La propagación de la variante Delta ha cerrado fábricas de ropa en partes de Asia. En el mundo rico, la migración ha disminuido, el estímulo ha llenado las cuentas bancarias y no hay suficientes trabajadores que quieran cambiar de trabajos desfavorecidos como vender sándwiches en las ciudades a trabajos en demanda como el almacenamiento.

Desde Brooklyn hasta Brisbane, los empleadores están en una lucha desaforada por conseguir más manos. McKinsey señala en un reciente informe que, hasta un cuarto de las exportaciones globales de bienes, 45.000 millones de dólares, pueden llegar a cambiar en 2025. Porque la COVID-19 ha contribuido a un proceso de moderación o reversión parcial de la globalización, que contribuirá a acercar las cadenas de valor y producción mundiales.

Casi con estas palabras lo expresaba The Economist al afirmar que “las grandes disrupciones a menudo llevan a la gente a cuestionar las ortodoxias económicas. El trauma de la década de 1970 llevó a un rechazo al gran gobierno y al crudo keynesianismo. El riesgo ahora es que las tensiones en la economía conduzcan a repudiar la descarbonización y la globalización, con devastadoras consecuencias a largo plazo. Esa es la verdadera amenaza que plantea la escasez de la economía”.

Uno de los principales aceleradores de este cambio sistémico que estamos viviendo son los criterios ESG, en los que cabría poner el acento especialmente en la S de los temas de corte más social. Los criterios ESG han pasado a formar parte del día a día del área de la relación con inversores.

Un área que hasta hace poco “tenía como único objetivo la obtención de resultados y que ha pasado a tener que valorar criterios subjetivos como el comportamiento de la compañía”. Desde el origen de la fundación hemos defendido el valor social unido a progreso empresarial como clave de la sostenibilidad en el tiempo de las compañías, que contribuye a una empresa más competitiva y una sociedad más justa, que no deja a nadie atrás.

La necesidad de contar una Taxonomía social nace a partir de la escasa inclusión de aspectos sociales en la actual Taxonomía financiera, pero también de la necesidad de reforzar la definición y la medición de la inversión social. Tal y como queda reflejado en el borrador, la falta de una definición clara de las características esenciales de las inversiones sociales dificulta su desarrollo y, potencialmente, su contribución a la solución de los problemas sociales. Naturalmente los elementos ESG son componentes estratégicos importantes que impulsan los resultados financieros.

Ante la inminente celebración de la COP26 -en el que más de 120 líderes mundiales y al menos 2.500 delegados participarán en la cita de Glasgow y países clave como China o India aún deben anunciar sus compromisos para la próxima década- nos planteamos cómo será ese nuevo mundo digitalizado, sostenible y con propósito.

Un reciente documento del Fondo Monetario Internacional (FMI) asegura, tras comparar los efectos de la pandemia con cinco grandes epidemias anteriores de este siglo (SARS, H1N1, MERS, Ébola y Zika), que este virus ha provocado “una disminución persistente en el nivel del PIB per cápita, con efectos duraderos en desigualdad de ingresos y un aumento en el número de ciudadanos que viven en la pobreza absoluta de unos 75 millones de personas”. Todo indica que esta brecha está más cerca de acentuarse que de estrecharse.

La COVID-19 no ha traído la revolución tecnológica, a pesar de que sí lo ha acelerado más que ningún otro acontecimiento en los últimos tiempos. Esta velocidad ha tenido su impacto en la economía y en la sociedad. Con este escenario, y ante la llegada de un paquete de ayudas directas a nuestra economía, 140.000 millones de euros, procedentes de los nuevos fondos europeos y del Next Generation y vinculados a las necesarias reformas y proyectos de inversión que garanticen una Europa más resiliente, digital y ecológica, nos planteamos el impacto que la digitalización pueda tener en las personas y nuestra sociedad.

Analizar las oportunidades que ofrece la digitalización, pero también los riesgos o retos que estos cambios pueden tener en nuestro entorno, si no se produce una adaptación y asunción digital por parte de todas las personas y en igualdad de condiciones, nos parecía obligado, dadas las actuales circunstancias. Las brechas de acceso, uso y aprendizaje de las tecnologías digitales pueden generar importantes inequidades y despertar nuevas formas de exclusión. ¿Hasta qué punto estamos preparados para apoyar y ayudar a las personas en los tránsitos necesarios hacia esta nueva sociedad digital?

Según el último estudio de investigación de Mckinsey, realizado para 8 países (Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, China, Francia, Japón, España e India), el necesario cambio o transición de los empleos en términos de digitalización se estimaba que afectaría a 143 millones de empleos en estos países antes de la pandemia, lo que suponía el 21% de su fuerza de trabajo.

Después de la pandemia, se estimaba un incremento del 8,6%, hasta 157,8 millones de trabajadores afectados, esto es, el 23% del empleo. Los países más afectados por el cambio de escenario pre y post COVID son los que más recursos dedican a la digitalización, como son Estados Unidos o Alemania. En el caso de España, los empleos afectados según esta fuente serían 2 millones de personas, el 8% del mercado de trabajo potencial para el 2030.

Precisamente para garantizar esa conexión entre progreso social y económico, desde la fundación defendemos, en clave de valor compartido, la suma del valor social y del valor empresarial. Es importante generar impacto social positivo al mismo tiempo que se produce un impacto económico. Dentro de los aprendizajes de la pandemia, solo se ha evidenciado aún más la necesidad de aplicar una visión a largo plazo, un liderazgo responsable y entenderlo como factores estratégicos en las compañías. Estamos hablando de que el mañana solo puede construirse a través de compañías socialmente comprometidas. Una transformación silenciosa hacia una sociedad más sana con empresas más fuertes en cooperación con los demás agentes.

En esta recta final del año miramos hacia del futuro manteniendo la colaboración como uno de los grandes ejes necesarios para seguir avanzando en materia social. El contexto internacional claramente está apuntando a la importancia de un cambio de paradigma en el que estamos inmersos y cómo los mejor posicionados no serán los más fuertes, sino los más ágiles, los que sepan ser pioneros y abrazar el cambio (y cómo no, diferenciarse del resto). Hemos diseñado una agenda que recoge algunas de las problemáticas sociales que más preocupación generan a sociedad y empresas: medición y estándares, inclusión y diversidad, envejecimiento de la población, inversión responsable e impacto social y económico de un cambio de paradigma en el que no hablamos tanto de tecnología y negocio sino de personas. Lo hacemos a través de un proceso de diálogo permanente, de escucha activa y de aprendizajes que ponemos a disposición de las empresas.

2022 será también el año de un liderazgo responsable, ambidiestro, capaz de combinar el corto y largo plazo para generar más adelante un efecto transformador en la organización. De hecho, SERES nace para inspirar y afrontar el reto de la transformación de las empresas a la hora de asumir su posición frente a los problemas sociales. El objetivo de la Fundación es garantizar la visión estratégica de los proyectos y posicionar las actuaciones sociales como iniciativas clave para las organizaciones, capaces de ofrecer valor para la empresa y para la sociedad. 

Creo que en el contexto que vivimos es esencial invitar a los líderes empresariales a que tengan un papel más activo como ciudadanos globales, a que se conviertan en una pieza clave en el cambio cultural, para contagiar su visión responsable al resto de la organización y lograr empresas cada vez más excelentes. Sólo en una sociedad sana, pueden fortalecerse y crearse empresas sostenibles y de futuro.

Ana Sainz Martín. Directora general de la Fundación SERES