El debate sobre la regulación del sistema energético en España está más vivo que nunca tras conocerse que nuestro país se encuentra a la cabeza de los países con mayor número de laudos internacionales. ¿La razón? España se enfrenta a numerosas demandas y reclamaciones de indemnización tras la eliminación de las primas a las energías renovables otorgadas durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Estos incentivos económicos se ofrecieron a los productores de energías renovables con el objetivo de fomentar su desarrollo en nuestro país en un momento en el que España se encontraba a la cola de la producción de energías limpias. Las ayudas ofrecidas entonces cubrían en algunos casos hasta el 40% de los costes de las infraestructuras pero, tras la crisis de 2008, como parte de una serie de reformas energéticas para combatirla, el Gobierno de Mariano Rajoy retiró entre 2012 y 2013 estas ayudas de forma retroactiva. La medida causó grandes pérdidas y un enorme malestar entre las empresas.

Como resultado, muchos inversores, compañías y fondos de inversión presentaron demandas contra España en tribunales internacionales de arbitraje. El arbitraje internacional es un mecanismo al que acuden empresas que tienen algún conflicto comercial, para resolver estas disputas de forma alternativa al proceso judicial.

Se acumularon 51 procedimientos de arbitraje canalizados a través del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversores), dependiente del Banco Mundial. Se han resuelto ya una veintena, la mayoría a favor de los inversores, de manera que ahora España acumula laudos por valor de 1.161 millones de euros, sin tener en cuenta los intereses de demora y condenas en costas, que ascienden hasta los 250 millones de euros.

El grueso de los pleitos contra España se ampara en que la retirada de ayudas vulnera la Carta de la Energía, un convenio firmado en 1991 por más de 50 países para fomentar el potencial energético de países industrializados de Europa Central y Oriental. Por el momento, el Gobierno español ha recurrido todos los laudos y no ha hecho efectivo el pago de ninguna compensación.

El Ministerio para la Transición Ecológica argumenta que “los pagos pueden ser contrarios al derecho de la UE y constituir una ayuda de Estado ilegal” y esperará a que la Comisión Europea se pronuncie sobre la decisión de compensar a los inversiones por la pérdida de las ayudas españolas.

España se encuentra ahora solo por detrás de Venezuela y Rusia como el país con más deudas por no cumplir tratados comerciales, lo que ha generado una situación de incertidumbre ante los posibles inversores y apunta a la necesidad de revisar las regulaciones sobre las energías renovables en el país con el objetivo de evitar futuras reclamaciones. 

"El deterioro de la imagen de España por ocupar un puesto de liderazgo en los arbitrajes en su contra y por la percepción de inseguridad jurídica tiene un coste que puede durar otras dos décadas", manifiestan desde Foro Mercado Libre, un think tank de reciente creación. 

Ante la prolongada falta de respuesta, en los últimos años algunos demandantes han retirado sus pleitos, acogiéndose a una rentabilidad del 7,4% ofrecida por el gobierno actual para compensar la caída de las retribuciones. 

Algunos analistas y expertos jurídicos insisten en que “lo que se reclama es el cumplimiento de una promesa de rentabilidad que se hizo a los inversores en un contexto regulatorio que cambió sin previo aviso y que propició grandes quebrantos a aquellos que invirtieron con criterios de rentabilidad basados en las primas”, según explican desde el Foro del Mercado Libre.

Mientras, los fondos e inversores internacionales buscan nuevas estrategias legales para conseguir que se cumplan las condenas de los arbitrajes ganados a España. El fondo Blasket Renewable Investment reclamó una suspensión de pagos de cuatro emisiones de deuda pública española por no atender sus reclamaciones. Por otro lado, la justicia británica y la australiana han atendido las demandas de los inversores y han aplicado medidas de embargo históricas. Así, el pasado abril el Tribunal Supremo de Londres decretó el embargo de la sede del Instituto Cervantes y de una embajada comercial de Cataluña en Londres. Ese mismo mes, la Corte Suprema de Australia falló a favor de un grupo de infraestructuras al que España adeuda 101 millones de euros abriendo la puerta a embargos de activos españoles en el país.