La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha centrado su intervención en el VI Foro Económico Español en Andalucía en la falta de certidumbre sobre la conexión ferroviaria entre Málaga y Madrid, lo que podría terminar en una demanda por responsabilidad patrimonial contra Adif o el Gobierno.

Esta situación, a su juicio, amenaza con provocar "un fuerte impacto económico en plena campaña turística de Semana Santa". Así se ha expresado en su participación en el evento organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y EL ESPAÑOL de Sevilla.

España ha asegurado que la previsión de reabrir la línea el próximo 23 de marzo no se cumplirá, tras semanas de retrasos en las obras derivadas del accidente de Adamuz y de los daños provocados posteriormente por las lluvias en la zona de Álora.

Ha afirmado que las actuaciones "no se han abordado con la intensidad necesaria desde el primer momento", lo que, en su opinión, evidencia una "dejadez tremenda" por parte del Gobierno central.

La consejera ha sostenido que esta situación genera una gran incertidumbre en una provincia especialmente dependiente del turismo, justo en un momento clave para las reservas.

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Ha advertido de que la campaña de Semana Santa, fundamental para sectores como la hostelería, el comercio o los hoteles, podría verse gravemente afectada, con pérdidas que inicialmente se estimaban en torno a 300 millones de euros, aunque ha apuntado que podrían superar los 1.000 millones si la normalidad no se recupera hasta bien entrada la primavera.

Acciones legales

En este contexto, España ha afirmado que la Junta estudia acciones legales para reclamar responsabilidades por los perjuicios ocasionados.

Ha explicado que el Gabinete Jurídico analiza distintas vías, como una posible reclamación patrimonial, y ha subrayado que el objetivo es "no dejar solos" a autónomos, pymes y trabajadores afectados por la caída de actividad.

Asimismo, ha sostenido que el Gobierno central no ha estado a la altura de la situación, criticando la ausencia de responsabilidades políticas y la falta de presencia institucional en el problema del AVE malagueño.

"Más respeto" para Andalucía

Ha comparado esta gestión con otras incidencias ferroviarias en España y ha reclamado "más respeto" para Andalucía.

Más allá de la crisis ferroviaria, la consejera ha abordado también el impacto de la subida de los carburantes en el contexto internacional actual.

Ha reclamado una bajada inmediata de impuestos, defendiendo la reducción del IVA de la energía, los alimentos y los combustibles, así como la eliminación de figuras fiscales vinculadas a estos sectores.

Ha argumentado que los ciudadanos están soportando una elevada carga fiscal en un momento de pérdida de poder adquisitivo.

España ha afirmado que Andalucía ha seguido una política opuesta, con rebajas fiscales continuadas en los últimos años que, según ha señalado, "han permitido dinamizar la economía y aliviar a las familias".

Inversión

Ha destacado que la comunidad se ha convertido en un entorno atractivo para la inversión, con cifras récord de empleo, empresas y exportaciones.

En clave económica, ha sostenido que Andalucía atraviesa una etapa de transformación marcada por la estabilidad institucional y el crecimiento por encima de la media nacional.

Ha defendido que este cambio ha sido posible gracias a un "ecosistema" favorable a la inversión y al diálogo, y ha añadido que esta evolución ha reforzado el sentimiento de orgullo entre los andaluces.

Finalmente, ha subrayado que el Gobierno andaluz mantendrá una actitud de colaboración institucional cuando sea necesario, pero ha advertido de que actuará con firmeza para defender los intereses de la comunidad ante situaciones como la del AVE de Málaga, que ha calificado de "muy grave" por sus consecuencias económicas y sociales.