En este contexto, la eficiencia energética ocupa un protagonismo especial, ya que, junto con la reducción de emisiones y el aumento de las renovables, constituye uno de los tres grandes objetivos establecidos por la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética, que se aprobó el pasado mes de mayo. En concreto, en este ámbito se ha establecido el compromiso de reducir en al menos un 39,5% el consumo de energía primaria hasta 2030.

Asimismo, teniendo en cuenta que el parque de edificios existentes consume en torno al 30% de la energía final, la rehabilitación energética de edificios se ha considerado una medida prioritaria del Plan Nacional de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), en el que se ha fijado el objetivo de rehabilitar energéticamente un millón doscientas mil viviendas hasta 2030.

Además, tras el impacto tan negativo que el COVID-19 ha tenido sobre la economía es necesario impulsar la reactivación económica en un conjunto de sectores empresariales ligados a la transición energética, entre los que destaca el sector de la edificación.

Por este motivo, el Plan de Recuperación, Transformación, y Resiliencia ha considerado el programa de rehabilitación de viviendas y regeneración urbana como el segundo más relevante de los 20 programas tractores considerados para el periodo 2021-23 en el ámbito de la transición energética, con una asignación de más de 6.500 millones de euros, que se nutrirán de los fondos europeos.

En este contexto, resulta necesario mencionar la Resolución del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), del pasado mes de julio, por la que se amplía el presupuesto del programa de ayudas contemplado en el Real Decreto 737/2020), por el que se aprueba el programa de ayudas (Programa PREE) para actuaciones de rehabilitación energética de edificios existentes y se regula la concesión directa de las ayudas a las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.
Este programa se aprobó en agosto de 2020 y estaba dotado inicialmente con 300 millones de euros, con origen en el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, y gestionado a nivel central por el IDAE.

Su exitosa ejecución ha justificado diversas ampliaciones de presupuesto (la última en julio) para aquellas comunidades autónomas que han comprometido su presupuesto, como Asturias, Navarra y el País Vasco.

Sin embargo, tan solo el 0,3% de los edificios existentes ha realizado intervenciones en rehabilitación energética, por lo que las actuaciones en eficiencia energética e incorporación de energías renovables en edificación tienen aún un gran potencial de desarrollo.

Entre las ayudas concedidas por este programa, se encuentran las mejoras de la envolvente térmica (ventanas más eficientes, puertas, etc.), las mejoras de las instalaciones de iluminación y el uso de energías renovables en las instalaciones térmicas de calefacción, climatización, refrigeración, ventilación y agua caliente sanitaria.

En definitiva, la rehabilitación de edificios es un eje clave para la mejora de la eficiencia energética y la recuperación de nuestra economía y por ello es una de las prioridades de la política energética y económica de nuestro país, así como de los fondos europeos Next Generation EU.

Sin embargo, además del apoyo financiero resultan necesarias otras medidas, entre las que podríamos destacar la revisión del Código Técnico de la Edificación, así como una mayor concienciación ciudadana sobre la importancia y beneficios a medio plazo de la eficiencia energética. En este sentido, es fundamental que tanto las instituciones como los ciudadanos asumamos que contar con edificios eficientes desde el punto de vista energético es una manera de ahorrar pero, sobre todo, es una poderosa palanca de transformación para hacer la transición ecológica que necesitamos.

Antonio Hernández García, socio de sectores regulados y análisis económico en EY