La implantación de la publicitada excepción ibérica por parte del gobierno español con el objetivo de reducir el precio de la electricidad ha tenido algunos efectos colaterales que cuestionan la eficiencia de una solución temporal repleta de aristas.

La última de la que hemos tenido conocimiento y que señala el Foro Mercado Libre, es el aumento significativo de las emisiones de CO2 que amenazan los objetivos de descarbonización. Según datos de Red Eléctrica, las emisiones de dióxido de carbono en España para la generación eléctrica se dispararon un 23,8 por ciento interanual en 2022 hasta los 44,4 millones de toneladas quebrando así una tendencia ininterrumpida a la baja desde 2018.

La explicación, según apunta este think tank, se encuentra en el uso intensivo de las centrales de ciclo combinado de gas que encabezaron la producción eléctrica el año pasado con la emisión de las mayores cantidades de CO2 registradas desde el año 2009. La “excepción” ha disparado la quema de gas en estos ciclos hasta convertirlos en el principal generador de energía no renovable, con un crecimiento del 53 por ciento y con un peso en el mix de generación del 25 por ciento, el más alto desde el año 2010.

La excepción ibérica, que establece un tope al precio del gas necesario para la generación de 40 euros por megavatio, tiene un coste estimado de compensación a las eléctricas -pagado por los consumidores- de unos 6.300 millones de euros según estimaciones de la Comisión Europea.

Si bien es cierto que la “solución ibérica”, como la denomina ahora el gobierno de Pedro Sánchez, ha abaratado puntualmente el precio en el mercado mayorista, también ha convertido a España en un exportador neto de electricidad a países como Francia, Portugal o Marruecos, que se han beneficiado de la excepción en una especie de “subvención en diferido” que fuentes del sector estiman que supera los 2.000 millones de euros.

En 2022 el coste total del mecanismo ibérico en 2022 fue de unos 7.200 millones de euros de los que los consumidores españoles han financiado aproximadamente 5.900 millones mientras que los portugueses aportaron 700 millones. Los 600 millones de euros restantes corren a cargo de las conocidas como 'rentas de congestión', es decir cuando el precio exportador es, como en el caso de Francia, inferior al de la zona importadora y que han de liquidar a partes iguales los operadores del sistema de ambos países.

Teniendo en cuenta todos estos datos, con cifras a 31 de diciembre, fuentes del sector estiman que los consumidores españoles -que compensan en la parte baja de sus facturas a los proveedores de gas por la limitación de precios- están financiando a Portugal con 1.300 millones de euros, a Francia con 600 millones de euros y a Marruecos con 100 millones de euros.

“La excepción ibérica ha convertido a España en exportador neto de electricidad a países como Francia, Portugal y Marruecos. Francia aprovechó los precios más bajos de la electricidad española debido al límite al precio del gas, lo que llevó a convertirse en importador neto de España. Esta situación ha contribuido al aumento de las emisiones de CO2 de España, ya que la demanda nacional no justificó por sí sola el incremento”, explican desde el Foro Mercado Libre.

¿Y la factura?

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Aunque la excepción ibérica logró reducir el precio de la electricidad en el mercado mayorista, la compensación necesaria para las centrales de gas, carbón y cogeneración terminó encareciendo los nuevos contratos a precio fijo al añadir un recargo en sus facturas.

También provocó incertidumbre entre los consumidores, a juicio de Foro Mercado Libre, dado que no sabían cuánto pagarían por este recargo que era variable y se calculaba diariamente en el mercado. Además, eran los clientes españoles los que asumían esta compensación, lo que ha generado críticas sobre la distribución de costes y beneficios de esta medida.

En 2022, los consumidores españoles de tarifa regulada se beneficiaron de una reducción neta de 1.800 millones. Si bien el precio regulado se redujo en 4.900 millones, hay que descontar de esta cifra los 3.100 millones en recargos soportados en la factura. De hecho, el tope ibérico solo benefició a un número limitado de hogares, aquellos acogidos a la tarifa regulada, que solo eran un tercio del total.

 En este contexto —sin que la excepción ibérica aplique en los últimos meses por la caída del precio del gas— el debate sobre si la decisión política es una solución energética o un fracaso medioambiental sigue abierto, en un contexto que obliga a una reflexión sobre los métodos adecuados para garantizar la sostenibilidad y equidad del deseado modelo de transición energética.