Fraude eléctrico en España: impacto, riesgos y medidas de Naturgy para su combate

Costes millonarios, riesgo de incendios y accidentes y, lo que resulta más problemático para los ciudadanos, el incremento en sus facturas. Estas son algunas de las consecuencias más comunes del fraude eléctrico, un problema que, en nuestro país, genera miles de intervenciones conjuntas entre las distribuidoras y los cuerpos de seguridad del Estado. Más allá de los números, estas prácticas representan un serio riesgo para la seguridad en los puntos afectados.

Las distribuidoras están en constante vigilancia para actuar ante estos casos. Por ejemplo, solo en 2024, la distribuidora de electricidad de Naturgy, UFD, llevó a cabo más de 41.600 actuaciones en sus zonas de distribución (Galicia, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León), resultando en 12.140 expedientes por fraude. Estas operaciones permitieron recuperar más de 133 GWh de energía ilegal, equivalente al consumo anual de aproximadamente 41.800 viviendas.

Además de los costos económicos, el fraude eléctrico genera evidentes riesgos de seguridad. Son instalaciones realizadas por personal no autorizado, sin medidas de seguridad y que suelen sobrecargar la red de forma exagerada. “Estas actuaciones pueden provocar incendios y otros accidentes, poniendo en peligro tanto a quienes las realizan como a sus vecinos”, explica Mónica Puente, directora de Redes de electricidad de Naturgy en España. “Por ello, la compañía implementa un plan para detectar y desconectar conexiones fraudulentas y manipulaciones en todos los territorios donde opera.

Fraude eléctrico y plantaciones ilegales

Y es que puede que en la mente de todos se pueda pensar en una casa enganchada de forma ilegal de manera puntual. Sin embargo, con las actuaciones se interceptó y recuperó electricidad consumida de forma fraudulente de 155 dispositivos indoor, la mayoría vinculados a plantaciones de marihuana. Este tipo de instalaciones clandestinas requieren de una gran cantidad de energía, lo que por un lado permite facilitar su detección, pero, por otro, eleva las consecuencias asociadas a esta práctica. Según UFD, se trata de instalaciones que consumían de forma ilegal una cantidad anual de 3,7 GWh, equivalente a la demanda energética de cerca de 1.150 viviendas.

Plantacion-de-marihuana_Fraude-electrico-scaled

El fraude eléctrico es un problema recurrente y en aumento. UFD detectó un crecimiento del 28% de este tipo de conexiones en el periodo 2008-2013, tras la crisis económica, pero las estadísticas revelan que, desde la pandemia se ha recrudecido a un ritmo incluso mayor: desde 2021 el incremento de fraudes detectados alcanza el 300%.

Las consecuencias de estas prácticas las pagamos todos, literalmente, no solo las compañías que emplean sus recursos para frenarlas. Según la normativa en vigor, el coste de la energía defraudada repercute en la factura de los usuarios conectados legalmente a la red. Y este ‘suplemento’ no es barato: según algunas estimaciones, el coste es de 2.000 millones de euros al año.

Un problema de todos

La manipulación irregular de las instalaciones eléctricas está tipificado como un delito en el artículo 255 del Código Penal. La legislación indica que son las empresas distribuidoras, como UFD, las que tienen la tarea de detectar y poner en conocimiento de las autoridades y clientes estas situaciones.

Además del recorrido judicial de tales actuaciones, la compañía también está amparada por la ley para interrumpir el suministro cuando se detecten situaciones anómalas. Por lo tanto, que todos ayudemos a identificar estos usos es clave para la integridad del sistema (y de nuestros bolsillos). UFD tiene a disposición de los consumidores un canal de denuncias anónimo en el que se puede aportar información acerca de la sospecha de una manipulación de este tipo o de otras irregularidades que también comprometen el servicio y la seguridad en estos entornos.

UFD, empresa del grupo Naturgy, da servicio a 3,8 millones de puntos de suministro en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid y Galicia, donde es el mayor distribuidor de electricidad. Para ello, dispone de una red de 116.000 kilómetros de líneas de alta, media y baja tensión, manteniendo y operando las redes con el compromiso de garantizar el servicio en condiciones de eficiencia, seguridad y calidad.

Durante 2024, UFD invirtió 441 millones de euros en la digitalización y mejora de su red en España y, en 2025, la compañía mantendrá un alto ritmo inversor, primando la innovación y la digitalización de las redes de distribución como pieza fundamental para la transición energética hacia un modelo descarbonizado. Hasta 2028, la inversión prevista es de 1.330 millones de euros.