El logotipo de Google se ve en el exterior de las oficinas de la compañía en Londres.
La Justicia europea confirma una multa récord de 4.125 millones a Google por abuso de poder en su sistema de Android
La Corte de Luxemburgo da carpetazo así a un caso que supera los diez años.
Más información: El TJUE rebaja un 5% la multa récord contra Google por el caso Android, hasta 4.125 millones de euros
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avaló este jueves la multa de 4.125 millones de euros impuesta a la multinacional Google por abuso de posición dominante a través de su sistema operativo Android.
Esta sanción se convirtió en la más alta en la historia de la UE en un caso antimonopolio.
En su sentencia, el TJUE desestima el recurso impuesto por Google y su matriz, Alphabet, y confirma que la tecnológica impuso restricciones ilegales a los fabricantes de dispositivos Android para consolidar la posición dominante de su propio buscador, Google Search, y de su propio navegador, Chrome.
"El Tribunal de Justicia desestima el recurso de casación interpuesto por Google y Alphabet contra esta sentencia del Tribunal General y confirma así la sanción impuesta a ambas sociedades por sus prácticas contrarias a la competencia relacionadas con el sistema operativo Android", señala el tribunal en un comunicado.
La Corte de Luxemburgo da carpetazo así a un caso que supera los diez años, puesto que la Comisión Europea abrió la investigación correspondiente en 2015 y anunció la multa, entonces de 4.343 millones de euros, tres años después, en 2018.
En la vista previa a la resolución del caso, celebrada en enero de 2025, Bruselas tuvo el apoyo de la asociación europea de consumidores (BEUC), las asociaciones alemanas de editores de periódicos y revistas BDVZ y VDZ, la organización Fair Search y los motores de búsqueda francés, Qwant, y checo, Seznam.
Por su parte, Google se vio arropada por varias entidades que en teoría saldrían perjudicadas por su modelo de negocio, como los fabricantes finlandés HMD y alemán Gigaset y el navegador de origen noruego Opera, además de por la Asociación de la Industria de la Computación y las Comunicaciones (CCIA, en inglés).
El abuso de poder de Google
El núcleo del caso reside en los llamados "acuerdos de distribución" entre la tecnológica estadounidense y fabricantes de dispositivos móviles, en virtud de los cuales los segundos debían preinstalar Google Search y Chrome para obtener una licencia de explotación de la tienda de aplicaciones Play Store.
Estas cláusulas tienen una relación estrecha con otros acuerdos "contra la fragmentación" que Google también incluía en los contratos y que condicionaban las licencias de Google Search y Play Store a que los fabricantes se abstuvieran de vender teléfonos equipados con versiones alternativas no autorizadas de Android.
El tercer elemento dentro del caso son los "acuerdos de reparto de ingresos", según los cuales los fabricantes renunciaban a preinstalar en sus dispositivos motores de búsqueda de la competencia a cambio de la retrocesión de una parte de los ingresos publicitarios de Google.
La Comisión Europea concluyó en el verano de 2018 que estos acuerdos eran "abusivos" y, por tanto, ilegales, puesto que restringían la competencia dentro del mercado único y mermaban e incluso eliminaban la capacidad de otras empresas de competir contra Google.
Una rebaja del 5%
El Tribunal General de la Unión Europea otorgó a Google una pequeña reducción del 5% en la sanción original impuesta por Bruselas en 2018.
Tras este ajuste de 215 millones de euros, la multa final quedó fijada en 4.125 millones.
Aunque la justicia europea validó en gran medida los argumentos de Competencia sobre cómo Google utilizaba Android para blindar su buscador y su navegador Chrome, la revisión técnica del tribunal permitió limar la cuantía inicial.
De este modo, el gigante tecnológico logró amortiguar levemente el impacto financiero de un castigo sin precedentes, motivado por haber condicionado a los fabricantes que utilizaban su sistema operativo.
