Francisco Serrano./

Francisco Serrano./ Efe

Tribunales

Serrano, líder andaluz de Vox, exige 516.000 € al Estado y el CGPJ le da en parte la razón

El órgano de gobierno del Poder Judicial admite que rechazó indebidamente su reingreso tras cumplir una condena por prevaricación.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha informado a favor de que el juez Francisco Serrano, hoy diputado de Vox en el Parlamento de Andalucía, reciba una indemnización del Estado por los daños que se le causaron al no acordarse su reingreso en la carrera judicial cuando le correspondía.

El CGPJ no se pronuncia sobre el importe de la indemnización a Serrano, cuya concesión o no corresponde decidir al Ministerio de Justicia. Pero, en todo caso, el acuerdo del Consejo es sólo parcialmente favorable a ese resarcimiento al limitar el alcance de los perjuicios producidos.

Serrano -que, dada su condición de parlamentario autonómico, se encuentra en servicios especiales en la carrera judicial y, por tanto, no ejerce como magistrado- reclama al Estado 516.635 euros, más los intereses legales devengados, por los "daños morales" y el "lucro cesante" sufridos a consecuencia de que "durante cuatro años y medio" -según él- "me he visto despojado de mi puesto de trabajo [como juez] de forma indebida, ocasionándome esta situación unos gravísimos daños y perjuicios económicos, sanitarios, laborales, morales y sociales".

Serrano, que era juez de familia en Sevilla, fue condenado en 2011 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por prevaricación. Amplió -sin oír a la madre- la estancia de un menor con su padre para que el niño acudiera a una procesión.

La pena impuesta, dos años de inhabilitación como juez, fue aumentada a 10 años por el Tribunal Supremo. Pero en octubre de 2016 el Tribunal Constitucional estimó un recurso de amparo de Serrano y la pena quedó limitada a los dos años de inhabilitación iniciales.

Un mes después del fallo del TC, en noviembre de 2016, Francisco Serrano pidió al CGPJ su reingreso en la carrera judicial, que el CGPJ se lo denegó el 2 de marzo de 2017.

El Consejo consideró que la condena a inhabilitación privó de forma definitiva a Serrano del cargo de juez, por lo que si quería volver al Poder Judicial debía opositar de nuevo o acceder por el turno de juristas. En noviembre de 2017 el Tribunal Supremo revocó el acuerdo del CGPJ. Entonces Serrano fue rehabilitado y destinado a un Juzgado de Badalona.

Límites

El Consejo General del Poder Judicial acepta haber ocasionado un perjuicio a Serrano, aunque no durante los cuatro años que él alega ni por los conceptos que esgrime. El órgano de gobierno de los jueces sostiene que su responsabilidad patrimonial empieza a partir del 2 de marzo de 2017 (cuando debió acordar su reingreso en la carrera y darle un destino) pero no antes.

También considera ajenos a su responsabilidad daños alegados por el juez como que "me he visto visto durante años señalado por los medios de comunicación, e incluso por profesionales del derecho, como una persona machista y misógina, algo totalmente falso o que "se me negó de forma indebida el desempeño de mi profesión durante más de cuatro años en los que tardó el Tribunal Constitucional en resolver”.

El CGPJ indica, además, que debe apreciarse una atenuación de "las consecuencias del perjuicio" porque el propio Serrano pidió en 2018 la excedencia voluntaria en la carrera judicial y luego, enero de 2019, el pase a la situación de servicios especiales para ser diputado autonómico de Vox.