Tanto fue así que, desde Bruselas, siempre se apoyó la puesta en marcha de estas iniciativas. Se valoraba su transversalidad y su capacidad para ordenar y repartir recursos entre diferentes industrias y territorios en base a unos objetivos comunes que permitían ganar competitividad a industrias que la estaban perdiendo o que tenían poco recorrido en nuestro país. 

El PERTE del vehículo eléctrico y conectado fue el encargado de abrir la senda al resto. Durante meses, la iniciativa para llevar a la industria del automóvil española a la siguiente era eléctrica fue creando un modelo, unas bases y unos procesos que el resto de iniciativas fueron adaptando a los requerimientos y singularidades de cada industria.

Los equipos del ministerio de Industria tuvieron que poner en marcha una serie de procesos inexistentes en medio de densos diálogos con la Comisión Europea. El objetivo fundamental era que el proyecto resultante permitiera dar el impulso que la industria del automóvil necesitaba sin caer en la concesión de ayudas que, años después, pudieran no cumplir los requerimientos de competencia de la UE.

Un modelo para nueve PERTE

Un trabajo que tensionó las capacidades administrativas del Ministerio de Industria durante seis meses. Ahora, una vez desplegadas todas sus convocatorias, el primero de los PERTE ha movilizado compromisos por parte de actores claves de esta industria para realizar las mayores inversiones industriales de la historia del país, si se concretan las ayudas prometidas. 

Tras el PERTE VEC otras ocho iniciativas han ido recibiendo el visto bueno del Consejo de Ministros siguiendo modelos similares. A las actuaciones descritas y a las inversiones comprometidas siempre han acompañado unos objetivos de inversión privada. Y es que la clave de estos proyectos es, precisamente, su potencial multiplicador.

A cada euro proveniente de los Next Generation todos los proyectos han presentado unos objetivos para captar inversión. Los nueve primeros PERTE puestos en marcha movilizarán 17.000 millones de euros y se han marcado el objetivo de atraer 30.000 millones de inversiones del sector privado. 

Crear una industria desde cero

A estas iniciativas ayer se sumó el décimo PERTE. El Consejo de Ministros dio luz verde al plan presentado por el presidente Sánchez para impulsar la industria de los semiconductores. El PERTE de microelectrónica y semiconductores vio la luz con una inversión prevista de 12.250 millones de euros.

Se trata del proyecto más singular de todos los presentados hasta el momento. La escasa penetración de esta industria, no sólo en España, sino también en gran parte de Europa, lo convierten en una rara avis. Este PERTE busca hacer crecer desde cero la totalidad de un ecosistema llamado a solucionar uno de los déficits más importantes de Europa: la falta de componentes críticos para la digitalización y la conectividad.

En este sentido, la memoria compartida por el Ministerio de Economía detalla cuatro pilares para este proyecto: el apoyo a la capacidad científica, la estrategia de diseño, las plantas de fabricación y la dinamización de la industria TIC. El tercero de ellos, el referente a poner en marcha instalaciones de manufactura de estos componentes en suelo español, se lleva tres cuatros de las inversiones planteadas.

Es seguramente en la parte de ejecución donde más diferencias se encuentran entre este PERTE y sus homólogos. A diferencia del resto de proyectos, el PERTE de microelectrónica y semiconductores no establece objetivo alguno de captación de recursos privados. Se limita a indicar que "activará a su vez un importante volumen de inversión privada".

A la espera de la adenda del Plan 

A la vez, la memoria presentada tampoco da detalles de qué parte de estas ayudas corresponderán a fondos directos y qué cuantía provendrá de préstamos. Pese a no hacerlo, todos los indicios parecen señalar que la mayoría de los 12.250 millones serán préstamos. La documentación señala que "la principal fuente de financiación de este PERTE provendrá de la futura Adenda al Plan de Recuperación y podrá estar sujeta a cierto grado de variabilidad".

La explicación hace referencia al segundo tramo de los fondos que España debe solicitar próximamente compuestos por 70.000 millones en préstamos. Un tramo de ayudas del que se desconoce qué requisitos serán necesarios para hacer que las ayudas lleguen y qué condiciones y ventajas financieras tendrán para los receptores. 

El calendario planteado para este proyecto también fija grandes diferencias con el resto de PERTE. Así, como la gran mayoría del resto de proyectos, buscan tener un impacto efectivo en 2023, desplegando la práctica totalidad de los recursos durante los próximos dos años. El nuevo PERTE fija que 8.000 de los 12.250 millones se movilizarán en 2025. 

Estructura propia

Por último, otra de las cuestiones que más comentarios ha suscitado es la estructura que se va a crear dedicada a este proyecto. Esta iniciativa va a contar con un comisionado especial, que tendrá al frente a Jaime Martorell Suárez, una oficina técnica, un grupo de trabajo interministerial con un grupo de expertos a su disposición. Un despliegue con el que no cuentan ninguno de los nueve PERTE anteriores. 

Así las cosas, el PERTE de microelectrónica y semiconductores nace con el mayor apoyo, tanto económico como institucional, que cualquier iniciativa del Plan de Recuperación ha recibido hasta la fecha. Un soporte liderado por el propio presidente que está impulsándolo en primera persona estos días en Davos.

Del mismo modo, es el proyecto que sale del Consejo de Ministros con el mayor nivel de indefinición y flecos pendientes. Del aterrizaje de todos los conceptos planteados y de la consecución de los pasos intermedios dependerá tanto que la movilización de recursos llegue a darse como que, una vez en marcha, alcance todas las metas que se ha fijado.