La Compra Pública de Innovación (CPI) es una herramienta para fomentar la innovación desde el sector público, al incentivar a las empresas a desarrollar innovación para solventar las necesidades de la administración.

Dentro de la CPI existen dos modalidades que consisten, por un lado, en la adquisición del proceso de innovación –los servicios de investigación y desarrollo– con resultados parciales y, por otro, en la compra de los resultados de la innovación creada por otros.

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Con todo, es evidente que la colaboración público-privada es ya un hecho y una realidad casi irrenunciable para sacar adelante proyectos basados en la innovación que puedan ser escalados y aplicados en asuntos como la limpieza de calles o, como en el caso que nos ocupa, el cuidado asistencial de nuestros mayores en las residencias.

Es la Comunidad Foral de Navarra la que ha iniciado recientemente un proceso de CPI, precedida de una Consulta Preliminar al Mercado, que sigue vigente en estos momentos y que cierra su plazo el próximo 17 de marzo.

El gobierno de Navarra, a través de los departamentos de Derechos Sociales, y Universidad, Innovación y Transformación Digital, ha reiterado que mediante esta consulta se buscan proposiciones que den respuesta a uno de los retos, identificados por el Observatorio de Realidad Social, de Planificación y de Evaluación de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra, sobre el desarrollo e implementación de tecnología para la detección y prevención de conductas críticas en los centros asistenciales.

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De esta manera, con la convocatoria de esta Consulta Preliminar al Mercado, el gobierno de Navarra podrá conocer el nivel de madurez de las soluciones existentes, así como la capacidad y la viabilidad del proyecto para, posteriormente, preparar una licitación bien orientada y basada en principios de transparencia e igualdad.

En el contexto de esta consulta, hace unos días más de una veintena de empresas y organizaciones de todo el país participaron en una sesión informativa sobre la consulta.

Durante esta jornada informativa se han podido asentar, junto a las empresas y entidades interesadas, las bases de este procedimiento con el que se buscan proposiciones que den respuesta a uno de los retos identificados por el Observatorio de la Realidad Social del gobierno de Navarra, gracias al desarrollo del proyecto RETOS, iniciativa galardonada en los European Innovation Procurement Awards.

La sesión contó con la participación de la consejera de Derechos Sociales, Mª Carmen Maeztu, y el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Cruz Cigudosa.

Durante su intervención, la consejera Maeztu señaló que "si queremos dar un paso más en el proceso de mejora de la vida de las personas residentes y del personal cuidador, debemos adoptar soluciones innovadoras ante los problemas a los que nos enfrentamos".

Por esto, resaltó la importancia del trabajo interdepartamental que se está llevando a cabo, y que "va a permitirnos ser más eficientes y eficaces en los cuidados".

Del mismo modo, el consejero Cigudosa, agradeció a las empresas participantes su "compromiso y sensibilidad" con uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad y ha incidido en la importancia de este proceso de Compra Pública de Innovación, pionero en Navarra.

"Este proyecto –ha dicho– se asienta bajo los pilares de la transparencia, la participación y la colaboración público-privada con el objetivo de marcar la diferencia y mejorar, de forma innovadora, la calidad de vida de quienes más nos necesitan".

La posible solución

Asimismo, la jornada también ha contado con la participación del director general del Observatorio de la Realidad Social, de Planificación y de Evaluación de las Políticas Sociales, Txerra García de Eulate; así como de la directora general de Innovación, Agurtzane Martínez.

El objetivo de esta consulta preliminar al mercado es abordar, cabe recordar, el reto de las conductas críticas en personas con dificultades de comunicación.

Según los impulsores de este proceso, "en ocasiones, estas personas no pueden expresar sus necesidades, lo que dificulta que el personal cuidador garantice su bienestar.

Como resultado, pueden manifestar conductas que afectan su calidad de vida y la de los demás residentes. Sin embargo, gracias al uso de tecnología e Inteligencia Artificial (IA), es posible anticiparse a ellas".

El Centro de Atención Integral a la Discapacidad San José en Pamplona ha sido seleccionado para implementar esta solución tecnológica e innovadora. Este centro residencial ofrece atención integral a personas adultas con discapacidad intelectual gravemente afectada, que requieren tratamientos especializados y rehabilitación continuada para prevenir su deterioro.

Según explican desde el centro, dado que algunas de estas personas tienen dificultades para comunicar sus necesidades, el personal cuidador puede anticipar o comprender lo que les sucede.

300.000 euros

"No obstante, en ausencia de su cuidador habitual, resulta difícil conocer sus demandas y necesidades. Por esta razón, resulta primordial encontrar una solución tecnológica que permita anticipar y prevenir conductas disruptivas y comportamientos que puedan afectar la calidad de vida de los residentes y del personal cuidador", remarcan.

La convocatoria, disponible tanto en el espacio web de CPI del gobierno de Navarra como en su portal de contratación, dentro del apartado de Consultas Preliminares al Mercado, es abierta y se dirige a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que podrán presentar varias propuestas de manera individual o de forma conjunta con otras personas físicas o jurídicas.

Los interesados en participar deberán completar un formulario con información sobre su solución y sus características, y podrán expresar sus propuestas a través de cuestionarios. Una vez cerrado el plazo, el gobierno de Navarra analizará las propuestas y emitirá un informe con la información no confidencial recogida.

El presupuesto para la resolución del reto es de 300.000 euros y se enmarca en las inversiones previstas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de los fondos europeos.