Anticorrupción ha optado por ir directamente en apelación ante la Sala, sin previo recurso de reforma ante el propio instructor.

Los fiscales no comparten que los presuntos delitos por los que hace ya un año se abrió la investigación a Galán -también a petición de la Fiscalía Anticorrupción- hayan prescrito.

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Galán ha sido investigado por presuntos delitos de cohecho activo continuado, delito contra la intimidad y delito continuado de falsedad en documento mercantil por la contratación de Villarejo para tres encargos: el proyecto Arrow, referido a la neutralización de la oposición existente a la construcción de una central en Jerez de la Frontera, desarrollado entre 2004 y 2006; el proyecto Black Board, sobre una investigación a Manuel Pizarro en 2004 y 2005, y el proyecto Gipsy-Posy, en 2009, sobre la pretensión de ACS de tomar el control de Iberdrola.

En esos años Galán era primero vicepresidente y consejero delegado de Iberdrola y, desde 2006, presidente de la compañía.

El pasado día 23, García-Castellón archivó la causa para Sánchez Galán basándose en una resolución dictada el 3 de junio por la Sección Penal Tercera, en la que resolvió el recurso de su exjefe de gabinete, Rafael Orbegozo. 

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En ese auto, los magistrados indicaban que “es evidente que el único hecho atribuido [a Orbegozo] estaría prescrito al haber transcurrido más de diez años entre marzo de 2009 y el 23 de junio de 2021 que es cuando el procedimiento se dirige contra él al citarle para ser oído como investigado”. Por tanto, la Sala acordó la prescripción como circunstancia extintiva de la responsabilidad y el sobreseimiento libre.

“La contundencia de esta resolución no deja margen de actuación a este instructor, quien de forma reiterada había desestimado las solicitudes de sobreseimiento y archivo efectuadas por el investigado Sánchez Galán", señaló el juez en su resolución de la pasada semana. 

García-Castellón indicaba que la presunta participación de Galán en los hechos investigados comprendería un periodo temporal que llegaría hasta el año 2009, por lo que, atendido el auto de la Sección Tercera, “debemos constatar que han transcurrido más de diez años entre la fecha en que se cometió el último hecho imputado y la de su citación como investigado”. 

“Puede concluirse que los delitos imputados a José Ignacio Sánchez Galán estarían prescritos, por lo que no cabría otra opción más que declarar la presencia de esta circunstancia extintiva de la responsabilidad, y con ello decretar el sobreseimiento libre”, concluía el magistrado.

Proyecto Wind

Sin embargo, Anticorrupción sostiene que hay indicios del conocimiento por parte de Sánchez Galán de un cuarto encargo de investigación al excomisario Villarejo hecho por Iberdrola Renovables.

Ese encargo, llamado proyecto Wind, tuvo por objeto averiguar el patrimonio del empresario rumano Christopher Kaap, deudor de la filial.

El encargo fue hecho a Villarejo entre 2011 y 2016 por lo que, según la Fiscalía, no habría prescrito.

El proyecto Wind no fue encargado por el Grupo Iberdrola sino por Iberdrola Renovables, con la que Christopher Kaap contrajo una cuantiosa deuda que fue reconocida en un laudo arbitral desarrollado en Suiza.

El encargo a Villarejo era llevar a cabo una investigación sobre la sociedad suiza Eólica Dobrogea, su accionista mayoritario Christopher Kaap y su apoderado Corneliu Dica, con quienes Iberdrola Renovables Energía, S.A. se había aliado para acometer una serie de proyectos en Rumanía y con quienes surgieron diferentes conflictos que fueron resueltos de manera favorable a Iberdrola Renovables Energía S.A. en un procedimiento arbitral celebrado en Suiza.