La llegada de los fondos Next Generation conlleva una acción inevitable: el establecimiento de prioridades. El problema, a día de hoy, es que aún no está claro ni cómo ni quién va a manejar esa responsabilidad y en qué circunstancia.

De momento, solo hay una cosa clara: tanto el Gobierno central como los autonómicos deben establecer una serie de proyectos tractores de futuro con los que optar a las ayudas millonarias. 

Van pasando las semanas y los meses y cada región va lanzando propuestas y redactando manifestaciones de interés (el paso administrativo ineludible para optar a los fondos) respecto a sectores como el calzado, la energía sostenible, edificación, el automóvil, la cerámica... -por poner solo algunos ejemplos-.

Pero durante los últimos siete días, una de estas líneas de futuro ha provocado el primer encontronazo. Hablamos de uno de los objetos de deseo para varias comunidades: la gigafactoría de baterías para vehículos eléctricos. 

Quizá lo primero que habría que dejar claro es que ya hace años que la Comisión Europea ha venido dejando claro que el sur de Europa necesitaría varias plantas de este tipo para intentar plantar cara a China. El vehículo eléctrico, no lo olvidemos, es uno de los ejes prioritarios de futuro y, como tal, va a tener mucho peso dentro de los programas de ayuda europea.

Ante esta premisa, pues, no resulta extraño que varias regiones, sobre todo las que cuentan con una potente industria del automóvil, hayan apostado por este eje tractor de cara a preparar sus proyectos ante el Next Generation.

Las dos que lo habían hecho con más fuerza eran el País Vasco y la Comunidad Valenciana. Aunque también existen proyectos previstos en Galicia o en Aragón, que siempre ha defendido que es la región que lleva más años trabajando en ello.

EIT Innoenergy y Power Electronics

En el caso vasco, el proyecto, liderado por la empresa EIT Innoenergy, implica también a empresas de Navarra, Extremadura -que alberga la principal mina de litio del país- y de Andalucía para asegurar toda la cadena de valor, desde la producción de baterías, su uso y su reutilización.

Como es lógico, los gobiernos de estas regiones apoyan incondicionalmente la propuesta.

El caso valenciano está liderado por la compañía Power Electronics y engloba a 23 empresas más, entre ellas los 'gigantes' Ford y Stadler, y cuenta con el apoyo, también incondicional, del gobierno regional.

Que estos dos proyectos diferentes habían puesto ya sus fichas en el tablero era un hecho y, a partir de ahí, solo era cuestión de saber quién podía jugar mejor sus cartas ante el Gobierno central.

Sin embargo, el Gobierno central, por sorpresa, acudió hace unos días a la planta de SEAT de Barcelona para manifestar la idoneidad de ubicar allí una planta de estas características, que cuenta con el apoyo de Iberdrola. También estuvo presente el Rey, Felipe VI.

La sorpresa ha sido generalizada pero el ejecutivo de Pedro Sánchez no ha tardado en calmar las aguas y afirmar que hay sitio para más de una fábrica, en la línea de lo manifestado años atrás por la Comisión Europea.

¿Compatibilidad de proyectos?

El hecho de que Sánchez haya acudido en primera persona a Barcelona a manifestar su apoyo a la planta catalana, en definitiva, no tiene por qué significar que rechazará las otras ante el reparto de los fondos.

Pero es evidente que desde las otras regiones con proyectos similares se ha despertado cierto recelo. Al menos, la situación les obliga a estar alerta.

Desde Extremadura, parte importante del proyecto de EIT Innoenergy, han sido muy críticos a la hora de recordar que poseen la principal mina de litio y que, por tanto, son actores principales para cualquier proyecto de estas características.

Por cierto, desde EIT Innoenergy han declinado hacer cualquier tipo de valoración al respecto de la implicación de la iniciativa respaldada por Pedro Sánchez.

De Galicia o Aragón se ha pedido "ecuanimidad" e "igualdad de oportunidades" a todas las comunidades autónomas.

La reacción de los agentes implicados en el proyecto de la Comunidad Valenciana parece la más moderada, empezando por la del presidente Ximo Puig, que ha declarado ya en varias ocasiones que los proyectos "son compatibles".

"No desmerecer a nadie"

Desde el clúster de automoción valenciana (AVIA) se ha afirmado, de entrada, que "todo lo que sea facilitar la instalación y ampliación de proyectos industriales en los que puedan participar las empresas valencianas, dentro o fuera de nuestro territorio, siempre será bienvenido".

Ahora bien, hay un 'pero': "Se trata de no desmerecer a ninguna comunidad autónoma y el Gobierno central debería tener en cuenta que la Comunidad Valenciana es una comunidad con una importante implantación de la industria del automóvil".

Por otro lado, los responsables de AVIA reconocen que "es normal que cada comunidad autónoma presente proyectos y, en cualquier caso, estos proyectos deben pasar por el Consejo de Ministros, hecho que aún no se ha producido, ni en el caso de la planta de Barcelona ni en ninguna otra".  

De hecho, el clúster recuerda que la ministra de Medio Ambiente, Teresa Ribera, ha querido conocer de primera mano el proyecto y que altos cargos del Ministerio de Industria estuvieron en su presentación.

Quizá el argumentario de AVIA es el que mejor define el estado actual de la situación. El Gobierno ha dado pasos en favor de apoyar este tipo de iniciativas; iniciativas que, si no hay cambios de opinión, son compatibles. 

La pregunta es: ¿se confirmará que es posible esa compatibilidad cuando llegue el momento de aprobar proyectos? El tiempo lo dirá. La partida continúa.