La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero
El Gobierno ha decidido llevar al Consejo de Ministros la propuesta para condonar 83.252 millones de euros de la deuda autonómica, el equivalente al 5% del PIB español y un 87% superior al déficit público correspondiente al ejercicio 2024.
Esta decisión, lejos de representar una solución estructural o una mejora de la solvencia territorial, encierra riesgos financieros graves, incentivos perversos para la gestión pública y una quiebra del principio de equidad. Una irresponsabilidad más de un gobierno agonizante y desesperado.
La condonación no hace desaparecer la deuda como si María Jesús Montero se hubiera vuelto Houdini: simplemente se traslada. La deuda que dejan de soportar las Comunidades Autónomas pasa a ser responsabilidad del Estado, es decir, de todos los ciudadanos. De manera simplificada, no deja de ser una transferencia de capital de la Administración Central a las CCAA, con un efecto directo en las cuentas nacionales y un aumento del gasto central.
En un contexto en el que el BCE reduce su balance y los mercados demandan mayor disciplina fiscal, basta mirar más allá de los Pirineos para ver el riesgo que está corriendo Francia, esta operación sólo puede traducirse en un aumento de la prima de riesgo y en mayores costes de financiación para todos: Estado, CCAA, empresas y familias.
Cualquier condonación no debería ni esbozarse de manera inicial sin ir acompañada de una condicionalidad estricta. Sin ella, se incentiva el riesgo moral: los gestores públicos no tienen motivos para mantener la disciplina fiscal si saben que sus excesos serán socializados.
¿Qué creen que ocurrirá en Cataluña? Que se volverá a endeudar porque su objetivo es financiar un protoestado impagable. ¿Por qué otras CCAA socialistas como Castilla La Mancha están a favor? Por la misma razón, para volver a endeudarse con el agravante de no resolver su problema de infrafinanciación.
En 2024, las administraciones públicas superaron la regla de gasto en 5,6 puntos, más del doble del límite permitido. Perdonar deuda sin corregir el comportamiento que la originó solo garantiza su repetición. Como recordaba Hayek, el sistema de precios actúa como un mecanismo de información dispersa que coordina la acción humana.
Cuando las decisiones políticas eliminan los incentivos negativos del despilfarro, como ocurre al condonar deuda sin exigir disciplina, se distorsiona ese mecanismo, se elimina información esencial para la toma de decisiones eficientes y se rompe el orden espontáneo sobre el que descansa una economía libre.
Deuda y condonación por Comunidad Autónoma
A esto se suma la injusticia del reparto. Según el documento del Ministerio de Hacienda, se condonarán 18.791 millones a Andalucía, 17.104 a Cataluña, 11.210 a la Comunidad Valencia y 8.644 a Madrid. Sin embargo, Madrid es la región que más aporta al sistema, el doble que Cataluña, y sin embargo recibe la mitad de ayuda.
La razón está en los pactos políticos: la condonación es el precio por los votos independentistas que sostienen al Gobierno. Este método de reparto de ingeniería contable “made in Montero” está sesgado: se basa en criterios arbitrarios como el uso de competencias normativas del IRPF, en lugar de utilizar indicadores reales de esfuerzo fiscal, como el gasto computable.
Se impone un acuerdo bilateral entre el Gobierno central y los independentistas, que se ampliará al contemplar la cesión del 100% del IRPF recaudado en Cataluña, lo que supone unos 30.000 millones de euros anuales.
Esta medida, unida a la condonación de 17.104 millones, genera un superávit per cápita en Cataluña de hasta 4.400 euros por habitante, mientras que en Madrid se traduce en una pérdida neta per cápita conjunta de 1.345 euros. Se trata, en efecto, de un sistema de privilegios encubierto bajo una retórica de equidad.
Y es que la medida se articula al margen de un consenso multilateral. Las CCAA del PP denunciaron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que la bilateralidad con la Generalitat rompe la igualdad entre los españoles.
En mi opinión, no se trata sólo de una cuestión política, sino institucional: la negociación de la financiación autonómica debe hacerse de forma colectiva, transparente y con criterios técnicos, no como un trueque opaco, más propio de tahúres que del Gobierno de España. Lo que es de todos debe decidirse entre todos.
Las trampas económicas son varias. Primero, no hay garantía alguna de que las CCAA que se beneficien ahora de la condonación dejen de endeudarse en el futuro. El Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que debió ser una medida extraordinaria, se ha convertido en estructural. Mientras siga existiendo, la condonación solo sirve para abrir espacio a nuevos excesos.
Segundo, se reduce la presión para reformar el sistema de financiación, que sigue siendo opaco, ineficiente y carente de incentivos al buen gobierno. Y tercero, se debilita la disciplina de mercado: permitir que las CCAA eviten el escrutinio de los inversores resta transparencia y castiga la responsabilidad.
Este tipo de políticas son profundamente perjudiciales, por más que los activistas colocados por Moncloa en el mass media, intoxiquen sin rigor. No sólo distorsionan los incentivos, sino que destruyen el orden económico y sustituyen las reglas generales por decisiones discrecionales. Una economía sana necesita normas previsibles y comunes para todos. Cuando el Gobierno premia a unos territorios frente a otros por motivos políticos, está debilitando la confianza en las reglas del juego.
La condonación tampoco mejora la solvencia real. La Generalitat de Cataluña, principal beneficiaria, sigue con su deuda calificada como bono basura. Lejos de preparar a las CCAA para volver a los mercados, este tipo de medidas les permite seguir evitando esa disciplina. Volver a los mercados requiere no sólo reducir la deuda, sino demostrar que se tiene capacidad para no volver a generarla. La clave es la credibilidad… y los mercados son implacables cuando ésta se pierde.
Por último, conviene recordar que las oportunidades perdidas también tienen coste. Condonar deuda sin exigir reformas es una cesión gratuita de poder fiscal sin obtener nada a cambio. Al asumir 83.000 millones de deuda autonómica, el Estado central aumenta su endeudamiento, lo que limita su margen fiscal para otras prioridades.
No se trata de recursos que podrían haberse usado directamente en rebajas fiscales o inversiones sin incurrir en más deuda, pero sí de una decisión que condiciona la sostenibilidad futura de las cuentas públicas y restringe otras opciones de política fiscal. Al liberar a las CCAA de esa carga sin exigir reformas, se pierde una ocasión para mejorar la eficiencia del gasto público y se refuerza un modelo que premia la irresponsabilidad presupuestaria.
La lección económica olvidada en este debate es el papel disciplinador de los mercados. Como se señala en los informes del Banco Mundial y del BEI, el entorno regulatorio y fiscal es clave para atraer inversión. Medidas como ésta debilitan la credibilidad institucional de España, incrementan la percepción de riesgo y desincentivan la inversión productiva.
En palabras de Friedman, "no hay tal cosa como almuerzos gratis" (There’s No Such Thing as a Free Lunch). Lo que hoy parece un alivio fiscal, mañana será una hipoteca para las futuras generaciones.
En definitiva, no es una solución económica, sino una estrategia de supervivencia política. Pero su precio lo pagaremos todos con más impuestos, menos inversión y una desconfianza generalizada en las instituciones. Los atajos fiscales salen caros, y los mercados, antes o después, acaban pasando factura.
***Santiago Sánchez López - Economista